El Consejo de Estado ha emitido un dictamen por el que considera que "la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional".
Según el dictamen del Consejo de Estado, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y la Comunidad de Madrid aplicará en enero, vulnera la Constitución ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública".
Por ello, el Consejo de Estado entiende que no cabe admitir que, en ejercicio de su potestad tributaria, las comunidades impongan gravámenes "cuya exacción comporte, en última instancia, un incremento del coste que los ciudadanos hayan de abonar para obtener un determinado medicamento o producto sanitario".
El dictamen también subraya que no se reprocha una eventual falta de competencia de la Generalitat catalana para establecer tributos sino que "la instauración de esa tasa vulnere el orden de competencias y, en concreto, el artículo 149.1.16 de la Carta Magna".
SANIDAD RECIRRIRÁ AL CONSTITUCIONAL SI NO HAY ACUERDO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha insistido hoy en que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de Cataluña y de Madrid de cobrar un euro por receta si no llega a un acuerdo con estas comunidades autónomas. El Ministerio considera que no son competentes para adoptar ese tipo de medidas, han señalado fuentes del Departamento que dirige Ana Mato, quien ya anunció en el Senado la decisión de presentar el recurso.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró días después que no le gustaba la decisión de ambas comunidades, ya que supone "pagar dos veces", y confió en llegar a un acuerdo antes de fin de año con las dos administraciones regionales antes de recurrir al Constitucional.
El Consejo de Estado ha emitido hoy un dictamen por el que considera que "la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional". Según el dictamen, esta tasa, que Cataluña introdujo en junio y Madrid aplicará en enero, vulnera la Constitución ya que las comunidades autónomas "no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública".
MADRID INSISTE EN QUE ES COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, implantará el cobro de un euro por receta farmacéutica expedida en la región a partir del próximo mes de enero porque entiende que es una medida en el ámbito de sus competencias, si bien está abierto al diálogo para conocer las "discrepancias" que puedan existir y alcanzar una "solución al respecto".
En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha explicado que antes de tomar esta medida ya conocían el dictamen del Consejo de Estado, porque es del mes de julio, por lo que es "posterior a la aprobación de esta medida por parte del Gobierno catalán" y sobre el que el Gobierno central convocó la comisión bilateral para discutir con Cataluña "el alcance de la medida". "Entendemos que es una medida que se puede tomar en el ámbito de nuestras competencias, que va en la dirección de la racionalización del gasto y permite mantener los servicios y no suprimirlos haciendo sostenible el gasto", ha indicado González, quien ha añadido, además, que no es "recaudatoria" sino "disuasoria" para hacer más "eficiente" el gasto farmacéutico.
Tras recordar que el acuerdo catalán "sigue sin estar recurrido" ante el Tribunal Constitucional, González ha indicado que el informe del Consejo de Estado da una opinión al respecto, con tres votos particulares "que no están de acuerdo con el dictamen y sí con la tasa" y que "curiosamente" dichos votos están suscritos por el exministro de Justicia Fernando Ledesma y la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, ambos de un gobierno socialista.
González ha anunciado este jueves que la implantación de esta tasa se ha incluido en el anteproyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas presentado este jueves en el Consejo de Gobierno y que lo han redactado dentro de lo que la Comunidad de Madrid entiende que sus competencias". "Pensamos que la podemos incorporar, pero estamos dispuestos a hablarlo con el Gobierno y encantados de sentarnos en una comisión", ha añadido el dirigente autonómico, quien ha señalado que en ese contexto ya se verán "las discrepancias que puedan existir". "No nos negamos al diálogo ni a una solución que sea la mejor para todos", ha dicho.
