El Congreso declina intervenir ante el Constitucional en los recursos contra la consulta

  • El PP acusa a Mas de "sobreactuar" y no tomarse "en serio" las consecuencias
  • El PSOE, tras su apoyo a Rajoy, le pide ahora que abra el diálogo para la reforma de la Constitución

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha rechazado una participación activa de la Cámara Baja en los recursos que el Gobierno ha planteado ante el Tribunal Constitucional contra la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria del 9N. Su papel se limitará a ponerse a disposición del Alto Tribunal por si necesita algún documento, pero sin presentar alegaciones.

La portavoz de UPyD, Rosa Díez, había enviado una carta a Posada pidiendo que el Congreso se persone en estas diligencias en apoyo de la tesis del Gobierno, al entender que el Parlamento representa a la soberanía nacional contra la que atenta la consulta catalana convocada por Artur Mas.

Cuando el Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, abre un plazo de 15 días para que los órganos legislativos puedan presentar alegaciones, algo que el Congreso no suele secundar, dejando la iniciativa al Poder Ejecutivo.

Según Rosa Díez, en este caso el Congreso debe implicarse acompañando al Gobierno porque la soberanía nacional reside en las Cortes Generales: "Me parece oportuno políticamente --sostiene--. En una situación como ésta en la que de lo que se trata es de defender la soberanía nacional, quien más interés ha de tener en ello, mas allá del recurso del Gobierno, es la propia Cámara".

La decisión corresponde a la Mesa del Congreso, pero el asunto ya se ha tratado este martes en la Junta de Portavoces, donde Posada ha indicado que la Cámara se persona en todos los recursos de inconstitucionalidad ofreciendo su colaboración al TC, pero sólo participa activamente, presentando alegaciones, cuando lo que se discute es la tramitación parlamentaria de una ley.

NO ENTRA EN EL FONDO PORQUE EL CONGRESO ES PLURAL

Por tanto, en el caso de la consulta catalana no cabría aportar alegaciones, ya que se deriva de una ley catalana que no se ha tramitado en el Congreso.

"Cuando es algo que nos afecta porque es la tramitación, el presidente y la Mesa del Congreso defiende su actuación, y cuando se trata de cuestiones de fondo, el Congreso es plural, tiene posiciones distintas", ha resumido Posada.

De la misma opinión es el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso: "En el Congreso hay muchas voces, hay mayorías y también minorías --ha dicho--, y el tribunal puede conocer cuál es la posición de los distintos grupos sobre cualquier tema, pero la Mesa del Congreso, cuando formula alegaciones, es cuando tiene que defender la tramitación de la una ley porque haya sido puesta en cuestión".

PNV E ICV LO RECHAZAN

De hecho, algunas formaciones como el PNV ya habían adelantado su rechazo a que la institución se personase. "*No confía en que el Gobierno y el Constitucional sean suficientes para tomar la resolución que a Rosa Díez le gustaría que tomarán? Qué poca confianza", ha apuntado el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

También Joan Coscubiela, de ICV, ha rechazado la propuesta de líder de UPyD a la que ha replicado que el Congreso está para "buscar soluciones" y no para "atizar más el fuego".

El asunto volverá a tratarse en la Junta de Portavoces de la próxima semana, pues todavía se está en plazo, y después se formalizará la decisión en la Mesa de la Cámara. Posada enviará entonces una carta a Rosa Díez comunicándole la no participación activa de la Cámara.

En este sentido, el portavoz parlamentario del PP, Alfonso Alonso, ha aconsejado este martes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, a tomarse "en serio" las consecuencias de su actuación en relación con la consulta soberanista que el Tribunal Constitucional ha suspendido porque, según ha advertido, esto "no es un juego".

En declaraciones a los periodistas tras la reunión de la Junta de Portavoces, Alonso ha destacado que los españoles pueden estar "tranquilos" por tener un Gobierno que "hace cumplir" la ley frente a la tendencia independentista de "cierta radicalidad" que invoca el derecho a decidir de Cataluña.

"La realidad es que el derecho a decidir de los nacionalistas es siempre el derecho a imponer su decisión a los demás, lo que es una limitación de los derechos de los ciudadanos frente a la cual el Gobierno tenía que actuar" lo que, a su juicio, ha hecho con "diligencia".

Tras mostrar su "confianza" en el Tribunal Constitucional y, en general, en los órganos del Estado, el dirigente 'popular' ha llamado al presidente catalán a tomarse "muy en serio" las consecuencias de sus actuaciones.