El PSOE y PP bloquean el intento de IU por limitar las pensiones de González y Aznar

Bono invita a los grupos a revisar el estatus de los diputados para que haya más transparencia

nacional

| 25.01.2011 - 14:55 h
REDACCIÓN

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El PSOE y el PP se han quedado solos a la hora de defender el mantenimiento de las pensiones vitalicias que cobran los ex presidentes del Gobierno, como Felipe González o José María Aznar, pero la suma mayoritaria de sus votos va a bloquear una proposición de Ley Orgánica de ERC-IU-ICV que quería poner límites.

A falta de la votación final, prevista para primera hora de la noche, todos los grupos han avanzado el apoyo a la toma en consideración de la propuesta, si bien los votos de socialistas y populares lograrán desestimar la iniciativa.

Ha defendido la reforma el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha arrancado su alocución con una encendida defensa de la labor política "noble, digna y austera", y ha negado que los políticos sean unos "privilegiados" porque, ha remarcado, son "vocacionales" y están comprometidos con la actividad pública.

El propósito de su propuesta es "avanzar en la transparencia" porque, ha manifestado, "la antesala de la corrupción política es la confusión y la colusión entre lo público y lo privado".

Así, IU plantea un sueldo digno para cada cargo público, dedicación "exclusiva", incompatibilidad entre más de una asignación pública y de éstas con las privadas, y también limitar las indemnizaciones a ex diputados y senadores, pese a reconocer que son las más austeras de Europa.

Por ello apuesta no sólo por acortar a dos años las pensiones de los ex presidentes del Gobierno, ahora vitalicias, sino por evitar que sean compatibles con retribuciones privadas.

"No se puede compatibilizar con empresas privadas, que pretenden convertir las relaciones del presidente del Gobierno en un fondo de mercado", ha agregado Llamazares, que también aboga por regular los "lobbys" de presión que actúan en el Parlamento.

En nombre del PSOE, Daniel Fernández ha justificado el voto en contra de su grupo por entender que la proposición no mejora la eficacia de las incompatibilidades y porque sus medidas "van en una dirección errónea y perjudicial para la buena salud del Parlamento", ya que contribuirían a la "profesionalización" de la política.

Tras remarcar el compromiso del Gobierno a favor de la transparencia, ha anunciado que el grupo socialista promoverá propuestas para mejorarla en lo que se refiere al patrimonio y la renta de los parlamentarios.

"Entre el privilegio y populismo hay un espacio más que suficiente para la decencia y el buen hacer en un ámbito que afecta directamente a la credibilidad de nuestra democracia", ha concluido.

El diputado Vicente Ferrer ha avanzado el voto en contra del PP alegando que los cambios que propone IU son innecesarios ahora y no pueden calificarse de oportunos, sino de oportunistas.

Después de indicar que el PP no se cierra a modificar el régimen de incompatibilidades, ha precisado que no apoyará legislar "de forma improvisada y populista, al socaire de un estado de opinión pública de cierto cansancio hacia la clase política motivado por razones totalmente ajenas al modelo normativo".

Y es que, según su criterio, "a nadie se le oculta" que la propuesta obedece a un determinado estado de opinión, con una ciudadanía descontenta con la clase política, pero no por su régimen de incompatibilidades, sino por la crisis económica y la falta de soluciones a la misma.

CiU respalda la iniciativa pero sólo en parte porque, según el diputado Jordi Xuclá, es conveniente revisar la compatibilidad de las pensiones vitalicias de los ex presidentes y regular los "lobbys" de presión para que afloren sus intereses.

Sin embargo, no quiere un régimen de incompatibilidades "absolutas" porque CiU apuesta por mejorar los mecanismos de control en vez de esta medida tan rígida.

Por el PNV, Aitor Esteban ha adelantado el voto a favor de su grupo porque cree "inaceptable" que un ex presidente siga percibiendo una retribución pública cuando se integra a una actividad privada con mayor salario.

"O se ejerce de ex presidente o se ejerce de lobbysta", ha distinguido Esteban, quien, no obstante, ha hecho un alegato de la política entendida como servicio público.

Francisco Jorquera, del BNG, ha calificado de "intolerable" que los ex presidentes compatibilicen sueldos privados con prerrogativas de ex altos cargos y Rosa Díez (UPyD) ha avisado a PSOE y PP de que "más pronto que tarde" tendrán que apoyar una propuesta como ésta que hoy van a rechazar, ya sea "por convicción o por necesidad".

El Congreso debate esta tarde las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones. Antes de la sesión plenaria, el Presidente de la Cámara, José Bono, ha presentado su propuesta sobre las pensiones de los diputados.

Así, Bono ha abierto el debate sobre la reforma de las pensiones de los diputados a otros aspectos que afectan al régimen de los parlamentarios, al emplazar a los grupos a pronunciarse sobre si quieren cambiar la norma de incompatibilidades o incluso hacer público su patrimonio.

Lo anunció en una comparecencia ante la prensa justo después de remitir una carta a cada uno de los portavoces parlamentarios en la cual les emplaza a explicarle, en un plazo de quince días, sus respectivas opiniones sobre aquellas cuestiones que tengan que ver "con la honra y honorabilidad", ha remarcado, de los diputados.

El propósito de esta iniciativa, que de forma paralela ha seguido el presidente del Senado, Javier Rojo, con los grupos de la Cámara Alta, es evitar "zonas de sombra" respecto a la actividad de los diputados y senadores, y todo ello con "rigor, transparencia y la máxima seriedad", y sin planteamientos "demagógicos o partidistas", ha declarado el presidente de las Cortes.

Bono recuerda que son sólo 80 los diputados que se pueden cobrar el complemento que el estado paga a los parlamentarios que con más de siete años en las cortes, no alcanzan la pensión máxima. Un millón de euros cuesta al Congreso y Senado pagar esos complementos que este año sólo podrían recibir 81 de los 3600 parlamentarios que hay en nuestro país, un 2% del total.