El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves el decreto ley de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito con 196 votos de PP, CiU y UPN a favor; el rechazo de 120 diputados de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Amaiur, ERC y BNG; y la abstención de los diputados de PNV y CC, que esperarán a proponer modificaciones durante la tramitación parlamentaria de esta norma como proyecto de ley, que ha sido aceptada por la unanimidad de la Cámara.
Tras un debate de casi dos horas y media, el ministro de Economía, Luis de Guindos, no ha conseguido mover ni un ápice las posturas mantenidas por las diferentes formaciones políticas, que desde la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros ya se habían ido manifestando al respecto.
Entre las principales críticas de la oposición destaca la falta de negociación en que, a su juicio, ha incurrido el Gobierno para aprobar esta norma, "impuesta" por la troika para poder acceder al rescate bancario de 100.000 millones de euros pactado con Bruselas. En este sentido, varios grupos han reprochado al Ejecutivo que no haya sometido el Memorándum de Entendimiento (MoU) del rescate a debate en el Congreso, mientras los parlamentos de Alemania o Finlandia sí lo han votado.
SIN SOLUCION A LAS PREFERENTES
Además, la mayoría de los grupos parlamentarios han lamentado que no se dé solución a los afectados por las participaciones preferentes --aunque en el decreto se incluyen "cautelas" para evitar que casos así se repitan en el futuro-- así como a los desahuciados.
La falta de depuración de responsabilidades entre los directivos bancarios que han provocado que algunas entidades financieras requieran ahora de ayudas públicas o la "socialización" de las pérdidas de la economía especulativa ha suscitado también las críticas de algunas formaciones, lo mismo que la escasa concreción sobre cómo funcionará el 'banco malo'.
En este sentido, varios partidos han anunciado que, durante el trámite de enmiendas, propondrán al Gobierno que permita que parte de los activos inmobiliarios que gestione este nuevo ente se puedan destinar, al menos de forma temporal, a vivienda social.
MAS APOYOS QUE EN MAYO
Pese a todas estas críticas, la realidad es que este decreto se ha convalidado con más apoyos que la reforma financiera del pasado mes de mayo, cuando junto al PP votaron también CC-NC y UPN. Entonces, CiU y PSOE se abstuvieron, y el resto de formaciones votaron en contra.
Ahora, nacionalistas catalanes y canarios han cambiado sus posiciones, y los socialistas han dado un paso atrás, oponiéndose a la norma, fundamentalmente por lo que a su juicio es un desprecio del Gobierno hacia el principal partido de la oposición, con el que no han negociado las nuevas medidas pese a haberse comprometido a ello en el debate parlamentario del pasado mes de mayo.
De hecho, un reproche repetido en varias ocasiones a lo largo de la sesión ha sido precisamente que este decreto llegue a la Cámara baja cuando no ha concluido aún la tramitación parlamentaria de la reforma de mayo, a la que los grupos ya han presentado enmiendas parciales.
Así, se da la circunstancia de que algunos extremos regulados en dicha norma se han quedado ya obsoletos, como es el caso del 'banco malo', que finalmente será uno para todas las entidades, pese a que la anterior reforma financiera preveía un ente por banco.
FROB
Las entidades financieras intervenidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) empezarán a recibir los fondos públicos en noviembre, una vez hayan presentado sus planes de reestructuración y después de que la consultora Oliver Wyman haga públicos, a finales de septiembre, sus informes de valoración individualizada de necesidades de recapitalización.
Así lo ha avanzado este jueves el ministro de Economía, Luis de Guindos, durante el debate de convalidación del decreto de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, que incorpora a la legislación española las condiciones pactadas con Bruselas para recibir el rescate bancario de 100.000 millones de euros y que están recogidas en el Memorándum de Entendimiento (MoU).
Los "hitos" en este proceso de recapitalización bancaria, ha señalado De Guindos, comenzarán a finales de septiembre, cuando se conozcan los análisis de la evaluadora independiente respecto de las necesidades de capital de cada entidad financiera española, después de que antes del verano se estimara que en el conjunto del sector harán falta entre 51.000 y 62.000 millones de euros.
"Esas necesidades banco a banco no tendrán por qué coincidir con las inyecciones necesarias, porque algunos bancos podrán financiarse por sí mismos", ha matizado el ministro.
EL DINERO, A PARTIR DE NOVIEMBRE
Así, las inyecciones de capital se efectuarán en diferentes momentos en función de a qué grupo pertenezca cada entidad, dentro de la clasificación que establece el MoU.
En concreto, las entidades del grupo 1 --las intervenidas por el FROB-- deberán presentar sus planes de reestructuración ante la CE a principios de noviembre para, acto seguido, recibir los fondos públicos. Las del grupo 2 --que no pueden asumir sus carencias de capital requerido sin ayudas públicas pero no son a priori inviables-- tendrán hasta final de año para presentar su plan de reestructuración; mientras que las del grupo 3 --que pueden hacer frente a las provisiones por sí mismas-- contarán de plazo hasta junio para demostrar que no necesitan apoyo público.
Además, De Guindos ha asegurado que, una vez convalidado el decreto ley, se dará orden para iniciar el proceso de constitución de la Sociedad Gestora de Activos (el llamado 'banco malo') que aglutinará los activos inmobiliarios deteriorados, si bien previamente habrá que desarrollar el reglamento de este nuevo organismo, precisando entre otros asuntos qué capital tiene, quién lo aporta y cómo se valoran esos activos.
El titular de Economía ha apuntado además que, a lo largo del otoño, el Gobierno seguirá trabajando en "otros pasos previstos en el MoU" y desarrollará otros reglamentos pendientes.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado este jueves que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) estará operativo a finales de septiembre o, como muy tarde, a principios de octubre, y ha anunciado que las regiones que se adhieran a él tendrán que acatar condiciones relativas "a la aplicación de los recursos financieros" así como el cumplimiento del objetivo de déficit que tengan fijado.
Así lo ha puesto de manifiesto este jueves en el Pleno del Congreso, durante su defensa del proyecto de ley que modifica la Ley de Estabilidad del pasado mes de abril para precisar algunas condiciones de acceso a mecanismos extraordinarios de financiación, como el FLA, que fue creado en julio por la vía del decreto ley.
Montoro ha indicado que "la adhesión al mecanismo será voluntaria por parte de las comunidades autónomas y su vigencia será indefinida hasta que se resuelvan las dificultades". "Y, como no puede ser de otra manera, supondrá condiciones para las comunidades: el compromiso con el cumplimiento del objetivo de déficit público y condiciones relativas a la aplicación de esos recursos financieros que tomen del fondo".
