El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó de forma definitiva la reforma del Código Penal con el único apoyo expreso del PP y la oposición de todos los demás grupos parlamentarios, que lo consideran regresivo por el aumento "generalizado" de las penas y la introducción de la prisión permanente revisable, que consideran en la práctica la reinstauración de la cadena perpetua.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tomó la palabra al final del debate para subrayar que la reforma es "un mejor instrumento" para defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, ya que el Código Penal se adecua a las nuevas formas delictivas para proteger mejor a quienes más lo necesitan. Es, por tanto, un "buen día para nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia".
En nombre del PP, Leopoldo Barreda subrayó que la reforma hará "más ágil y eficaz" la respuesta penal, y acusó a los grupos de la oposición de "encastillarse en su caricatura" con una "nula" voluntad de acuerdo mostrada en la tramitación.
Insistió en que dos tercios de los ciudadanos respalda la prisión permanente revisable, que ha sido avalada por el Consejo de Estado y que respeta el Tratado de Roma y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No renuncia a la reinserción del penado pero responde a la seguridad que exigen los ciudadanos, aseguró.
ACUSACIONES
La socialista Rosa Aguilar denunció que con la reforma "la derecha ha enterrado el Código Penal de la democracia" aprobado en 1995, que contó con amplio consenso dentro y fuera del Parlamento y que no solo acabó con la legislación penal del franquismo, sino que introdujo criterios y parámetros modernos sobre la función de la pena.
Esta ley, aseguró, no solo no ha sido consensuada sino que cuenta con una mayoritaria y pública oposición política, social y jurídica, pero los dirigentes del PP "no escuchan, no oyen, solo imponen", lo cual es ya una "seña de identidad" del Gobierno.
Acusó al ministro de "faltar a la verdad" cuando prometió en el Congreso que acotaría la reforma que había presentado su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y que lo haría con diálogo, ya que el texto ha quedado sustancialmente como aquel y en el procedimieno no ha habido espacio para el diálogo. Además, han empleado "triquiñuelas" para burlar los trámites legales establecidos para una reforma de estas características.
Sentenció que se trata de un "fraude de ley" en la forma y de "populismo penal" en el fondo, y alertó de que la prisión permanente revisable es "incompatible" con la Constitución, que busca la reeducación y la reinserción del penado.
Junto a todo ello, denunció que el "puño de hierro" ante los delitos comunes se torna en "guante de seda" en el tratamiento de la corrupción. "La derogaremos más pronto que tarde", aseguró Rosa Aguilar, porque al Gobierno, "que comenzó su mandato mintiendo", los ciudadanos han empezado ya a darle la espalda y "está acabado".
Montserrat Surroca, en nombre de CiU, confirmó también el voto en contra de su grupo porque "no compartimos los principios en los que se sustenta" y el trámite en el Senado solo ha reafirmado el planteamiento inicial en el sentido de que la reforma es una "clara involución" de la legislación penal, que no se corresponde con una sociedad moderna. Entra en contradicción con la Constitución, aseguró, ya que la prisión permanente revisable se convierte en cadena perpetua al no señalar límite máximo ni plazos para la revisión.
En nombre del Grupo de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, Gaspar Llamazares denunció el "retroceso sin precedentes" en la democracia con el "trípode autoritario" que forman esta reforma, la ley antiterrorista y la de Seguridad Ciudadana, a la que se refirió como "ley mordaza".
El Estado Social del que habla la Constitución, sentenció, se convierte en el "Estado penal", con una legislación punitiva "ilegible, desproporcionada, ambigua y cargada de inseguridad jurídica", que instaura una cadena perpetua revisable "con recochineo".
Llamazares subrayó que la cadena perpetua fue abolida en España por Primo de Rivera, con lo que el PP se sitúa "a la derecha de la dictablanda", no solo con esa medida, sino con otras muchas "que nos retrotraen al siglo XIX o a principios del XX" y que imponen una "cadena de medidas" a la respuesta de los ciudadanos ante los recortes: "frente a la protesta, la ley mordaza; frente a la resistencia, el Código Penal, y frente a la violencia, la ley antiterrorista".
En su intervención, Llamazares llamó a los ciudadanos a la resistencia y a la desobediencia ante estas leyes para hacerlas "caducas". "La violencia institucional y el dominio nunca han durado. Las sociedades más duraderas han sido las del consenso. Díganselo a Julio César".
En nombre de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán anunció también que su grupo "sigue sin poder apoyar" la reforma porque pese a los "pequeños retoques" del Senado se mantienen los problemas de fondo y es una ley "caótica, técnicamente mala", que genera una situación "imposible" para jueces, fiscales, abogados y demás profesionales, y que deja a los ciudadanos "más resprotegidos que antes".
Por el PNV, Emilio Olabarria anunció su voto en contra de todas las enmiendas del Senado por la "excentricidad y la extravagancia" del trámite y del contenido. Sugirió incluso que podría ser objeto de un recurso al Tribunal Constitucional solo por "perversión del procedimiento".
Denunció además la "brutal expansión y endurecimiento" del sistema de penas, y lamentó la "adhesión tácita" del PSOE a la cadena perpetua, rechazando el "eufemismo" de la prisión permanente revisable.
Dentro del Grupo Mixto, Joan Tardà, de ERC, cargó contra el "populismo punitivo" del PP y el "retroceso" en derechos y libertades hasta poner "en jaque" algunos fundamentales. Lamentó la oportunidad perdida para despenalizar, por ejemplo, las injurias a la Corona, el derecho a una muerte digna y sin dolor o castigar la muerte de animales en espectáculos públicos, en una reforma "autoritaria, clasista y tramposa" que forma parte del "tridente" con el que el Gobierno pretende "acogotar todavía más a los ciudadanos y debilitar el Estado social y de Derecho".
Onintza Enbeita, de Amaiur, recordó que la calidad democrática se mide entre otras cosas por el contenido de su legislación penal, y el Estado español "ha dilapidado su escasa calidad democrática" con las sucesivas reformas de esta ley.
Denunció que es "muy fácil detener a la psicóloga que corrobora las denuncias por torturas y ayuda a curarlas, pero muy díficil perseguir y condenar a las personas torturadoras". Lo mismo ocurre, aseguró, al "criminalizar la solidaridad con los presos políticos y detener a los familiares por pura venganza". "Mientras nos quede vida llegaremos a nuestros familiares, los lleven donde los lleven", aseguró.
Concluyó que se trata de un Código Penal destinado a "apuntalar esa España grande y libre al servicio de las élites económicas pasando por encima de cualquier que pretenda cambiarlo" y con la única oferta de "imposición y represión" a quienes no compartan el modelo de Estado.
También Olaia Fernández Davila, del BNG, acusó al Gobierno de hacer "oídos sordos" a las críticas desde todos los ámbitos y de pretender impartir justicia desde el "populismo".
FAMILIARES DE LAS VICTIMAS AGRADECIDAS
Asociaciones de víctimas y familiares de las jóvenes asesinadas Sandra Palo, Marta del Castillo y Mari Luz Cortés han agradecido al Gobierno la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal que será aprobada hoy. "Pensé que no lo verían mis ojos", han señalado.
En declaraciones a los medios en el Congreso, las víctimas han defendido la incorporación de esta figura penal que, en su opinión, "va a permitir adecuar las penas para aquellos delitos que más reproches causan a la sociedad en general y a las víctimas en particular".
Entre ellos, Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, asesinada en 2009, que ha destacado que le ha tocado a él ser el último padre que pida en España la introducción de la prisión permanente revisable, como así tienen otros países comunitarios."Pensé que esto no lo verían mis ojos, que llegaríamos a tener la prisión permanente revisable", ha añadido.
Juan José Cortés, padre de Mari Luz, la niña asesinada en enero de 2008 en Huelva por el pederasta Santiago del Valle, ha asegurado no entender como algunos partidos políticos "tratan de demonizar" esta figura penal. "Me parece un error porque lo que no podemos tener son asesinos en las calles", ha dicho. "Si se hubieran puestos los mecanismos necesarios como la prisión permanente revisable seguramente mi hija hoy estaría viva", ha explicado.
En la misma línea se ha expresado María del Mar Bermúdez, la madre de Sandra Palo, violada y asesinada a manos de cuatro jóvenes en mayo de 2003, que ha confiado en que igual que "la cadena perpetua" va a ser incorporada al ordenamiento jurídico "algún día se endurezca la ley del menor".
Por su parte, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FTV), Mari Mar Blanco, ha señalado que la prisión permanente revisable ha sido una de las grandes reclamaciones de la sociedad en general y de las víctimas en terrorismo en particular."Siempre hemos confiado en una justicia que permitiera que los asesinos cumplieran hasta el último día de su condena", ha dicho Blanco, agradecida al Gobierno y al PP por esta aportación al Código Penal para que "no salgan asesinatos gratuitos".
