Se acumulan las pruebas que vinculan al entorno proetarra con el movimiento antidesahucios. Uno de los históricos colaboradores de ETA y ex miembro de la mesa nacional de Herri Batasuna, Tasio Erkizia es un habitual de sus movilizaciones.
El batasuno Erkizia, ademas de miembro de su mesa nacional es tanbien militante antidesahucios. Ha participado en varios de los actos convocados por Ada Colau y Marta Uriarte, de Stop Desahucios de Bizkaia, quien prometió denuncias contra quienes relacionasen su plataforma con el movimiento de los proetarras.
Sin embargo Marta Uriarte ha participado en actos de reivindicación en favor de los presos etarras. Stop Desahucios y la plataforma de Ada Colau participan además en actos conjuntos con Bildu.
La plataforma Stop Desahucios Bizkaia ha convocado el próximo viernes su primer escrache contra el PP ante su sede en Bilbao para protestar por la postura de este partido acerca de la nueva normativa que se está debatiendo sobre ejecuciones hipotecarias.
Stop Desahucios de Bizkaia también pretende expresar su queja por las declaraciones del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien la semana pasada aseguró que los integrantes de los colectivos antidesahucios protestan ante las viviendas de los diputados del PP "de manera clavadita a como lo hacían los del mundo de ETA".
Escrache es un término que se popularizó en Argentina para referirse a la manifestación convocada frente al domicilio o el lugar de trabajo de personajes públicos para reprobar su comportamiento en determinados asuntos políticos o sociales.
Este miércoles en Madrid, un centenar de personas, según la Plataforma Antidesahucios, han participado en un escrache contra la concejala y diputada nacional del PP, Eva Durán, frente a la Junta Municipal de Puente de Vallecas.
El de Durán no es el primer escrache que se hace en Madrid: semanas atrás se hizo otro a un diputado así como al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Los jueces consideran que todas estas formas de hostigamientos son delictivas.
El portavoz de la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, considera que hay un delito de coacciones en el modo y la forma de actuación en los que se está afectando a bienes y familiares de representantes políticos
La portavoz de Stop Desahucios Bizkaia, Marta Uriarte, puntualizó ayer, martes, que estas acciones se llevarán a cabo sin violencia y nunca ante los domicilios de los dirigentes del PP.
Para el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, los escraches se insertan dentro de "un movimiento con cariz político", perteneciente a "grupos muy determinados".
Un acoso respaldado por partidos muy concretos. Izquierda Unida ve con buenos ojos esta campaña de acoso al Partido Popular. La consejera de la Junta de Andalucía Elena Cortés asegura que si no formara parte del Ejecutivo andalúz estaría en estos actos de acoso.
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha reclamado "serenidad" a los ciudadanos tras los recientes escraches sufridos por políticos y ha advertido que hay que tener "cuidado cuando los temas se recalientan en exceso" ya que "aún teniendo todo el mundo razones hay quien entiende mal el derecho a la queja y a la manifestación". "Hay unos ciudadanos que no pierden su condición por ser políticos. Estas formas de intimidación y coacción no se pueden generalizar".
De la misma opinión es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha condenado hoy las coacciones e intimidaciones sufridas en las últimas semanas por dirigentes del PP por parte de miembros de colectivos contra los desahucios y ha advertido de que "la mayoría no puede ser coaccionada por una minoría".
"Nadie merece ser acosado o intimidado, y menos aún si el motivo es haber sido elegido por la mayoría de los ciudadanos. Ése es su pecado, y la mayoría no puede ser coaccionada por una minoría", ha alertado Rajoy en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP.
Por ello, el jefe del Ejecutivo ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas políticas y a todos los españoles para que condenen sin tibiezas estos "actos antidemocráticos", al tiempo que ha garantizado que el Gobierno protegerá a quienes han sido elegidos por la mayoría de los ciudadanos en unas elecciones "libres y democráticas".
