El acuerdo de Gernika al que hoy han expresado su apoyo el colectivo de presos de ETA pide a la banda armada un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional" y al Gobierno, que dé "pasos", como un cambio en la política penitenciaria. Bajo el título de "Acuerdo para un escenario de paz y soluciones democráticas", fue presentado en Gernika el 25 de octubre del año pasado por la izquierda abertzale, EA, Aralar, Alternatiba y la formación política francesa AB.
El texto pide a ETA un "alto el fuego permanente, unilateral y verificable por la comunidad internacional como expresión de voluntad para un definitivo abandono de su actividad armada". ETA declaró posteriormente, el 10 de enero, un alto el fuego, pero no el abandono definitivo de su actividad. El acuerdo, además de pedir un alto el fuego a ETA, reclama "la desaparición de todo tipo de amenazas, presiones, persecuciones, detenciones y torturas contra toda persona por razón de su actividad e ideología política", al tiempo que exige el reconocimiento de los "derechos civiles y políticos" y la "derogación de la Ley de Partidos Políticos.
También se pide "el cese de la política penitenciaria" vigente, para lo que detalla medidas como el fin de la dispersión, la liberación de los reclusos con graves enfermedades, la concesión de libertad provisional a los presos preventivos pendientes de juicio y también la de los que "hayan cumplido los requisitos legales" para obtenerla.
Asimismo, se reclama "la revisión de los procesos judiciales contra personas y estructuras organizativas derivados de su actividad política", la supresión de "tribunales especiales" y "el levantamiento de las medidas restrictivas y/o prohibitivas en su actividad política impuestas a militantes independentistas". El acuerdo también aboga por "impulsar la participación de agentes internacionales a fin de verificar que no se produce ninguna vulneración de derechos humanos".
Todas esta medidas servirían, según los firmantes, para consolidar un "escenario de paz y normalización política" en el que se activen "espacios de diálogo y negociación política para abordar en su integridad las causas y consecuencias del conflicto".
Dicho diálogo, señala el texto, debe regirse por los "principios Mitchell", que incluyen el rechazo del recurso a la violencia y el compromiso de que se respeten los acuerdos alcanzados por las "negociaciones multipartitas".
También se señala que esa negociación "será patrimonio exclusivo de los agentes políticos, sindicales y sociales" y que su objetivo será pactar el modelo jurídico político de Euskadi y su relación con España y Francia, sin excluir opciones como la independencia. El último punto del manifiesto alude a la "necesidad de un reconocimiento, reconciliación y reparación de todas las víctimas, originadas por el conflicto político y la realidad de las múltiples violencias".
El texto fue presentado por el dirigente de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria; el presidente de EA, Pello Urizar; el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta; el portavoz de Alternatiba, Oskar Matute y el dirigente de AB, Joseba Garai.
También respaldaron el acuerdo los sindicatos LAB, EILAS, EHNE, HIRU, ESK y ELB, así como diecinueve asociaciones entre las que figuran el Movimiento Pro Amnistía y la asociación de familiares de presos de ETA, Etxerat.
