Mañana se cumple una década del atentado de la T-4 del aeropuerto de Barajas, una acción con la que ETA rompió el alto el fuego declarado nueve meses antes. Desde entonces, los golpes a la cúpula de la banda la han dejado agónica y en las prisiones, que la organización quiere "vaciar" pero sin un previo arrepentimiento.
Tres llamadas en nombre de ETA a la DYA de Guipúzcoa, a los Bomberos de Madrid y a SOS-Deiak de Guipúzcoa habían anunciado el atentado, la explosión a las 9:00 horas del día 30 de diciembre de 2006 de un coche cargado con más de 200 kilos de explosivos en el aparcamiento de la terminal.
Aunque las fuerzas de seguridad pudieron desalojar el aparcamiento de la T-4 poco antes de que se produjera la deflagración, el atentado causó dos muertes: la de Carlos Alonso Palate y la de Diego Armando Estacio, ambos ciudadanos ecuatorianos, mientras otras 19 personas resultaron heridas.
Como consecuencia de la explosión, tres de las cuatro plantas del módulo D del aparcamiento quedaron hundidas, mientras tuvieron que suspenderse las operaciones en esa terminal durante varias horas.
El atentado supuso en la práctica la ruptura del alto el fuego permanente declarado por la banda el 22 de marzo de ese año, aunque no sería hasta el 5 de junio de 2007 cuando ETA de forma oficial diese por liquidada la tregua.
Sin embargo, antes de esta acción ETA había dado muestras hasta en tres comunicados de su intención de "llevar hasta el fin" el proceso iniciado con la tregua, hasta el punto de que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su balance del año y menos de 24 horas antes del atentado, vaticinara que el proceso de paz "avanzaba en tiempo y forma razonables".
Porque de hecho y, a tenor de sus palabras, expresó su convicción de que en esa búsqueda del fin de la violencia terrorista "dentro de un año estaríamos mejor que hoy".
Fueron unas desafortunadas declaraciones, bastante criticadas por algunos sectores. Horas después del atentado, Zapatero ordenó romper todo diálogo con ETA, que hasta enero de 2010 no volvió a declarar, sería el último, un alto el fuego "de carácter general" prolegómeno del anuncio del cese definitivo.
Entre una y otra tregua, la organización terrorista perpetró en esos cuatro años 52 atentados, con la muerte de once personas. Además de los dos asesinados en la T-4, asesinó a los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero en Capbreton (Francia); al concejal socialista Isaías Carrasco; al militar Luis Conde de la Cruz; al empresario Ignacio Uría y al policía nacional Eduardo Puelles y a los agentes del instituto armado Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá.
A estos once asesinados ETA sumó otra víctima cuando ya estaba en vigor la tregua de 2010. El 16 de marzo, en un tiroteo cerca de París, tres etarras disparaban a un policía francés, el último asesinado a manos de la banda.
Hoy, una década después de aquel atentado en víspera de Nochevieja, ETA está derrotada. Sin descanso, las fuerzas de seguridad han ido detención a detención aniquilando a la banda en todos sus frentes: desde el logístico hasta sus cúpulas pasando por sus estructuras de apoyo, como el llamado "frente de cárceles".
La caída en noviembre de su último jefe, Mikel Irastorza, solo un año después de descabezar a la cúpula con la detención de David Pla e Iratxe Sorzábal, junto con el descubrimiento de varios arsenales con armas en Francia con los que ETA pretendía escenificar una nueva entrega de material son la prueba definitiva de que la organización cuenta con menos armas, menos etarras y menos fuerza.
Fuentes de la lucha antiterrorista cifran en una decena los liberados de la banda, que se extingue casi en silencio, sin apoyo social y sin respuesta a las llamadas que hace a las puertas de los gobiernos español y francés, decididos a no mover un ápice de su política penitenciaria mientras ETA no desaparezca definitivamente ni entregue sus armas.
Y es que diez años después, la banda está en las cárceles a pesar del descenso paulatino de presos etarras. Así, en 2012 había 548 internos cumpliendo pena frente a los 291 de octubre de este año.
Un 2016 que termina con la propuesta del colectivo de reclusos, el EPPK, de que sus internos utilicen "las diferentes posibilidades existentes en el ámbito jurídico", aunque con los límites del arrepentimiento y la delación, para "vaciar las cárceles".
En una de ellas, la de Cádiz, está Iñaki Bilbao que hace unos días amenazó al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cuando le interrogaba sobre una carta en la que animaba a la lucha armada, con las palabras: "Usted es el diablo del País Vasco y si le pillo le voy a matar".
