La Policía Nacional ha iniciado una operación en Cádiz, Málaga y Almería denominada Edu Costa que hasta el momento se ha saldado con 17 detenciones, aunque afectará en los próximos días a unas 90 personas y 52 empresas por un fraude en los cursos de formación que asciende a tres millones de euros. La operación Edu Costa, continuación de la Edu, está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y se puede prolongar varios días con más arrestos y registros.
Entre las personas imputadas y detenidas se encuentran varios cargos públicos municipales del PSOE y del PP, caso de las exalcaldesa socialista de Jerez de la Frontera (Cádiz) Pilar Sánchez y el concejal del PSOE de Roquetas de Mar (Almería) Juan Fernando Ortega Paniagua.
Sánchez, que ya fue condenada a dos años de cárcel por desviar fondos del Plan E para el pago de gastos corrientes municipales, ha declarado durante ocho minutos con relación a supuestas irregularidades en unos cursos de formación que solicitó Mercajerez, una sociedad mixta que ella presidía como alcaldesa, aunque las gestión correspondía al vicepresidente y al gerente.
Juan Fernando Ortega, que según el PSOE renunciará a su acta de concejal y a la militancia, ha confirmado su imputación, así como la de su exmujer y su hija.
En la provincia de Cádiz la Policía ha interrogado a numerosos testigos, muchos de ellos alumnos y profesores, y está investigando a la empresa Codenet, que obtuvo ayudas para unos cursos que impartió en el 2010 y que hoy ha negado "categóricamente" haber cometido "irregularidad alguna".
En Málaga, la investigación afecta a diez empresas y los arrestos que se están practicado están relacionados con una convocatoria de ayudas de noviembre del 2010, entre ellos alumnos, profesores y empresarios.
La operación Edu contra el fraude en los cursos de formación activada hoy comenzó en abril del 2014 con una investigación iniciada por la UDEF, tras una denuncia de la Seguridad Social en la que se han visto implicados decenas de empresarios y políticos que, según los investigadores, habrían defraudado unos 2.000 millones de euros.
La investigación se centra en la concesión de subvenciones del Gobierno andaluz, sobre todo en la convocatoria de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO) de diciembre del 2010, un caso que se conoció durante la precampaña de las pasadas elecciones europeas, y que afectaría a un gran número de empresarios.
La Policía aprecia también casos de facturas falsas con las que empresas justificaban gastos no realizados, falsificaciones en los partes de asistencia de los alumnos y suplantación de personalidad de algunos de los monitores que debían impartir la enseñanza para "inflar ilícitamente el gasto justificado en docencia".
SUSANA DÍAZ: A QUIEN HAYA DEFRAUDADO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, QUE LO CRUJAN
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha indicado, en relación con la operación "Edu Costa", en la que se prevé que se efectúen entre 70 y 90 detenciones, que "a quien haya defraudado a la administración pública, que lo crujan" y, además, "cuanto antes".
Las detenciones, que están relacionadas con la investigación por supuestas irregularidades en la concesión de subvenciones a empresas para cursos de formación, son continuación de la de la operación Edu, que está siendo desarrollada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional y que se puede prolongar varios días con arrestos y registros.
En declaraciones a los periodistas Díaz ha indicado que lo que han de hacer la Junta de Andalucía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la Justicia es colaborar intensamente para que se recupere el último euro". En este sentido, ha señalado que "lo tiene claro" y ha incidido en que "se llame como se llame, a quien haya defraudado un euro a la administración pública, a ese, que lo crujan".
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha avanzado que, de confirmarse la implicación de algún militante del partido en el caso de los cursos de formación de Andalucía, sería suspendido inmediatamente de militancia. "Respeto total hacia la acción de la Justicia", ha asegurado Hernando en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso.
EL PP RESPONSABILIZA A LA JUNTA DEL USO ILEGAL DE FONDOS Y DE TAPAR CORRUPCIÓN
El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha confiado en que "los procedimientos electorales no distorsionen la marcha de los procedimientos judiciales" y ha pedido la "colaboración plena" de la Junta en el caso.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha responsabilizado a la Junta de Andalucía del "despreciable" uso "ilegal" que se está haciendo de los fondos públicos en esta comunidad como lo demuestran casos como el de los cursos de formación. Hernando también ha acusado al Gobierno de Susana Díaz de pretender "tapar la corrupción" en la comunidad, y como ejemplo ha señalado que la administración autonómica de Justicia está poniendo "todo tipo de trabas", incluso de "intendencia" a la jueza Mercedes Alaya para evitar que avance en sus investigaciones.
Para el coordinador de IU Andalucía, Antonio Maíllo, la nueva operación policial da la razón" a su formación sobre en la necesidad de investigar estas actuaciones.
La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha considerado que causa "estupor, pena y tristeza" que los fondos para formación sean mal empleados porque iban destinados a los desempleados.
