Coacciones e insultos de 300 sindicalistas a la juez Alaya ante el juzgado

Comparece ante la juez el secretario general de UGT Cádiz, Salvador Mera

Alaya cita a diez nuevos imputados por los ERE, que elevan a 178 los acusados

UGT de Andalucía: la contabilidad es "transparente y sin facturas falsas"

"Es falso que UGT manejara facturas falsas", dice Fernández Sevilla, aunque "pueden existir interpretaciones contables"

nacional

| 10.10.2013 - 13:21 h
REDACCIÓN

Es la imagen de la coacción... ha vuelto a repetirse también esta tarde... 300 sindicalistas pitando e insultando frente a los juzgados de Sevillaa la Juez alaya, que se ha visto obligada a entrar por la puerta de atrás. UGT y Comisiones obreras... lejos de depurar responsabilidades o de ofrecer explicaciones sobre los ERE... ponen en marcha su ofensiva contra la magistrada.

Varias decenas de sindicalistas, en su mayor parte de CCOO, han recibid con gritos de "libertad" a Salvador Mera, secretario de UGT en Cádiz y el primero de los siete detenidos por los ERE falsos que ha pasado a disposición judicial.

En el pasillo de entrada ha sido aplaudido y recibido con gritos de "libertad" por varias decenas de sindicalistas de CCOO que esperaban concentrados desde las 10 de la mañana.

Entre ellos se encontraban Julio Ruiz, ex secretario general de CCOO-A, y Enrique Manuel Jiménez, ex secretario de acción sindical del sindicato ya imputado en la causa.

YA VAN 178 IMPUTADOS

La juez instructora del caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Mercedes Alaya, ha notificado hoy la imputación de otras diez personas, lo que eleva a 178 el total de acusados.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, Alaya imputa a otras diez personas, dos de ellas abogados, relacionadas con la rama referida al cobro de sobrecomisiones en los ERE y beneficiarios de ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.

Después de tres años de investigación, Alaya mantiene a 116 personas imputadas y además dictó el pasado 10 de septiembre un auto por el que abría el procedimiento para la imputación contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros de la Junta.

45 IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN HERACLES II

La Guardia Civil ha imputado a otras 45 personas en la Operación Heracles 2, desarrollada días pasados en torno al cobro de sobrecomisiones.

Esta misma tarde, Alaya está tomando declaración a siete detenidos en esta operación, entre ellos Enrique Rodríguez Contreras, exgerente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla y director del Área de Empleo de la Diputación, Salvador Mera, secretario general de UGT-Cádiz, y Roberto Carmona Soto, exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A.

En su auto, la juez reconoce que en un caso con tantos imputados "debe cuidarse aún más, si cabe, el ser selectivos con las imputaciones" pero tras un examen de atestado de la Guardia Civil sobre las sobrecomisiones "han transcurrido varios meses y no parece que se vayan a producir en esta línea de responsabilidades de segundo orden nuevos hechos que determinen las mismas con mayor contundencia".

Por ello, está claro "que si ha de tomarse declaración a estas personas sólo puede ser en calidad de imputado".

Alaya cita a lo largo de varios días de diciembre a los abogados José Luis Leal y Alfredo Jiménez, del Bufete Villasis, al exdiputado vasco socialista Antonio Aso Martínez, beneficiario de una póliza en una empresa de corcho, y a Antonio Diéguez Viera, empresario perceptor de una ayuda en Cazalla de la Sierra (Sevilla).

También convoca a Antonio Santiago Pérez Porcel, empleado de la firma Servicios Inmediatos, una de las que se utilizaban presuntamente para blanquear las sobrecomisiones de los ERE, y a varias empleadas de las aseguradoras implicadas.

COMPARECE EL SECRETARIO GENERAL DE UGT CÁDIZ

El secretario general de UGT-Cádiz, Salvador Mera, ha sido conducido este jueves desde los calabozos de los juzgados del Prado de Sebastián de la capital hispalense hasta el despacho de la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía para prestar declaración tras ser detenido el pasado martes en el marco de la segunda fase de la operación 'Heracles'.

Cabe recordar que, en la segunda fase de la operación 'Heracles', fueron detenidas diez personas, de las cuales únicamente siete han sido trasladadas a los juzgados, ya que las otras tres fueron puestas en libertad directamente por la Guardia Civil.

De este modo, Salvador Mera se convierte en el primero de estos siete detenidos que pasa a disposición de la magistrada Mercedes Alaya.

En su traslado desde los calabozos hasta los juzgados, el detenido ha recibido los gritos de ánimo y apoyo de decenas de sindicalistas que se encuentran concentrados en las puertas del edificio judicial, quienes han gritado 'libertad, libertad' para Mera.

UGT NIEGA IRREGULARIDADES

Una comisión interna de investigación de UGT de Andalucia asegura que ha constatado que no ha habido facturas falsas ni malversación de fondos públicos en la contabilidad del sindicato, que es "única, transparente, ordenada y correcta".

En rueda de prensa, el secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha presentado las conclusiones preliminares de la comisión de investigación constituida el 27 de agosto a raíz de las denuncias de prensa sobre presuntas facturas falsas para desviar fondos de formación a otros fines.

"Es falso que UGT manejara facturas falsas", ha asegurado Fernández Sevilla tras analizar la comisión más de 1.500 documentos contables, aunque ha admitido que se han podido producir interpretaciones distintas en la imputación de los gastos con cargo a subvenciones.

DEFIENDEN EL TRABAJO DE MERA

El secretario general de la UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha ido más allá y ha asegurado que el exsecretario general del sindicato en Cádiz Salvador Mera, detenido el pasado martes en el caso de los ERE, "no se ha llevado ni un céntimo de euro de ningún expediente de regulación de empleo".

El dirigente ugetista ha defendido el buen trabajo de Mera al frente del sindicato y le ha expresado su apoyo personal.

Ha reprochado a la juez Mercedes Alaya que lo mantenga retenido demasiado tiempo, ya que ha agotado las 72 horas de plazo legal en el que una persona pueda estar detenida hasta que pase a disposición judicial, porque le recuerda a tiempos pasados, así como la larga duración del procedimiento del caso ERE.

Asimismo, ha desmentido que la policía, en la segunda fase de la operación Heracles desarrollada el martes, haya registrado alguna sede de UGT en Andalucía.