Cinco informes policiales revelan que el ex director general de la Policía, García Hidalgo, ordenó el chivatazo del Bar Faisán. Los autores del soplo serían el Jefe Superior de Policia del País Vasco y un inspector destinado en Vitoria. Los informes, encargados por el Juez Grande Marlaska, fueron eleborados por un grupo de agentes de la Comisaría General de Información.
Año 2006. Es el momento en el que el juez Grande Marlaska entraba en el bar Faisán. Por fin se culminaba la operación Urogallo, fruto de una investigación de más de 10 años. Golpe contra el aparato de extorsión de ETA. El Faisán es el centro de operaciones. Sale el juez sin los resultados deseados. Días más tarde le informan de que los terroristas han obtenido un soplo. Grande Marlaska pide informes a la comisaría general de Información para encontrar al chivato. Y son éstos que hoy publica el Mundo.
En estos informes, los agentes fueron acotando sus pesquisas hasta que finalmente, elevaron al juez, entonces ya Baltasar Garzón, sus conclusiones.
El equipo de policías centró sus sospechas en cinco personas, que encabeza el director general de la Policía, Víctor García Hidalgo. Junto a él, el actual jefe superior de Policía del País Vasco y un inspector jefe que entonces estaba destinado en Vitoria en la lucha contra el terrorismo islamista.
Los documentos de la investigación policial permiten hacerse el esquema de que el chivatazo fue así:
El inspector de Vitoria le entrega al etarra Elosua, dueño del Faisán un teléfono móvil en el interior del bar. El jefe de policía del País Vasco, Enrique Pamiés, sería supuestamente quien da el 'soplo' a Elosúa de la operación puesta en marcha por el juez Marlaska. La orden del chivatazo, en pleno proceso de negociación con ETA, viene de arriba. Sería dada por el director General de la Policía, Víctor García Hidalgo.
EL JUEZ RUEZ TOMARA DECLARACIÓN A LOS CINCO MANDOS POLICIALES QUE PARTICIPARON EN LA OPERACION
Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará mañana, martes, a cinco mandos policiales en el marco de la causa en la que se investiga el chivatazo .
Los primeros en prestar declaración como testigos serán el inspector jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián y la jefa de la Sección de Análisis de este departamento, que ya han declarado en la causa, y que ofrecieron versiones contradictorias sobre los hechos investigados.
Ruz también ha citado para este martes, a petición de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), al jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de San Sebastián, para que explique su participación en la operación policial. Antes, en todo caso, el juez quiere aclarar si esta denominación corresponde al citado jefe de la Sección Operativa o a un policía al que se identifica en las actuaciones con el apodo de "Pinone" o "Pinote". Dos de sus subordinados declararon durante la instrucción que "conocía todas y cada una de las informaciones restringidas que se transmitieron" a Elosúa.
EL VIDEO Y LAS LLAMADAS
El magistrado, además, ha solicitado al equipo de investigación que le detalle por qué existen cortes en el vídeo en el que se grabaron los movimientos registrados en la puerta del bar 'Faisán', así como una "certificación de la cadena de custodia" de esta cinta y la identificación de "los funcionarios o terceros" que se hicieron cargo de este material o tuvieron acceso a él hasta su puesta a disposición del juzgado.
Ruz también ordenó la identificación de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, uno de los cuales pertenecía al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que desde la noche anterior a la delación hasta septiembre de 2006 intercambiaron llamadas con García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco.
Sin embargo, el pasado viernes el juez dictó un auto en el que decidía no llamar a declarar a Camacho, número 2 del Ministerio del Interior, al considerar que su testimonio "no es determinante" para el esclarecimiento de los hechos. Fundamenta esta afirmación en "la irrelevancia del tráfico de llamadas" investigado, que se puede achacar, a su juicio, a la "relación orgánica y funcional" que el secretario de Estado mantiene con sus interlocutores.
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha recalcado que ha sido su partido el que ha hecho que este asunto "se conozca, no se olvide y no se archive". Eso sí, no ha querido comentar "los pasos del procedimiento judicial", como el hecho de que el juez no llame a declarar al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho.
Según ha dicho, el Partido Popular va a seguir haciendo "todo lo posible para que se conozca la verdad" sobre este caso y "exigiendo explicaciones" en el Congreso al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
