Cayo Lara: el Gobierno del PP está propiciando un "estallido social"

Dice que en España porque "la gente está muy harta" de la corrupción

Pide un agravamiento de las penas y la creación de una comisión parlamentaria cntra la corrupción

IU "se volcará" con las protestas sociales el próximo 23 de febrero

nacional

| 01.02.2013 - 12:39 h
REDACCIÓN

El coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha acusado hoy al Gobierno del PP de estar propiciando un "estallido social" con su "posición de avestruz" en relación con el caso Bárcenas y la supuesta financiación ilegal del PP. "El Gobierno está propiciando que se puedan producir situaciones, no sabemos cómo, pero de estallido social, porque la gente está muy harta en este país", ha advertido Lara en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha presentado una proposición de ley orgánica con decenas de medidas concretas contra la corrupción.

Lara ha insistido en que si se demuestra que altos cargos del PP, entre ellos Mariano Rajoy, recibieron sobresueldos en negro, el presidente del Gobierno debería dimitir y convocar elecciones anticipadas, y se ha mostrado convencido de que ese momento "cada día está más cerca", aunque ha descartado presentar por ahora una moción de censura.

Eso sí, IU "se volcará" con las protestas sociales y, en concreto, con la que han convocado diversos movimientos y colectivos para el próximo 23 de febrero en distintas ciudades españolas bajo el lema "Marea ciudadana unida contra los recortes y por una verdadera democracia".

AGRAVAMIENTO DE PENAS

La proposición de ley de IU, que plantea la modificación de varias leyes como el Código Penal y la Ley de Financiación de Partidos, propone endurecer las penas de prisión para los políticos corruptos y para los empresarios que los corrompen o construyen en terrenos no edificables.

También propone el incremento de las penas de inhabilitación para los funcionarios y cargos públicos que cometen este tipo de delitos y la suspensión provisional de empleo o cargo público para los encausados por corrupción, incluso antes de que haya sentencia firme.

La proposición de ley de IU apuesta por una profunda reforma de la Ley de Financiación de Partidos Políticos para que no puedan recibir directa o indirectamente donaciones de personas o empresas que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras con todo el sector público.

Rebaja el tope máximo para las donaciones procedentes de una misma persona física o jurídica y establece en 500.000 euros el valor máximo anual de las donaciones en especie o en bienes inmuebles.

IU propone también un aumento de la transparencia de los bienes y actividades de todos los cargos públicos, incluidos los de las corporaciones locales.

Reclama que se haga público el registro de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración.

Obligación que se extendería a los concejales de los ayuntamientos que deberían publicar su declaración de incompatibilidades en la página web del consistorio, de forma que sea accesible para cualquier ciudadano.

Lara ha afirmado que esta propuesta, que confía que no sea rechazada de inicio por el PP, pretende abrir un "debate nacional" sobre la corrupción en un momento de "degradación de la política y de los políticos" y en el que se están socavando "los cimientos de la democracia".

El líder de IU se ha mostrado convencido de que buena parte de los problemas de corrupción provienen de la falta de financiación pública de los partidos políticos, que arrastra a algunas formaciones a "abrir la puerta de atrás" a las empresas.

Ha puesto como ejemplo Estados Unidos, donde las corporaciones empresariales o los grupos de presión financian públicamente a partidos que después les benefician cuando llegan al gobierno.

"De ese modelo hay que huir", ha alertado Lara, quien considera que no hay que tener miedo de decirle a los ciudadanos que los partidos necesitan una financiación pública suficiente.

Además de la proposición de ley, IU ha registrado conjuntamente con el grupo mixto una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la corrupción política y "sus vinculaciones con la financiación irregular e ilegal de partidos políticos".

La propuesta encomienda a esa comisión el estudio de los "casos y tipologías de corrupción política desde una óptica integral", así como el análisis de la actuación de la justicia y de la eficacia de las penas.