El ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho que el Gobierno evaluará este martes la posible prórroga del estado de alarma y que será el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, quien lo propondrá al Consejo de Ministros, aunque no es "preceptivo".
"A día de hoy, no está descartada la prórroga", aseguró Blanco, quien explicó que este martes se hará una primera evaluación.
En declaraciones a la Cadena Ser, Blanco ha explicado que posteriormente se pedirá la autorización a las Cortes.
Blanco dijo que los controladores, "promotores del sabotaje", no son conscientes de los daños causados al país.
Agregó el ministro que el Gobierno tiene que garantizar la movilidad de los ciudadanos y los servicios públicos esenciales como el tráfico aéreo y que lo hará "en cualquier circunstancia".
Para el ministro, la reforma estructural de los servicios de navegación aérea era "imprescindible" para conseguir un control más productivo, para rebajar las tasas aéreas y para acabar con "muchos privilegios" de los controladores.
Apuntó que era un camino "no exento de dificultades", pero que se trata de "una reforma sin retorno que se llevará hasta las últimas consecuencias".
Respecto a las consecuencias para los controladores y sobre si va a haber despidos, Blanco dijo que se darán todos los supuestos y que en unos casos habrá retirada de la licencia y en otros despidos, además de la responsabilidad civil y penal que diriman los tribunales.
No obstante apuntó que la mayoría de los controladores lo que quiere es trabajar y respetar las leyes.
EL PP PIDE DATOS PARA DECIDIR SI APOYA PRORROGAR EL ESTADO DE ALARMA
Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, ha afirmado que su partido decidirá su respaldo a una prórroga del estado de alarma si el Gobierno aclara qué ha hecho estos días para encontrar una solución al "conflicto laboral" con los controladores aéreos.
De Cospedal, en conferencia de prensa, tras la reunión del Comité de Dirección del PP, ha desvelado que el Gobierno no ha facilitado ninguna información a su partido y que el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba llamó al líder del partido, Mariano Rajoy, antes de su mitin de ayer en Valencia para averiguar qué haría él si estuviera en el Ejecutivo.
Según sus palabras, Rubalcaba pidió esta información al presidente del PP, pero en ningún momento aclaró los planes del Gobierno sobre si quiere prorrogar o no "un estado de excepción" como el estado de alarma.
La número dos de los populares ha afirmado que un estado de alarma no ha de tener "carácter preventivo" ni ser "un instrumento" de negociación con los controladores.
Por su parte, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha querido dejar claro que si el Ejecutivo entiende que es preciso prorrogar el estado de alarma "para garantizar la movilidad" de los ciudadanos españoles, no "quepa duda" de que se va a solicitar dicha prórroga en el Parlamento aunque, puntualizó, en este momento todavía no se ha tomado una decisión.
"Estamos valorando si es preciso la prórroga", ha apuntando Rubalcaba, que ha señalado que se decidirá mañana o pasado, afirmó en Sevilla.
Pérez Rubalcaba quiso salir al paso de las afirmaciones del vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien acusó al Ministerio de Interior de haber "tapado" con la operación contra el dopaje la comparecencia en el Congreso de los Diputados del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
"Si sabe como funciona y a pesar de todo, dice eso, es sencillamente que está mintiendo a sabiendas, lo cual es gravísimo, no por mí, por la Guardia Civil y por el juez, que están trabajando en una operación bien delicada para España y para su imagen", ha sentenciado el ministro.
OTROS 8 CONTROLADORES SE NIEGAN A DECLARAR
Mientras tanto, otros ocho controladores aéreos destinados en los centros de control de Barajas y de Torrejón de Ardoz se han negado este lunes a declarar ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, que les había citado por no acudir o ausentarse de sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4. Los controladores han mantenido la misma actitud que sus doce compañeros citados el pasado jueves y los seis que comparecieron al día siguiente.
Según han informado fuentes jurídicas, todos ellos han alegado que están a la espera de ser citados por la autoridad judicial que consideran competente -la militar y no la ordinaria- y a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos que su sindicato, USCA, ha presentado contra los decretos por los que se militarizó el control aéreo y se declaró el estado de alarma.
El pasado jueves, el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban, anunció que si los controladores persistían en su actitud de no declarar, el Ministerio Público proseguiría su investigación con las diligencias practicadas por las Fuerzas de Seguridad para averiguar qué ocurrió los pasados días 3 y 4 y determinar si existió delito.
Ese mismo día, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo que los controladores que al comienzo del pasado puente de la Constitución y de la Inmaculada faltaron a su puesto de trabajo se enfrentan a penas de hasta ocho año de prisión por un delito de sedición.
