El Consejo de Ministros aprobó este viernes remitir al Consejo Económico y Social (CES) la Ley de Sociedades Laborales y Participadas y nuevas medidas para el autoempleo y la Economía Social, con el objetivo de crear 550.000 empleos hasta el año 2019, alcanzando los 3,6 millones de afiliados al régimen especial de autónomos de la Seguridad Social.
Así lo explicó la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que sostuvo que los nuevos incentivos a autónomos y a empresas de economía social conseguirá aumentar la afiliación de autónomos en más de medio millón de personas.
"Los autónomos han sido los protagonistas primeros de la recuperación en nuestro país", subrayó Báñez, quien destacó que el número de autónomos afiliados a la Seguridad Social supera los 55.000 desde el inicio de la legislatura.
El número de autónomos empleadores ha crecido en un 12% y el número de trabajadores a su cargo se ha incrementado en un 14%, en más de 95.000 personas, después de una crisis que calificó de "muy dura" por la que se dieron de baja más de 340.000 autónomos.
AMPLIACIÓN DE TARIFA PLANA
Para ello, el anteproyecto de ley por la que se modifica y actualiza toda la normativa en materia de autoempleo fija la tarifa plana para los nuevos autónomos en 50 euros durante los primeros 6 meses, y se mantienen esos 50 euros para quienes contraten a trabajadores dentro de su empresa. Se extienden también los supuestos de tarifa plana a personas con discapacidad y víctimas de terrorismo o violencia de género.
Además, se extiende, con independencia de la edad del solicitante, la posibilidad de capitalizar el 100% de la prestación por desempleo para facilitar la inversión y los gastos iniciales para iniciar una actividad emprendedora. "Es importante permitir que una persona que no utiliza toda la prestación por desempleo la pueda recuperar desde los primeros cinco años, el periodo en el que mueren la mitad de las empresas creadas en España", explicó Báñez.
De igual forma, los autónomos de cualquier edad podrán compatibilizar durante un máximo de 270 días la prestación por desempleo con el alta en el régimen de autónomos (RETA), una posibilidad hasta ahora reservada a los menores de 30 años. A su vez, se amplía el plazo, desde los 24 hasta los 60 meses para la reanudación de la prestación por desempleo a todos los trabajadores con derecho a prestación que realicen un trabajo por cuenta propia.
La nueva ley amplía también la bonificación a los familiares colaboradores de forma que podrán disfrutar de una bonificación en las cuotas la Seguridad Social durante 24 meses. También se introduce la posibilidad de que los Trabajadores Autónomos Dependientes (Trades) puedan contratar en los casos de conciliación, como una baja por embarazo.
ECONOMÍA SOCIAL
En el ámbito de la Economía Social, el texto introduce actuaciones para facilitar la incorporación de nuevos socios a las entidades de la Economía Social. En la actualidad, en España las cooperativas y sociedades laborales dan empleo directo a casi 335.000 personas y los Centros Especiales de Empleo y las Empresas de Inserción emplean a más de 75.000 trabajadores.
Con la normativa, se crea una bonificación de 800 euros al año a lo largo de tres años (2.440 euros) para las personas que se incorporen como socios trabajadores o de trabajo a cooperativas o sociedades laborales. En el caso de menores de 30 años (o 35 con el grado de discapacidad), se eleva la cuantía a 1.650 euros durante el primer año.
SOCIEDADES LABORALES
Igualmente, el gobierno aprobó a remisión al CES del anteproyecto de Ley de Sociedades Laborales y Participadas, para clarificar los requisitos para la constitución de sociedades laborales, que actualmente ascienden en España a 10.828, que dan empleo directo al 63.536 personas.
También busca facilitar la incorporación de trabajadores a la condición de socios, dar mayor protagonismo de los trabajadores en el control de la sociedad y simplificar y reducir trámites administrativos e incorporar los principios de buen gobierno.
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD Y SALUD
Por último, el Gobierno ha dado también luz verde a la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, fruto del acuerdo entre el Gobierno, comunidades autónomas e interlocutores sociales. La estrategia, con un coste de 36 millones, promueve una mejor aplicación de la legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y busca favorece la mejora "continua" de las condiciones de trabajo.
La estrategia contempla dotar de herramientas informáticas que faciliten la aplicación de la normativa en materia de prevención y mejorar la calidad de la formación en prevención de riesgos laborales.
