Arias Cañete cambiará la ley para poder sancionar el "bunkering" en Gibraltar

Explica que tiene el 2,5% de Petrolífera Ducar, que "no hace bunkering" y sólo almacena combustible

nacional

| 29.08.2013 - 10:49 h
REDACCIÓN

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El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha anunciado hoy que cambiará la legislación para sancionar a las gasolineras flotantes permanentes ("bunkering") en Gibraltar y ha negado que una de las empresas de la que es accionista se dedique a esta práctica. Este viernes se presentará en el Consejo de Ministros la propuesta de modificación de la ley de patrimonio natural y biodiversidad para afrontar la "laguna legal" que hoy impide aplicar un régimen sancionador y se tramitará por procedimiento de urgencia, ha dicho en una comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso.

Según el titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la legislación vigente exige la existencia de daño ambiental y no solo un riesgo potencial, como el que se está dando en la zona de especial protección del Estrecho Oriental (que alberga un Lugar de Interés Comunitario, LIC, de gran valor ambiental).De ahí que la modificación incorporará el "riesgo ambiental" para poder castigarlo.

En su comparecencia a petición propia para informar sobre el "bunkering" (gabarras que suministran combustible a otros buques desde el puerto o el mar) y a solicitud del PSOE para que explicara su supuesta vinculación con una empresa dedicada a esa práctica, Arias Cañete ha explicado que posee unas 85.000 acciones por valor de 185.104 euros en la empresa Petrolífera Ducar S.L, pero su negocio -ha dicho- es solo el almacenamiento de combustible en Ceuta.

Representa el 2,5 % del accionariado de la empresa, de la que dimitió como presidente cuando fue nombrado ministro hace dos años y no desempeña tareas directivas. Ha recordado, por otro lado, las denuncias presentadas por su cartera ante la Fiscalía contra los incumplimientos medioambientales en Gibraltar y, si no hay respuesta de la Comisión Europea, "queda el recurso del Tribunal de Justicia de la UE, demandando al Reino Unido por no retirar o paralizar las actividades contaminantes". Hace 24 horas, el Ministerio de Medio Ambiente denunció a la Fiscalía la construcción de espigones ganando terreno al mar en un espacio natural protegido próximo a Gibraltar.

En su comparecencia, Arias Cañete ha explicado que el suministro de combustible a buques está regulado por las normas portuarias y se hace "con normalidad" en todo el mundo, sin embargo las gasolineras flotantes con tanques de gran tonelaje de carácter permanente es un sistema que no se emplea en otros puertos españoles, solo en Gibraltar en una zona de gran valor ecológico.

Dicha fórmula implica un elevado "riesgo" de vertido al mar por los grandes volúmenes que se manejan y por el hecho de que sean permanentes, ha recalcado Arias Cañete.Frente a una gabarra habitual de unos cien metros de eslora y 3.000 hectómetros cúbicos de capacidad, una de estas gasolineras flotantes mide 250 metros y tiene capacidad para 100.000 hectómetros cúbicos.

ARIAS CAÑETE INSISTE EN QUE LA UE INVESTIGUE Y SANCIONE A GIBRALTAR

Miguel Arias Cañete insistió en que la denuncia del Gobierno español contra Gibraltar ante la Fiscalía de Medio Ambiente tiene por objetivo promover una investigación de las autoridades de la Unión Europea y una sanción, si procede.El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente interpuso ayer una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por losvertidos de piedras y arenas en los espigones que se están construyendo en Gibraltar porque son "contrarios" a la normativa de la Zona de Especial Conservación (ZEC).

"La UE así lo declaró en su momento y a partir de ahí el Gobierno español tenía la obligación de transformarlo en una Zona de Especial Conservación adoptando las medidas necesarias" para su protección medioambiental.Esa normativa se aprobó en diciembre pasado, explicó el ministro, y en ella "se prohibían los rellenos en el mar". El Gobierno español defiende que las autoridades de Gibraltar tienen que "respetar el derecho comunitario, como todos los gobiernos" y que la UE debe vigilar su cumplimiento.

Ese es el motivo de la presentación de la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, tras lo cual el Ministerio de Asuntos Exteriores ha trasladado a al Secretaría General de la Comisión Europea que "realice las investigaciones necesarias y en su caso abra un proceso de sanción por esta materia".