Aprobado el nuevo Plan de pago a proveedores

Empezarán a cobrar a partir de la próxima semana

El Consejo de Ministros aprobará también prohibir las aceiteras rellenables en la hostelería

(Archivo)

nacional

| 15.11.2013 - 08:32 h
REDACCIÓN

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El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a los trámites pendientes para hacer efectivo el nuevo plan de pago a proveedores de las administraciones autonómica y local, que empezarán a cobrar a partir de la próxima semana.

Los beneficiarios recibirán en su cuenta bancaria el importe de lo adeudado y los primeros en cobrar serán los proveedores de los servicios públicos básicos, como la sanidad o la educación, para los que hay una partida de 5.400 millones de euros.

Todavía el Ministerio de Hacienda evalúa algunas de las facturas presentadas, por lo que en breve pagará otra gran remesa a los proveedores, catalogados en un segundo tramo por no tratarse de esos servicios básicos, para lo que se destinan otros 8.000 millones de euros, que se abonarán en los próximos dos meses.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que se ha autorizado a nueve comunidades para formalizar préstamos a largo plazo, hasta 3.881,67 millones de euros, como endeudamiento derivado del nuevo Plan de pago a proveedores.

NUEVE AUTONOMÍAS

Afecta a Andalucía (632 millones), Aragón (11), Baleares (116), Canarias (24), Castilla-La Mancha (347), Cataluña (1.489), Madrid (89), Murcia (232) y Comunidad Valenciana (937).

Las cantidades asignadas incluyen las facturas de proveedores de entidades locales por el importe de las transferencias pendientes de pago de las autonomías a ellas por 266 millones de euros.

Ha señalado que será el último Plan de pago a proveedores porque a partir de ahora se cumplirán los plazos para pagar en aplicación de la Ley de Morosidad y de otras normas, lo que dará "certeza y seguridad" a los autónomos, las pymes y las grandes empresas en sus tratos con las administraciones territoriales.

En su opinión, "no va a hacer falta" más este Plan de pago por la implantación de las facturas electrónicas y la aplicación de esas leyes, así como por "la vigilancia" del Gobierno, que está habilitado a intervenir, en caso necesario, en las administraciones territoriales.

167.000 FACTURAS A 29.000 PROVEEDORES

Tras asegurar que se pagarán 167.000 facturas a 29.000 proveedores, Montoro ha indicado que también se abonarán 1.757 millones de euros que adeudan las corporaciones locales.

Ha precisado que las condiciones financieras son "muy ventajosas", ya que se trata de créditos a diez años con dos de carencia, a un interés del Tesoro más 30 puntos básicos, inferior al 4%, lo que "aligerará" los costes financieros de estas administraciones, que podrán dedicar más dinero a los servicios básicos.

Montoro ha destacado que se mantendrá el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), ya que "una parte" de las autonomías tienen los mercados cerrados y ha invitado a las comunidades que no participan a hacerlo.

"Qué les puede impedir a acudir? se ha preguntado el ministro, que ha recordado que las condiciones de financiación son mejores a las del mercado y "lo del rescate ya es pasado. Ahora estamos en otro escenario, en el del crecimiento económico".

En ese contexto ha anunciado la pronta celebración de un Consejo de Política Fiscal y Financiera porque hay "bastantes elementos" que tratar.

Ha rechazado que tanto los fondos para los proveedores como el FLA vayan a incrementar el déficit público, al tratarse de "operaciones de Tesorería" y, "si lo hacen en deuda, será una décima".

Respecto a que algunas comunidades no quieran acogerse a esos mecanismos extraordinarios, ha pedido a sus gobernantes que no tengan "estigmas en la cabeza" y piensen que se les va a controlar más, porque ese es "un razonamiento equivocado".

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha expresado su confianza en que este nuevo plan sirva para que las administraciones públicas logren poner el contador a cero y empiecen a pagar a sus proveedores a 30 días, tal y como establecen la Ley de Morosidad y la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad.