Anticorrupción se opone al recurso de la Junta contra la imputación de Magdalena Álvarez | Telemadrid – Radio Televisión Madrid

Anticorrupción se opone al recurso de la Junta contra la imputación de Magdalena Álvarez

Presos de Sevilla-I protestan por el "trato de favor" al 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas

Magdalena Alvarez

nacional

| 19.07.2013 - Actualizado: 15:05 h
REDACCIÓN

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La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de la Junta de Andalucía contra la imputación en el caso de los ERE de la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez y otras 20 personas, y ha pedido que se mantenga la declaración del ex interventor Manuel Gómez.

Fuentes del caso han informado hoy de que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de la Junta de Andalucía contra la imputación de 20 nuevas personas en el caso de los ERE, entre ellas nueve altos cargos.

También se ha opuesto a la petición del Gobierno andaluz de que se suspenda la declaración como imputado ante la juez Mercedes Alaya del exinterventor de la Junta Manuel Gómez, prevista para el próximo día 25 de julio.

LOS PRESOS PROTESTAS POR EL "TRATO DE FAVOR" AL CONSEGUIDOR DE LOS ERE

Un grupo de presos de la cárcel de Sevilla-I ha mostrado en los últimos días su queja por el "trato de favor" que, según dicen, está recibiendo, por parte del equipo de tratamiento, el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, que ingresó en prisión el pasado mes de marzo en relación al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta.

En este sentido, fuentes penitenciarias han informado a Europa Press de que muchos de los internos en el módulo dos de Preventivos de la prisión de Sevilla-I han trasladado a los funcionarios en los últimos días su "queja" por lo que ellos entienden "un trato de favor" hacia Juan Lanzas por parte del equipo de tratamiento.

De este modo, y según las fuentes consultadas, los internos del módulo dos de Preventivos se "quejan" de que el imputado en la causa de los ERE haya sido nombrado "coordinador de actividades", una figura que "no existe" y que Lanzas "utiliza para mandar y decidir" sobre sus compañeros de módulo.

Los internos "están muy cabreados" con esta situación, han indicado las mismas fuentes, "pues se le ha asignado una función que no existe" y con la que "puede mandar sobre los otros reclusos", añadiendo que los presos sólo han trasladado su queja de forma verbal a los funcionarios de la prisión y no por escrito "porque no quieren problemas".

Fue el pasado día 22 de marzo cuando la juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Juan Lanzas por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y de cohecho, así como supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.

La juez entiende que existe un "evidente" riesgo de fuga y de que pueda "manipular" los medios de prueba, así como de que "pueda hacer desaparecer dinero, documentación, o cualquier cosa de interés para la causa al existir todavía una entrada y registro pendiente de ejecutar en su entorno".

CINCO IMPUTADOS CONTINÚAN EN PRISIÓN

Actualmente, sólo cinco de los alrededor de cien imputados en la causa permanecen en prisión, como son, además de Lanzas, el presunto 'testaferro' de los ERE Eduardo Leal del Real; los exdirectivos de Vitalia María Vaqué y Eduardo Pascual, y el dueño de Uniter, José González Mata.

Todos ellos han recurrido el auto de prisión dictado por la juez Alaya, tras lo que la Audiencia Provincial ha acordado dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a los exdirectivos de Vitalia y de 450.000 euros a Juan Lanzas, cantidad que ninguno de ellos ha podido abonar hasta el día de hoy.

Recientemente, la juez Mercedes Alaya acordó rebajar de 50.000 a 6.000 euros la fianza impuesta a Eduardo Leal del Real, encarcelado desde el pasado mes de marzo como presunto testaferro de las "empresas pantalla" empleadas supuestamente para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas con expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta.