El expresidente de la Diputación y del PP de Valencia, Alfonso Rus, detenido el pasado martes en la Operación Taula como presunto integrante de una trama de amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales, ha pasado este jueves por la tarde a disposición judicial junto a otras nueve personas, las últimas que faltaban por declarar ante el juez de los 24 arrestados en este nuevo golpe contra la corrupción.
El titular del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia que investiga el caso Imelsa ha dejado en libertad cuatro de ellos a los que ha impuesto una fianza como medida cautelar para garantizar el pago de las responsabilidades civiles en caso de condena. Son Salvador Deusa, ex jefe de sección de Evaluación y Planificación de la Diputación de Valencia, y tres empresarios -entre ellos José Adolfo Vedri, propietario de la agencia de comunicación Engloba, y Javier Luján, presidente de Construcciones Luján.
El juzgado sigue tomando declaración de aquellos detenidos que la UCO pasa a su disposición, entre ellos el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP de la provincia Alfonso Rus; dos exvicepresidentes de la institución provincial, Máximo Caturla y Juan José Medina; el exjefe de gabinete de Rus y exalcalde de Genovés, Emilio Llopis; y cinco empresarios.
En total la Guardia Civil detuvo a 24 personas, de las que 14 declararon ya entre el martes y el miércoles, quedando en libertad provisional con cargos. A cinco de ellos se les impusieron fianzas que suman 965.000 euros.
33 REGISTROS
En la operación se llevaron a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas (entre ellas la empresa pública Ciegsa) y fundaciones (entre ellas la Fundación Jaume II), la sede de un equipo de fútbol (Club Deportivo Olimpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente) y la sede del Grupo Municipal del Partido Popular en Valencia.
La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo director gerente era Marcos Benavent, imputado en la causa, pero que no se halla entre los arrestados en esta macrorredada.
La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia inicial. El trabajo de la UCO bajo la dirección del fiscal del caso concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.
El Juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
En el marco de esta diligencias se desarrolló la operación encaminada a la detención de algunos de los investigados, al aseguramiento de pruebas y a la adopción de medidas cautelares. La operación sigue abierta. La causa continúa secreta.
