Alaya reduce a 263 los imputados en el caso de los ERE

La juez Mercedes Alaya

nacional

| 23.03.2015 - 12:26 h
REDACCIÓN
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La causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha pasado de 264 a 263 imputados después de que la juez Mercedes Alaya haya archivado la causa seguida contra un imputado relacionado con las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla que falleció en enero de 2014.

En un auto notificado este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada declara extinguida la acción penal seguida contra Eustaquio Reina Fernández después de que su abogado comunicara que su cliente falleció el pasado 25 de enero de 2014, adjuntando al efecto la oportuna certificación de defunción.

Todo ello, no obstante, "sin perjuicio de la acción civil que en su caso pudiera corresponder contra sus herederos y causahabientes, que habrá de ejercitarse ante la jurisdicción civil, salvo que recayera sentencia en la causa que declarara la inexistencia de hechos constitutivos de los delitos que se investigan".

En un auto dictado el 6 de febrero, la juez Alaya imputó a un total de 35 personas por las ayudas concedidas a empresas de la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos a Eustaquio Reina, presidente y consejero delegado de la empresa Eustaquio Reina S.A., y a su hijo José Reina Espínola, consejero de esta sociedad dedicada a proyectos, construcción de obras públicas y mantenimiento de autovías, carreteras y ferrocarriles.

Según el auto de imputación, José Reina Espínola habría mandado una carta al director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, solicitándole la concesión de algún tipo de ayuda "a sabiendas de que no le correspondía legalmente y que le podría ser concedida como trato de favor", ya que Guerrero y el padre del imputado "tenían una estrecha amistad".

Así, "sin adjuntar documentación acreditativa del proyecto o memoria justificativa de la subvención, ni documentación acreditativa de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y sin que conste tampoco resolución de concesión, se instrumentó el pago de la misma ascendente a 300.000 euros mediante convenio con IFA de fecha 12 de marzo de 2004".

La juez había citado a declarar esta semana tanto al fallecido como a su hijo y a otros 33 imputados, comparecencias que han sido suspendidas después de que la Fiscalía Anticorrupción haya planteado la prescripción de los delitos atribuidos a 12 de estos encausados.