La mayoría de los magistrados que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han rechazado revisar en pleno la concesión de la libertad condicional para el etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, por lo que serán finalmente los cinco miembros de la Sección Primera, en una reunión que tendrá lugar este miércoles, los que tomarán la decisión definitiva sobre el preso enfermo.
Tan sólo ocho de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal se pronunciaron a favor de revisar el caso en pleno, según informaron fuentes de la Audiencia Nacional. Hacia falta el voto de diez magistrados para avocar a pleno el recurso de la Fiscalía. Serán por lo tanto cinco magistrados de la Sección Primera los que tendrán que decidir si confirman o revocan la libertad condicional otorgada a Bolinaga, que sufre un cáncer terminal.
Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal se reunirán este miércoles a partir de las 17.00 horas para estudiar y decidir sobre el recurso presentado la semana pasada por la Fiscalía contra la libertad del preso etarra.
Esta Sección estará integrada por Fernando Grande-Marlaska, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel y Nicolás Poveda, además del presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, quien ha sido elegido por sorteo en sustitución de la magistrada Manuela Fernández Prado, quien disfruta en la actualidad de una licencia por estudios.
Nicolás Poveda será el ponente del recurso.
Fue el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska, el que decidió someter a votación entre sus compañeros la posibilidad de llevar a pleno el asunto.
NUEVOS INFORMES
De forma complementaria, la Sección Primera ha dado traslado a la forense de la Audiencia Nacional de los últimos informes médicos emitidos sobre el estado de salud de Bolinaga para que exprese su opinión sobre los mismos antes de las 14.00 horas de este martes.
El objetivo de esta diligencia es que la forense de la Audiencia Nacional diga "si ratifica su informe obrante en la causa o si realiza cualquier ampliación sobre el peligro por la vida del interno", según señala la providencia dictada hoy por la Sección Primera de la Sala de lo Penal.
La forense aseguró a finales de agosto que el preso etarra no se encontraba en fase terminal.
La Fiscalía tiene de plazo hasta las 12.00 horas de este miércoles para presentar las alegaciones al nuevo informe de la forense.
LIBERTAD CONDICIONAL
La libertad condicional para Bolinaga, que no se hará efectiva hasta que no se confirme la decisión, fue acordada el pasado 30 de agosto por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro.
El magistrado tuvo en cuenta el delicado estado de salud del preso, al que se le otorgó el tercer grado penitenciario el pasado 17 de agosto por encontrarse enfermo. Bolinaga está ingresado desde el 1 de agosto en el Hospital Universitario Donostia de San Sebastián.
El juez De Castro, a pesar de concederle la libertad, impuso al preso una serie de "reglas de conducta" que debe cumplir "con estricta obligación" y le advirtió de que el permiso puede ser revocado en cualquier momento si se produce un "incumplimiento injustificado" de las condiciones.
El etarra, por ejemplo, tendrá prohibido acercarse al domicilio o al lugar de trabajo de las víctimas de sus delitos, entre los que se encuentra José Antonio Ortega Lara, y tampoco podrá "participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia, especialmente de la banda terrorista ETA y/o hacer declarciones de esa naturaleza, así como las que conlleven desprecio o desconsidración de las víctimas del terrorismo o pudieran ofender sus sentimientos".
RECURSO DE LA FISCALÍA
La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la semana pasada la concesión de la libertad condicional al considerar que al entender, entre otros aspectos, que vida del terrorista "no se encuentra en situación de riesgo inminente".
El fiscal Pedro Rubira, encargado del recurso, asegura que el juez De Castro ha cometido varios defectos formales en el procedimiento, como el no haber notificado a la Fiscalía los nuevos informes médicos.
