La nueva Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), basada en un sistema de plazos que permitirá el aborto en las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto, entrará en vigor este lunes 5 de julio, cuando se cumplen 25 años de la primera ley del aborto en España, y cuando aún está pendiente de resolución la cuestión previa de inconstitucionalidad planteada por el PP al Tribunal Constitucional.
Después de que el pasado miércoles el Alto Tribunal admitiese a trámite los recursos contra la ley presentados por el PP y el Gobierno de Navarra, abrió un plazo de tres días hábiles a partir de la notificación para que tanto las Cámaras como el Ejecutivo presentasen alegaciones a la posibilidad de suspender la entrada en vigor de la norma en tanto se resuelve acerca de su constitucionalidad. Sólo el Gobierno alegará y lo hará con la Abogacía del Estado.
Entre las novedades de la nueva ley, algunas ya reguladas por dos reales decretos aprobados en el Consejo de Ministros del pasado 25 de junio, figura la capacidad de abortar sin consentimiento paterno de las menores entre 16 y 18 años de edad, la composición de un comité clínico que analizará los casos de aborto más allá de las catorce primeras semanas y la preferencia del sistema sanitario público sobre las clínicas acreditadas para la práctica de la IVE.
