El Congreso aprobó hoy sin ninguna oposición -con los votos a favor del PSOE, PNV, CC y UPyD y con las abstenciones de PP, CIU, ERC-IU-ICV y BNG- elevar a 961 euros el sueldo que no se puede embargar por impago de una hipoteca y crear una línea ICO para deudas de ayuntamientos con pymes y autónomos.
De esta forma, el Gobierno consiguió aprobar un paquete de medidas que, según la vicepresidenta económica, Elena Salgado, son "urgentes" para paliar los efectos de las actuales turbulencias financieras en las familias, pymes y emprendedores.
El pleno del Congreso de los Diputados convalidó este decreto ley, cuyas iniciativas proceden en su mayoría de las resoluciones aprobadas durante el debate sobre el estado de la nación, por 178 votos a favor y 162 abstenciones.
Asimismo, el pleno del Congreso rechazó que el decreto ley se tramitara como proyecto de Ley para poder enmendarlo por 180 votos en contra y 160 a favor, lo que motivó la abstención del PP y de CiU en su convalidación.
No obstante, la mayoría de los grupos parlamentarios se mostraron a favor de las dos principales iniciativas, la de ayudas a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas y la de la línea ICO dotada con 3.400 millones de euros y que ya está puesta en marcha.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, avanzó que los ayuntamientos podrán solicitar los nuevos préstamos "en los próximos días".
Salgado recordó la elevada morosidad de las administraciones locales y dijo que ayudará a los autónomos que han visto "comprometido su trabajo" por la crisis.
La nueva línea, que comenzará a financiar primero las deudas de las pymes con menos de 250 empleados, pagará directamente a los proveedores las facturas pendientes a 31 de abril de 2011, a través de las entidades colaboradoras oportunas.
El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25 % de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del préstamo.
En este sentido, el diputado del PP Álvaro Nadal valoró que el ICO provea de liquidez a las haciendas locales y "reconozca" sus deudas, aunque criticó que no vaya acompañada de un plan financiero.
Por su parte, desde CiU Pere Macías incidió en que la nueva línea se queda "corta" puesto que sólo será capaz de financiar entre un 10 % y un 12 % de las facturas que deben los ayuntamientos, cuando el volumen de deudas de muchos de ellos asciende al 85 % de sus facturas.
El diputado del PNV Pedro Azpiazu aseguró que "permitirá salir de la angustia financiera" a las pymes y autónomos aunque lamentó que las medidas para los deudores hipotecarios "no llegue a ser una dación en pago".
Salgado afirmó que se tratará de que las ejecuciones hipotecarias se hagan "sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento" al elevar del 50 al 60 % el precio mínimo en subasta.
Además, el decreto reduce el depósito previo necesario para participar en una subasta y obliga a dejar por escrito el compromiso de establecer pujas por internet.
Asimismo contempla la exención a las familias de la tributación en el IRPF de las plusvalías generadas por la inversión de 25.000 euros al año en empresas.
También incluye la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para fijar un tope al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales, una regla de gasto que según Nadal "no sirve para nada y no genera confianza a los mercados".
Para el PP es una regla "manipulable" porque un tercio de su cálculo depende de la previsión del Gobierno, y además excluye a los municipios pequeños y dos de las principales partidas del gasto; la del desempleo y la de los intereses de la deuda.
De acuerdo con la norma, el límite de gasto se fijará tomando como referencia la evolución durante un periodo de nueve años del PIB nacional en términos nominales, aunque teniendo en cuenta una inflación del 1,75 %.
