El juez Castro cuelga la toga

  • Se despide del Juzgado y dice no querer quedarse con la "etiqueta" de ser el juez que imputó a la Infanta

El hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el juez José Castro, ha declarado este martes, su último día de trabajo, que no quiere quedarse con la "etiqueta" de haber sido el juez que imputó a la Infanta Cristina en el caso Nóos.

Así se ha expresado en declaraciones a los periodistas a su llegada a los Juzgados de Palma. El juez ha señalado que de no ser por la jubilación forzosa continuaría ejerciendo porque no se siente "agotado" y ha reconocido no estar preparado "anímicamente" para despedirse. Asimismo, ha descartado dedicarse al mundo de la política tras su jubilación como juez.

EL JUEZ QUE IMPUTO A LA INFANTA

Castro ha llegado en su moto al aparcamiento del juzgado, donde le esperaban numerosos medios de comunicación a los que ha atendido antes de entrar en el edificio.

José Castro ha señalado que al margen de Nóos ha instruido muchos casos y que ha trabajado más de 30 años antes de imputar a la Infanta en el caso Nóos. Con todo, ha indicado a los periodistas que serán ellos quienes decidirán si pasa a la historia como el juez que imputó a la Infanta o si pasa "al olvido". Sobre la sentencia, ha insistido en que "hay que acatarla y esperar lo que decida el Supremo".

El juez ha indicado que la jubilación forzosa por razón de edad "no es algo que cae sorpresivamente" sino que se había preparado económicamente, pero ha reconocido no estar "preparado anímicamente" para afrontar las despedidas de sus compañeros. "Llevan 27 años soportándome, una de las condenas más duras que se han impuesto en Baleares", ha ironizado.

En esta línea, se ha mostrado "emocionado" y ha manifestado su agradecimiento a los periodistas, que le han juzgado "con mucha justicia" si bien se ha llevado "algún que otro varapalo".

NO CONTEMPLA LA OPCION DE LA POLITICA

Al juez le hubiera gustado continuar ejerciendo porque no se siente "agotado". "Estando en una mesa y un ordenador creo que todavía puedo hacerlo", ha dicho José Castro, que prevé continuar dando clases en una universidad privada.

No obstante, ha dejado claro que la política no es una de sus opciones. "Lo dije en su momento y no sería leal chaquetear ahora. No voy a hacer ninguna crítica a la política, simplemente no la contemplo", ha expresado.

El juez ha celebrado este martes sus últimos juicios ordinarios. En uno de ellos, al dar paso a la audiencia pública la sala se ha llenado de fiscales, funcionarios del Juzgado y otros jueces que han querido rendir un pequeño homenaje al magistrado, al que han dedicado un aplauso.

CUELGA LA TOGA TRAS 40 AÑOS DE JUEZ

El juez José Castro da por terminada este martes su carrera como juez después de 40 años de trabajo y de haberse convertido en una figura mediática tras la imputación de la Infanta Cristina dentro de la investigación del 'caso Nóos', que también sentó en el banquillo a Iñaki Urdangarin.

Este caso de corrupción en Mallorca empezó en 2010 y acabó a principios de 2017 con la Infanta Cristina declarada responsable como partícipe a título lucrativo por más de 265.000 euros y con su marido, Iñaki Urdangarin, condenado a seis años y tres meses de cárcel.

El caso Nóos surgió de una pieza derivada de la macrocausa del Palma Arena -que tuvo más de 25 piezas separadas- en la que Castro acabó fijando una fianza de tres millones de euros al que fuera presidente del Govern, Jaume Matas. Por este caso, el también ex ministro de José María Aznar estuvo una temporada en la cárcel y acumula cinco condenas.

Antes de esto, Castro instruyó, entre otros, el caso Calvià que investigó un interno de soborno por parte del entorno del PP a un concejal socialista en los años 90 o llevó a cabo la investigación de un robo de más de cinco millones de euros para chantajear al clan de la Paca (2006).

Castro cuelga ahora la toga de juez, puesto que mañana cumplirá los 72 años, y después de llevar casi 30 años como titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, desde donde en abril de 2013 imputó por primera vez en la historia de España a un miembro de la Familia Real.