Las irregularidades "eran de notorio conocimiento" del Gobierno andaluz, segun el exinterventor

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez ha asegurado este jueves en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que "todas las irregularidades" de las que alertó la Intervención en relación al sistema por el que se concedían las ayudas sociolaborales "eran de notorio conocimiento" del Consejo de Gobierno andaluz.

Fuentes del caso han informado a los periodistas de que, durante su declaración ante la juez Mercedes Alaya, el que fuera interventor de la Junta entre los años 2000 y 2010 ha asegurado asimismo que "era impensable" que el entonces consejero de Hacienda y actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General.

En este sentido, el imputado ha hecho mención a varios aspectos significativos que le llevan a afirmar todo lo anterior, como son, en primer lugar, que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", mientras que, en segundo lugar, ha mencionado que la Intervención alertó en 2005 de que "existía un desfase presupuestario de 93 millones" que "trastocaba al presupuesto general" de la Junta. Por todo ello, ha afirmado que "se puede presumir" que dicho Consejo de Gobierno "aprobó el sistema de junio de 2001", en relación al sistema de transferencias de financiación para pagar las ayudas sociolaborales.

De igual modo, ha revelado que durante el año 2012 se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz", pero Aaguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.

SE RATIFICA ANTE LA JUEZ

La juez que investiga los ERE falsos ha dado por sentado que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, conocía los informes en los que le advertían de irregularidades en el proceso de las ayudas cuando era consejero de Hacienda.

Así lo ha dicho la juez Mercedes Alaya en la introducción de una de las preguntas que ha planteado al ex interventor general del Gobierno andaluz Manuel Gómez Martínez, que hoy declara como imputado por el caso de los ERE.

Abogados personados en la causa han informado en un receso de la declaración de que Gómez Martínez ha manifestado que no recibió presiones políticas para no alertar sobre las irregularidades en el proceso de las ayudas.

Ha explicado que no emitió el preceptivo informe de actuación, que hubiera paralizado el procedimiento utilizado por la Junta para las ayudas, porque "habría quedado en un cajón" igual que los anteriores, han añadido los citados abogados.

Gómez Martínez ha iniciado su comparecencia ratificando su declaración ante la Guardia Civil y su escrito titulado "Divinas palabras", dirigido al presidente del Parlamento andaluz poco después de su comparecencia ante la comisión parlamentaria de investigación en 2012.

En dicho escrito, el que fue interventor de la Junta entre 2000 y 2010 aseguró que los altos cargos de la Administración "podrían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad".

También afirmó que los funcionarios públicos habían sido agredidos por "una caterva de políticos cobardes y sin honor".

IMPUTA DOS DELITOS AL INTERVENTOR

El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez ha ratificado este jueves, en su declaración como imputado ante la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, en la que señalaba que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "cebó sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

De este modo, el ex interventor de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010 ha ratificado ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, tanto la carta que remitió al Parlamento como lo dicho el pasado verano en la comisión de investigación constituida en la Cámara andaluza sobre las irregularidades detectadas en los ERE.

Hay que recordar que, en dicha carta, Manuel Gómez recordó que la Intervención "advirtió hasta 15 veces de las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31.L", más conocido como 'fondo de reptiles', "y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubieran tenido voluntad de hacerlo".

Antes de comenzar su declaración, la juez le ha leído brevemente los hechos que le atribuye, imputándole sendos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y achacándole que ya antes del año 2001 autorizó hasta seis modificaciones presupuestarias.