El juez impone una fianza de 16 millones para Miguel Blesa y de 3 a Rato

  • Blesa defiende la legalidad de su tarjeta, que ya ha regularizado en Hacienda
  • Rato afirma que la tarjeta era parte de su sueldo y estaba sujeta a retención

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha impuesto hoy una fianza de 16 y 3 millones de euros a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, para asegurar las responsabilidades pecuniarias y les concede tres días hábiles para depositarlas si no quieren ver embargados sus bienes.

El magistrado ha tomado esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que las conductas de los imputados se podrían tipificar como un delito continuado de administración desleal, que sanciona a los administradores de una sociedad que causen perjuicios, con abuso de las funciones propias de su cargo, han informado fuentes jurídicas.

Para calcular la cuantía de ambas fianzas se ha tenido en cuenta el dinero que durante su mandato en la entidad financiera se gastó de forma presuntamente ilícita con las tarjetas opacas, más el 25 % mínimo de más que recoge la ley que se puede imponer, una cifra que alcanza los 16 millones para Blesa y los 3 millones para Rato.

Así, en el caso de Blesa, los gastos cargados en total a esas tarjetas ascendió a 12,5 millones y en la de Rato a 2,6 millones.

La cuantía de estas fianzas sirve para asegurar las responsabilidades pecuniarias, que comprenderían tanto la responsabilidad civil como las multas que se puedan imponer en el procedimiento en caso de ser condenados.

Andreu les ha dado tres días hábiles para que depositen esas cantidades con el apercibimiento de que si no lo hacen en este plazo de tiempo se procederá al embargo de sus bienes.

BLESA DEFIENDE LA LEGALIDAD DE SU TARJETA

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha defendido hoy la legalidad de la tarjeta a la que cargó 436.688,42 euros porque era un complemento retributivo "de libre disposición" a su sueldo, aunque ha dicho que ha regularizado su situación ante Hacienda al comprobar que sus declaraciones no eran correctas.

El exbanquero ha declarado durante una hora como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a quien ha afirmado que las tarjetas presuntamente opacas eran una tradición "consuetudinaria" e institucionalizada en la caja desde mucho antes de su llegada en 1996, han informado fuentes jurídicas.

Asimismo, el expresidente de Caja Madrid ha afirmado, según las fuentes consultadas, que él jamás entregó a nadie ninguna tarjeta porque era una cuestión del departamento de Recursos Humanos y que, aunque sí les dio su visto bueno, él no tomaba ningún tipo de decisiones y elevaba el asunto al comité de medios.

RATO AFIRMA QUE LA TARJETA ERA PARTE DE SU SUELDO Y ESTABA SUJETA A RETENCIÓN

El expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato ha asegurado hoy en la Audiencia Nacional y en declaraciones a Efe que la tarjeta para uso personal que se le entregó el primer día que llegó a la entidad formaba parte de su retribución y estaba sujeta a retención fiscal como cualquier otro concepto salarial.

"La tarjeta era un instrumento de pago que formaba parte de mi retribución salarial y como tal la acepté". Por lo tanto, argumenta, estaba incluida en su salario y respondía a su contrato.

Además, siempre según su versión, en su declaración ante el juez Fernando Andreu, que posteriormente le ha impuesto una fianza de tres millones, Rato ha explicado que la tarjeta estaba sujeta a retención como cualquier otro concepto salarial, "siendo plenamente coherente" con su retribución neta anual.

Rato, que no obstante ha devuelto los gastos cargados a Bankia y ha consignado los asumidos anteriormente por Caja Madrid, sostiene que la tarjeta era un instrumento de pago "público y conocido" que se había adoptado para los miembros del consejo y del comité de dirección de la caja desde hacía "al menos 15 años".

La tarjeta era nominativa y estaba emitida por Caja Madrid en un contrato estándar con visa, con lo que sus movimientos quedaban "perfectamente registrados" y "no podían ser, en ningún caso, ocultos".

La tarjeta para uso personal, al margen de la de representación, se entregaba a cada beneficiario "a iniciativa de la entidad como instrumento de pago de una parte de sus retribuciones", ha añadido.

SÁNCHEZ BARCOJ SE DESVINCULA DE LA CREACIÓN DE LAS TARJETAS OPACAS

Por su parte, el ex director financiero de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj se ha desvinculado ante el juez Andreu de la creación de las tarjetas opacas de la entidad con la que 86 exconsejeros y exdirectivos cargaron 15,5 millones de euros entre 1999 y 2012.

Durante su interrogatorio, que se ha prolongado durante una hora y diez minutos, Barcoj ha asegurado al magistrado que esta práctica ya existía cuando él ingresó en Caja Madrid en la década de 1980, han informado fuentes jurídicas.

Asimismo, ha alegado que sus gastos correspondían al ejercicio de sus funciones, y ha incluido sus viajes, como uno que realizó al centro de Europa coincidiendo con el cierre del mercado.

GASTOS PERSONALES

Según la documentación que obra en manos del juez, Sánchez Barcoj no solo era el principal responsable de la gestión de las tarjetas, sino que fue su principal beneficiario, cargando 484.200 euros a Caja Madrid y otros 98.789 a Bankia, que ya devolvió.

También se ofreció a devolver lo sufragado por Caja Madrid a la Fundación del mismo nombre, heredera de la obra social de la entidad, pero terminó por consignar la cifra en una cuenta del juzgado de Andreu.

En el escrito en el que acompañaba el cheque, ya se desligaba de la gestión de esta tarjeta al afirmar que se le entregó como un complemento "muy poco significativo" de su salario y que ya se usaban en los años 1980.

Además, subrayaba que es "rotundamente falso" que haya intervenido en la creación de las tarjetas, "oportunidad de su uso, determinación de las personas a las que debía asignarse, límite económico anual y la forma con que habrían de ser utilizadas".

Sánchez Barcoj ha cedido el turno al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que se encuentra ahora declarando, tras lo cual deberá comparecer su sucesor, Rodrigo Rato.

DENUNCIA DEL FROB

El escándalo fue conocido después de que Bankia trasladara a su principal accionista, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un informe y un CD con el detalle de movimientos bancarios que este organismo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, judicializó el asunto el pasado 24 de septiembre al trasladar a la Audiencia Nacional las diligencias que había abierto a comienzos de mes por posibles delito societario de administración desleal y apropiación indebida.

El juez Fernando Andreu, que asumió estos hechos al instruir el 'caso Bankia', preguntó al Banco de España si conocía la existencia de estas tarjetas y le pidió que, en el marco del informe pericial que está realizando sobre las prácticas en la entidad, analice si su uso puede constituir un delito de administración desleal.

EL FROB ABRE UNA CUENTA EN BANKIA PARA QUE PUEDAN DEVOLVER EL DINERO

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha abierto una cuenta en Bankia para que los exdirectivos y exconsejeros de Caja Madrid y Bankia que hicieron uso de las tarjetas 'B' entre 2003 y 2012 puedan devolver el dinero que gastaron si así lo desean, según han informado fuentes financieras.

Las fuentes han precisado que esta operativa no supone que el FROB esté decidiendo sobre la naturaleza jurídica del acto, ya que será el juez el que determine quién está legalmente autorizado para reclamar estos importes.

HACIENDA ASEGURA QUE DEVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS OPACAS NO EXIME DE SANCIONES

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, ha asegurado que la devolución del dinero gastado con las tarjetas opacas de Caja Madrid no exonera a sus titulares del pago de impuestos por su uso y de sanciones.Ferre ha hecho estas declaraciones a la prensa, tras participar en la II Edición del Foro ANFAC y PwC sobre el sector del automóvil.

Según el secretario de Estado, devolver las cantidades gastadas por parte de los consejeros no exime de culpa en materia tributaria, otra cosa es a efectos con la propia entidad afectada o con el juez que investiga el caso. Al respecto, ha precisado que, al igual que con otros ciudadanos, si se llega a la conclusión de que hay infracción "hay que pagar sanción y recargos".