La juez impone una fianza de 29 millones a Magdalena Álvarez por los ERE

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros a la exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento Magdalena Alvarez, una medida cautelar que "tiene una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible del dinero que de manera indiciariamente ilícita ha salido del erario de la Junta".

En un auto, la juez Mercedes Alaya impone además una fianza civil de 22.176.096,89 euros al exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro, y de 8.870.438,76 euros al exsecretario general de Hacienda andaluz entre 2000 y 2004 Antonio Estepa.

En la resolución, contra la que cabe recurso, la juez concede a los tres imputados el plazo de una audiencia, a contar desde el siguiente día a la notificación del auto, para la prestación de la fianza, advirtiendo de que ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades si no se abona la fianza en dicho plazo.

En la primera de las dos comparecencias de Alvarez ante la juez, celebrada el 8 de octubre de 2013, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta andaluza pidieron medida alguna para la imputada, mientras que la acusación que ejerce Manos Limpias pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 125 millones, más el tercio legal previsto.

En el caso de Magdalena Alvarez, imputada por dos presuntos delitos de malversación y prevaricación, la instructora toma como base para fijar la fianza civil las ayudas "efectivamente abonadas" hasta el 31 de diciembre de 2003, una cuantificación "realizada a groso modo" dado que su cargo "perduró hasta el 7 de febrero de 2004", precisando que el importe de las mismas asciende a 177.408.775,22 euros.

"Por razón de sus competencias y responsabilidad en los hechos, compartida principalmente con la Consejería de Empleo", la juez cuantifica la fianza civil referente a la exconsejera en 2/8 de dicha cifra, lo que son 22.176.096,90 euros más el tercio legal previsto.

La juez deja claro que la participación atribuida a la exministra "igualmente se aprecia en otros miembros de su Consejería, como el viceconsejero, el secretario general técnico y el director general de Presupuestos, así como de los responsables de la Consejería de Empleo -consejero, viceconsejero, secretario general técnico y director general-".

"DE FORMA TOTALMENTE OPACA"

Alaya cree que Alvarez y los otros dos imputados, en virtud de los cargos ostentados, "serían promotores, en connivencia con otros, del procedimiento ilegal de concesión de subvenciones sociolaborales que se instaurarían en la Administración Autonómica desde el año 2000 y que perduraría hasta el año 2011", un procedimiento que "consistía en dotar a la Consejería de Empleo de un crédito presupuestario, las denominadas transferencias de financiación, legalmente inadecuado para el otorgamiento de tales subvenciones", ya que "su finalidad era financiar operaciones genéricas de los entes o empresas públicas".

Al hilo de ello, incide en que la adopción de este procedimiento "al margen de la Ley" se iniciaría, "entre otros, con la autorización de los inculpados encargados de la elaboración del presupuesto anual, en virtud del interés de la Junta de dar mayor agilidad a los procesos de ayudas sociolaborales", todo ello con la finalidad "básica" de "eludir el control de legalidad que significaba la fiscalización previa de la Intervención en los expedientes de subvenciones".

"Este uso ilegal de fondos públicos se permitiría por los inculpados, a sabiendas de que en virtud de dicho procedimiento la concesión de subvenciones sociolaborales necesariamente se realizaría con absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca, incumpliendo los más elementales principios de actuación de la Administración consagrados en el Estatuto de Autonomía, como el de imparcialidad, transparencia y no discriminación y los principios rectores de la actuación subvencionadora: publicidad, libre concurrencia, objetividad e igualdad", asevera la juez.

"DESPLAZAMIENTOS DE FONDOS PUBLICOS A TERCEROS POR MERA LIBERALIDAD"

De este modo, las subvenciones "concedidas al margen de su procedimiento legal" se habrían convertido "en desplazamientos de fondos públicos a terceros por mera liberalidad".La juez dice que "se podría afirmar que el uso que le dio la Consejería de Empleo a estos fondos públicos no era responsabilidad de los inculpados" aludidos, "pero para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público el paso previo sería lograr dichos créditos presupuestarios, las transferencias de financiación, actuación en la que se incardinaría la participación" tanto de Magdalena Alvarez como de los otros dos ex altos cargos.

Agrega que, durante 2000 y 2001, "se optaría por actuar al margen de la Ley de Presupuestos aprobada, utilizando la vía de las modificaciones presupuestarias", de manera que "se tramitaron por la Consejería de Economía y Hacienda" a la que estaban ligados los tres imputados "siete modificaciones presupuestarias para dotar de fondos a la partida de las transferencias de financiación". "

Dichas modificaciones, aprobadas todas ellas por el Consejo de Gobierno, salvo una aprobada por Magdalena Alvarez, ascendieron a la suma de 93 millones", precisa.

"PARTIDA FRAUDULENTA"

La juez pone de manifiesto que "el segundo paso, después de dos años de andadura, sería la introducción de dicha partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el Presupuesto, concretamente en el año 2002 y de ahí en los sucesivos ejercicios económicos", una labor en la que "también tendrían una importante participación los inculpados", ya que la elaboración de los presupuestos "era una de las competencias" de la Consejería de Economía y Hacienda.

Alaya afirma que la inclusión en el Presupuesto de dicha partida de transferencias de financiación "daría lugar a un uso completamente arbitrario de los fondos públicos" por la Consejería de Empleo, "amén de desmesurado al asumirse compromisos por encima del techo presupuestario, generándose un déficit en IFA en los años 2003 y 2004 de 38 y 93 millones, respectivamente, al ser IFA la que adelantaba el caudal público".

Los imputados "contribuirían a alimentar la ilícita partida con la tramitación de nuevas modificaciones presupuestarias, concretamente cinco en 2002 que ascendieron a 32,1 millones, de los cuales cuatro fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno a propuesta de Magdalena Alvarez y una autorizada por ella".

Todos estos "indicios", según Alaya, "vendrían asimismo corroborados" por el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta entre 2001-2010, que "apunta claramente a la importancia que ha tenido la elaboración de los sucesivos presupuestos anuales para el mantenimiento del procedimiento presuntamente ilegal y en los que por razón de competencia habrían sido protagonistas los inculpados".

MAGDALENA ALVAREZ DECLARA SU "ABSOLUTA INOCENCIA"

La exministra de Fomento y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, ha declarado en un comunicado su "absoluta inocencia" con respecto a los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con su actuación en el caso de los ERE fraudulentos.

Álvarez, tras conocer que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, le ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros, ha recordado que su imputación no es firme, por estar pendiente de un recurso de apelación presentado ante la Audiencia y cuya fecha de deliberación está fijada para el próximo 23 de abril.

"Conviene recordar que un primer auto de imputación, con fecha de 28 de junio de 2013, fue declarado nulo de pleno derecho por este mismo órgano jurisdiccional", señala el comunicado, que añade: "Queda, pues, totalmente fuera de lugar la imposición de fianza civil justo antes de que se resuelva dicho recurso sobre el fondo del asunto, sobre si existe o no delito".

Álvarez también recuerda que "en ningún momento" ni el Ministerio Fiscal ni la Junta de Andalucía ni la Abogacía del Estado consideraron necesaria ni oportuna la adopción de medida cautelar alguna.

Álvarez ha señalado que su actitud ha sido en todo momento de colaboración total con la investigación, que se personado incluso antes de ser oficialmente notificada, que ha acudido a declarar en dos ocasiones y que ha contestado a todas las preguntas que se le han formulado.

También ha resaltado que "la propia juez, en el auto en que establece la medida, reconoce que el uso que le dio la Consejería de Empleo a estos fondos públicos, no era responsabilidad de los inculpados a los que se refiere la presente resolución, pero para llegar a instaurar este procedimiento y disponer de gasto público, el paso previo sería lograr dichos créditos presupuestarios, las transferencias de financiación, actuación en la que se incardinaría la participación de éstos".

Álvarez señala que la juez "sitúa la comisión de los supuestos delitos en el mero acto de presupuestar las transferencias de financiación. Esto es, en la articulación de los instrumentos presupuestarios que luego llena de contenido económico cada consejería". Según la exconsejera, dichos créditos presupuestarios "fueron aprobados posteriormente en la Ley de Presupuestos por el Parlamento de Andalucía, y las modificaciones presupuestarias recibieron el informe positivo, en todos los casos, de la Cámara de Cuentas".