El fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista ha pedido que se retire el delito de colaboración con organización terrorista a los tres imputados en la causa por el chivatazo que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), al considerar que no se puede demostrar que los acusados "compartieran las finalidades y los objetivos de la organización terrorista", informaron fuentes jurídicas.
Así lo ha defendido durante una vista ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal celebrada este jueves en la que se ha analizado el recurso de apelación que el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, interpuso contra el auto en el que el juez Pablo Ruz acordaba reactivar la investigación y transformar las diligencias previas que se abrieron en 2006 en sumario.
El representante del Ministerio Público ha defendido que el único delito que podría imputarse a García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco y el inspector de Vitoria que supuestamente realizó el chivatazo sería el de revelación de secretos oficiales, ya que, a su entender, los hechos no se ajustan a lo establecido en el artículo 576 del Código Penal para el delito de colaboración con organización terrorista, que está penado con hasta 10 años de cárcel.
Si el tribunal accediera a esta petición, el juez instructor, Pablo Ruz, tendría que ceder la competencia con toda proabilidad a los juzgados de Irún, ya que en la causa no se investigarían delitos de naturaleza terrorista. Antes estaría obligado a transformar las actuaciones en diligencias previas, ya que el delito de revelación de secretos está penado con un máximo de tres años de cárcel y el trámite del sumario está contemplado para hechos delictivos castigados con más de nueve años de cárcel.
"INDICIOS DE CRIMINALIDAD"
En la vista, que se ha desarrollado a puerta cerrada, la Fiscalía también se ha opuesto al sobreseimiento de la causa, que ha sido solicitado por la defensa de García Hidalgo, al considerar que existen "indicios racionales de criminalidad" que se han confirmado a raíz de las diligencias que Ruz ordenó tras reactivar la causa el pasado 24 de enero.
Según fuentes fiscales, los "nuevos elementos de incriminación" se han puesto de relieve a partir de los interrogatorios que ha celebrado Ruz en la parte de la causa que se mantiene secreta, los informes periciales ordenados al Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las compañías telefónicas y las declaraciones realizadas por los agentes que grabaron el entorno del 'Faisán'.
Entre estas pruebas también se encuentran los fotogramas aportados al juez por el jefe del equipo de investigación, Carlos G., en los que, según fuentes de la causa consultadas por Europa Press, aparecía el inspector imputado accediendo al bar 'Faisán' en la mañana en que se produjo la delación.
El criterio que ahora defiende la Fiscalía choca con el que mantuvo el 1 de octubre de 2009, cuando pidió al juez Baltasar Garzón, que instruyó la causa hasta que fue suspendido en sus funciones el 14 de mayo de 2010, el archivo de las actuaciones por falta de autor conocido.
NO HAY CAMBIOS, SEGUN LAS ACUSACIONES
Por su parte, las acusaciones populares, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Dignidad y Justicia (DyJ) y el Partido Popular (PP), se han opuesto al sobreseimiento libre de la causa y a la retirada del delito de colaboración argumentando que no se han producido elementos nuevos para modificar los delitos imputados y que para una valoración definitiva de los hechos sería necesario levantar el secreto de toda la causa.
El recurso de la defensa de García Hidalgo será analizado por los magistrados Fernando García Nicolás (presidente del tribunal), José Ricardo de Prada y Julio de Diego, que tendrán que pronunciarse sobre el auto que Ruz dictó el 24 de enero pasado y en el que ordenaba nuevas diligencias, entre ellas un informe al equipo de investigación en el que se pedían detalles sobre los cortes que presentaba el vídeo.
En el auto recurrido el instructor también solicitaba al jefe superior de Policía en el País Vasco y al inspector que identificaran al confidente etarra que fue citado por estos para explicar el tráfico de llamadas que se produjo en torno al 'Faisán'.
Además, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal tiene pendiente resolver varios recursos sobre el chivatazo, entre ellos uno del jefe superior de Policía del País Vasco y otro de las acusaciones populares para que comparezca en sede judicial el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que habló por teléfono con García Hidalgo antes de que se produjera el chivatazo.
