La exconsejera Aguayo defiende ante el Supremo andaluz su gestión en los EREs

La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha mostrado su satisfacción por haber podido comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el marco de la causa sobre los ERE para "aclarar por fin" su gestión pública que, ha dicho, "ha sido de plena dedicación, totalmente honrada y dentro de los márgenes de la legalidad".

Martínez Aguayo, que ha declarado voluntariamente en calidad de imputada durante algo menos de dos horas, ha dicho a la salida del alto tribunal andaluz con sede en Granada que espera que su comparecencia de hoy pueda servir para "archivar" la causa y que "quede clara" toda su gestión al frente de la Consejería.

"Tenía ganas de hacerlo, es muy incómodo estar mucho tiempo esperando poder hacer esta declaración", ha sentenciado la exconsejera, quien ha añadido que confía "plenamente" en la justicia y que espera que su "honestidad y honor" queden "restituidos" tras su declaración judicial.

Martínez Aguayo ha manifestado a los periodistas que, durante su comparecencia ante el Tribunal Superior de Justicia andaluz, ha dado "toda la información" que se le ha requerido y que cree haber "aclarado suficientemente todos los temas". Ha explicado que ha contestado a todo lo que su abogado le ha recomendado, especialmente en todo lo que supone "técnicamente" su gestión en la Consejería de Hacienda.

"Yo no temo nada, confío plenamente en la justicia y he hecho lo que tenia que hacer", ha insistido la extitular de Hacienda, que ha subrayado el "pleno convencimiento" en su honradez y honestidad profesional. "Espero que las cosas se sobresean y que quede la cosa en un punto y final", ha concluido.

Fuentes judiciales han informado a Efe de que, durante su comparecencia, el instructor ha expuesto a Martínez Aguayo los hechos que indiciariamente se le imputan según la exposición razonada presentada por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y le ha dado la oportunidad de pronunciarse sobre los mismos.

En la declaración estaban presentes la Fiscalía, la acusación particular ejercida por el Partido Popular y las defensas de los exconsejeros Francisco Vallejo y de Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. Ni la Fiscalía ni la defensa de Vallejo han efectuado ningún tipo de pregunta y la exconsejera ha "declinado" contestar a las preguntas de la acusación particular, han indicado las fuentes.

Tan sólo el magistrado instructor Miguel Pasquau y la defensa de Martínez Aguayo han preguntado en una comparecencia en la que las partes no han solicitado ningún tipo de medida cautelar.

La declaración se ha producido tras la prestada ayer en el mismo tribunal, también de forma voluntaria, por el exconsejero de Economía e Innovación Antonio Ávila, que defendió su honestidad y negó cualquier irregularidad en su actuación. Tras las declaraciones de Ávila y Martínez Aguayo será el turno del también exconsejero andaluz Francisco Vallejo, que comparecerá a petición propia el próximo 15 de abril.

LA UNIDAD OPERATIVA DE LA UCO SOSTIENE QUE LA JUNTA REPARTIÓ SIN CONTROL 3.000 MILLONES DE EUROS

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se hizo cargo de tomar estas declaraciones y también la del exconsejero Manuel Recio, todos aforados, una vez que la juez Mercedes Alaya le remitió en enero una exposición razonada, como también hizo en agosto pasado ante el Tribunal Supremo con otros cinco parlamentarios, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Unidad Operativa de la Guardia Civil sostiene que bajo sus presidencias la Junta repartió también sin control 3.000 millones en subvenciones para cursos de formación durante al menos ocho años.

La UCO se basa en los informes incautados, en los testimonios de los interventores y de Teresa Florido, exdirectora general de Formación Profesional. Tras ser detenida, declara que tan pronto aterrizó en el cargo se enteró que existían 15.000 expedientes de cursos para parados pendientes de justificar.

Dice que creó entonces una "Unidad de Vigilancia" pero era tan solo una funcionaria la encargada de revisar si habían llegado a su fin los 1.800 millones entregados hasta entonces.

La Guardia Civil lo corrobora en una atestado de 39 páginas entregado a juez Alaya en el que afirma que existía un "plan concertado" para repartir dinero al antojo de la Junta y sin control. El Gobierno de Susana Díaz, ya ha respondido, dice que los dineros pendientes de justificar son 733 millones y no 3.000.