Una exasesora de Empleo asegura que Chaves y Griñán conocían la gestión de las ayudas de los ERE

María José Rofa, la ex asesora técnica de la Dirección General de Trabajo entre julio de 2008 y marzo de 2011, ha asegurado que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán tenían conocimiento de la gestión de la Dirección General de Trabajo del programa presupuestario 31L por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

Rofa ha seguido declarando este martes como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos Chaves y Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían dichas ayudas por parte de la Dirección General de Trabajo y que eran abonadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con fondos del 31L que la Dirección General enviaba a este ente a través de transferencias de financiación.

Rofa, a preguntas de la acusación del PP-A, ha afirmado que Chaves y Griñán tenían conocimiento de la gestión de la Dirección General de Trabajo del 31L porque el gabinete de Presidencia pedía "suficiente información" de pagos, protestas y conflictos "cada vez que surgía un conflicto o una queja".

En este sentido, la testigo, que declara con asistencia letrada al encontrarse aún investigada en una pieza separada de los ERE, ha añadido que "antes de visitar territorios era normal que el gabinete de Presidencia preguntara si había alguna conflictividad en ese lugar".

Rofa, que hizo entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta 1.627 archivos electrónicos que ella guardaba de su labor en la Dirección General de Trabajo, ha manifestado que cuando este lunes hacía referencia a que el pago de algunas ayudas venían ordenadas "desde arriba" y que el último que se enteraba era el director general de Trabajo --ella coincidió con Juan Márquez y Daniel Rivera--, se refería a alguien "superior" al director general, ya sea viceconsejero o consejero, quien "tuviera interés".

Así, ha precisado que en el Consejo de Gobierno cada consejero "representa a un territorio" y ha apuntado que el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, procesado en esta causa, "impulsó" las ayudas a Primayor o las de Delphi "venían de Presidencia, de hecho el único que no salió en la foto fue el exconsejero de Empleo Antonio Fernández --procesado en esta causa-- y sí el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Zarrías y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo", otro de los ex altos cargos de la Junta procesado en este juicio. "El 31L lo conocía todo el mundo, incluso el Parlamento", ha afirmado, apuntando que "el impulso" del programa de ayudas "no viene de la Dirección General de Trabajo, sino de miembros del Gobierno, según el territorio". "El director general no se mete en todos los charcos que se han dado por motu proprio".

La acusación del PP-A ha preguntado a Rofa a quién se refiere cuando habla de Presidencia. "Me refiero a ambos con las que yo he trabajado", añadiendo que Griñán solicitó información sobre el ERE de Mercasevilla, cuyas irregularidades saltó a la prensa en noviembre de 2010 como la presencia de 'intrusos' y motivó una revisión por parte de la Dirección General de Trabajo de todos los ERE que aún se estaban pagando.

Rofa ha asegurado que en su etapa en la Dirección General de Trabajo no recibieron instrucciones de consejeros para incluir a personas como beneficiarias en los ERE.