La fiesta anual del cine español cumple el domingo un cuarto de siglo bajo la sombra de la llamada "ley Sinde", una norma que pretende proteger la propiedad intelectual en Internet pero que ha desatado una auténtica tormenta en el mundo de la cultura.
Gran parte de la atención durante la ceremonia que se celebrará en el Teatro Real de Madrid se centrará en los discursos de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde - que da nombre a la ley -, y del aún presidente de la Academia del Cine, Álex de la Iglesia, debido a sus posturas divergentes sobre una ley denostada y alabada pero que trata de afrontar un hecho innegable: la sangría económica en un sector ya afectado por la pérdida de espectadores.
"Es muy difícil que pueda prosperar un negocio legal en Internet (...) compites contra un clon de ti mismo", dijo a Reuters José Manuel Tourné, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), cuando se le preguntó por qué es tan complicado encontrar una oferta legal en España.
"Es como abrir una tienda en el salvaje oeste, entrarán los bandoleros y te robarán el contenido", agregó.
El Gobierno impulsó la "ley Sinde" - que abre la puerta al cierre de páginas de descargas en Internet -, y tras una convulsa tramitación parlamentaria ha logrado pactar y está a punto de recibir la aprobación final en el Congreso de los Diputados, pero por el camino ha causado una fractura. De la Iglesia, partidario en un principio de la iniciativa y que trabajó por un consenso entre creadores e internautas, ha acabado rechazándola y presentando su dimisión.
La oposición en la Red es casi unánime y se han convocado actos de protesta para el día de los Goya, como uno del grupo Anonymous, que realizó ciberprotestas en apoyo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.
Asociaciones de usuarios de Internet y de consumidores desaprueban un texto que califican de ataque a la libertad de expresión, de censura y de una imposición de Estados Unidos, citando el contenido de algunos despachos diplomáticos estadounidenses filtrados por WikiLeaks. Su rechazo se extiende al canon digital, la cantidad que pagan los usuarios en compensación por las copias privadas y que también aparece contenido en la ley.
El enfrentamiento entre unos y otros podría acabar en los tribunales. La plataforma todoscontraelcanon ha presentado una denuncia contra las entidades de gestión en la fiscalía anticorrupción, acusándolas de posible fraude y apropiación indebida por lo que recaudan por las copias privadas, a lo que estas han respondido con una querella criminal. Continuación...
