Otros 6 controladores se niegan a declarar ante la Fiscalía

Los seis controladores aéreos citados este viernes a declarar ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid han mantenido una actitud "idéntica" a la de sus compañeros ayer, al acogerse a su derecho de no declarar por entender que la jurisdicción competente en este caso es la militar.

Así lo ha explicado el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, que mantiene la citación para el próximo lunes de otros ocho controladores denunciados, ya que son un total de veintiséis los que han sido llamados a declarar sobre su no presentación o abandono del puesto de trabajo entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado. "Parece obvio que van a seguir así, pero seguiremos adelante", ha señalado el fiscal jefe, que ha explicado que la próxima semana se estudiará la remisión de los hechos a un Juzgado de Instrucción de Madrid para que los investigue.

Ayer comparecieron ante la Fiscalía los doce primeros controladores, que alegaron, al igual que han hecho hoy sus compañeros, que se pensarán declarar cuando sean citados por el juez competente porque consideran que "dada la militarización y estado de alarma", no sería competente la jurisdicción ordinaria, sino la militar.

La Fiscalía les aclaró que la competente es la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos por los que les quería preguntar el Ministerio Público ocurrieron antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

Durante la comparecencia, no se han pedido tampoco medidas cautelares ya que -según ha indicado el fiscal jefe- no se trataría de una medida justa, sino desproporcionada, especialmente porque son 175 los controladores que se pretendían investigar en Madrid y los citados son 26.

Esteban ha explicado hoy además que la Fiscalía está pendiente de recibir una diligencia policial que había solicitado y que no ha concretado.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que el Ministerio Público propondrá penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo por un presunto delito de sedición.

CÉSAR CABO: SE TRABAJA MEJOR MILITARIZADO QUE BAJO LAS ÓRDENES DE AENA

El portavoz de USCA César Cabo ha asegurado este viernes que los controladores trabajan "bastante mejor" militarizados que bajo las órdenes de AENA y que el trato recibido por parte de los militares está siendo "respetuoso".

"AENA, como era juez y parte, decidía con menor precisión los aviones que cabían por ruta", ha afirmado en una entrevista a El Periódico de Catalunya.

Cabo reiteró que los controladores "no tenían la intención de hacer una huelga", pero que tras reunirse en asamblea y analizar el decreto aprobado por el Ministerio de Fomento, y al ver que se añadían más horas de trabajo y no se contaban las horas de baja de maternidad o por motivos de salud, el colectivo "se incendió". "Se creó un clima que no era el idóneo para controlar aviones, muchos no se encontraban en condiciones, como cualquier trabajador que repentinamente se encuentra mal", ha explicado, para aclarar que los controladores que se encontraban reunidos en un hotel de Madrid estaban en asamblea y "fuera de turno".

El portavoz de USCA ha insistido en que fue AENA la que decidió cerrar el espacio aéreo cuando "muchos seguían trabajando". "Sin el decreto esto no hubiera ocurrido, no habría habido falta de plantilla y habría salida más del 95% de los vuelos, ya que cuando se decidió el cierre trabajaba más del 70%", ha afirmado.

Cabo se preguntó por qué Fomento no expedientó directamente a los controladores de Santiago y se decidió en cambio a sacar el decreto justo el día 3 de diciembre. "El Gobierno tenía la militarización preparada", opinó.

Preguntado por la presentación masiva de bajas injustificadas, Cabo indicó que habría que probar antes que esto ha sido así y recordó que la Fiscalía ya abrió en verano diligencias por este motivo y la inspección médica "no ha detectado ni una sola".

"Es un buen sueldo, que no llega a los 200.000 euros anuales, pero la situación laboral es asfixiante (...) y eso es lo que ha provocado esta explosión, desproporcionada y terrible", ha señalado.

Sobre la situación a la que se enfrenta ahora el colectivo a partir de ahora, con penas de hasta ocho años de cárcel, Cabo apuntó que habrá que ver cómo evoluciona el proceso y "afrontar las consecuencias". Tras reconocer que los que más han perdido han sido los usuarios, a quienes pidió de nuevo disculpas, admitió que se les ha puesto una trampa en la que han caído. "Ha sido terrible lo ocurrido, fue una reacción desmedida que no se repetirá, pero la gente debe entender que algo muy gordo nos ha inducido a una situación casi de suicidio colectivo. Una profesión no da este salto al vacío porque sí", ha defendido.

No obstante, aclaró que no se pueden confundir privilegios con derechos y apuntó que en 1999 había un 40% menos de aviones que ahora y que la plantilla no ha crecido en consonancia. "No han sabido resolver el problema formando a más controladores, lo han intentado a base de decretazos y poniéndonos a trabajar a capón", agregó.

Finalmente, consideró que Fomento y AENA también son responsables de lo ocurrido. "Se nos ha usado para que no se hable de la privatización de AENA, ni de la retirada de los 426 euros a los parados. Hemos sido el chivo expiatorio ante la sociedad", concluyó.