Las comunidades autónomas han respondido hoy al Gobierno que no son el problema del alto déficit que registra el país, han rechazado que exista opacidad alguna en sus cuentas y han demandado al Ejecutivo que predique con el ejemplo y no gaste de forma descontrolada.
Esta reacción se produce después de que ayer, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, afirmarse que a final del año se va a cumplir el objetivo de déficit por parte del conjunto de las comunidades autónomas, fijado en el 2,4 por ciento.
Sin embargo, Salgado alertó de que Castilla-La Mancha y Murcia tienen un riesgo significativo de no cumplirlo, por lo que tendrán que adoptar medidas de "importante calado".
El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha dicho que las medidas de ajuste adoptadas "son suficientes" para cumplir con los objetivos de déficit; mientras que su consejera de Economía, María Luisa Araújo, confía en acabar el año dentro de ese tope.
La contestación de Murcia, a través de su consejera de Economía, Inmaculada García, ha sido solicitar una reunión urgente con Salgado para que le aclare la metodología que se ha aplicado.
Entretanto, los gobiernos de Castilla y León, Navarra, Madrid, Cataluña, La Rioja y Galicia han respondido a Salgado que sus palabras demuestran que las comunidades no son el problema del déficit que registra España.
Según el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el gasto público "desaforado" del Estado es el culpable, por lo que pidió al Ejecutivo central que "predique con el ejemplo".
En esta línea, el portavoz del gobierno de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, rechazó lo que considera un intento del Gobierno por "poner en marcha el ventilador" para culpar a las comunidades del déficit, cuando su responsabilidad es del "80%".
Los consejeros de Economía de Cataluña, Antoni Castells, y de Navarra, Álvaro Miranda, creen que las regiones no son un problema para el control del déficit; mientras que el presidente de La Rioja, Pedro Sanz Alonso, ha pedido que no se "demonice" a las comunidades y se las culpe del desfase en las cuentas públicas.
Mientras, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijoó, ha advertido al Gobierno de que el endeudamiento de las comunidades no es la solución para afrontar los pagos pendientes al Estado.
Otra de los puntos tratados ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) fue el que Murcia y Castilla-La Mancha no podrán recibir autorizaciones para endeudarse en el segundo tramo previsto por el Gobierno para 2010, que equivale al 1,2 por ciento.
Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias y Castilla y León deberán desarrollar medidas de ajuste para acceder a ese segundo tramo de endeudamiento, mientras que al resto de regiones se las autorizará.
Aragón ha anunciado que su previsión es endeudarse en unos 200 millones de euros, cifra que también baraja Extremadura.
La intención de la Comunidad Valenciana es, según el consejero de Economía, Gerardo Camps, que antes de que finalice el año se haga una nueva emisión de deuda, que en todo caso no sobrepasará la que tiene autorizada por el Gobierno de unos 1.600 millones de euros.
Las palabras de Salgado ha tenido un efecto diferente en Canarias, donde el Consejo de Gobierno ha decidido hoy ahorrar 250 millones más en el presupuesto de esta comunidad para el año que viene.
