El juez del 'caso Cursach' ordena la devolución de los móviles a los dos periodistas

Jefatura Superior de Policía de Baleares
Jefatura Superior de Policía de Baleares

El juez instructor del caso Cursach, Miguel Florit, ha ordenado la devolución de los teléfonos móviles y del material informático requisado a dos periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press el pasado 11 de diciembre para averiguar el origen de varias informaciones que publicaron sobre ese caso. Los dos periodistas han sido requeridos vía telefónica para que recojan sus móviles, si bien la defensa que les representa solicita que la resolución "se notifique en debida forma", "con señalamiento de día y hora para la devolución" del material requisado.

En el 'caso Cursach' se investiga, entre otras muchas cosas, una presunta trama de connivencia entre responsables de discotecas y locales de ocio y policías locales de Palma y Calvià para favorecer los negocios del empresario Bartolomé Cursach, dominador durante décadas de la noche mallorquina.

La Policía Nacional detuvo el pasado día 18 de diciembre por revelación continuada de secretos en el 'caso Cursach' a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción y a otro agente que intervino en el caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares admitió a trámite ese mismo día la querella de los dos periodistas -José Francisco Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de la agencia Europa Press- y de sus empresas contra el juez Florit tras ordenar requisar los teléfonos de ambos profesionales y dos equipos informáticos de la agencia de noticias en Palma para investigar la filtración.

En un escrito la defensa de ambos periodistas solicita a la administración de Justicia que sean citados en "día y hora" y "con debida forma" para la devolución de los aparatos confiscados. También pide que se les informe por escrito del lugar o lugares donde han estado depositados estos móviles y ordenadores, qué personas han tenido acceso a los mismos y qué inspección, registro, copia o manipulación de los mismos se ha llevado a cabo.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación de este caso y atribuye al empresario mallorquín delitos de asociación criminal, prevaricación, cohecho y coacciones por los que solicita una condena de 8,5 años de cárcel, y acusa además a otras 23 personas, entre ellas 15 policías, para quienes pide condenas que suman 171 años. EFE