Zapatero dice que agotó "las posibilidades menos gravosas" para restablecer el tráfico aéreo

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido que el decreto de alarma ha sido una "medida proporcionada" ante la gravedad de los efectos de la protesta de los controladores, que ha definido como "una afrenta al orden público constitucional". En su comparecencia en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados para explicar las medidas adoptadas ante el paro masivo de los controladores que comenzó el pasado viernes, Zapatero ha afirmado que el Ejecutivo "agotó todas sus posibilidades de actuación" antes de poner en marcha el decreto de alarma, por primera vez en democracia.

"La situación generada, por la intensidad y extensión de sus efectos, y por el modo en que se desencadena -en abierta rebeldía con el estado de derecho, con sus normas e instituciones- originando una considerable y creciente alarma social, suponía una afrenta al orden público constitucional y como tal había que abordarla", ha dicho.

El abandono "súbito, masivo y simultáneo" de los controladores, ha recalcado, había paralizado un servicio público esencial, con "graves perjuicios para la economía del país y su imagen internacional". Ante esta situación, "la respuesta clara y contundente" del Gobierno "ha sido ponderada y valorada por los medios internacionales, neutralizando o aminorando al menos el impacto negativo causado por el caos aéreo provocado por el abandono de controladores", ha asegurado.

Zapatero se ha mostrado tan seguro de su actuación que ha garantizado que el Gobierno "no dudará en utilizar, sin ignorar los requerimientos de proporcionalidad, todos los instrumentos del estado de derecho para poner fin a situaciones" como la vivida y evitar que los controladores puedan tomar de nuevo a los ciudadanos como "rehenes" de sus reivindicaciones.

No obstante, no ha desvelado si tiene intención de pedir una prórroga del estado de alarma, aprobado el pasado sábado con una duración de quince días.

Ha reconocido que la normalización del servicio "no ha puesto fin a las consecuencias derivadas de los hechos" y ha asumido la doble obligación de "impulsar la depuración de responsabilidades" y "facilitar el resarcimiento de los daños y perjuicios irrogados", sin descartar posibles sanciones penales.

El Gobierno, ha continuado, "se ha esforzado en que la declaración del estado de alarma se ciñera en su ámbito de aplicación a lo estrictamente necesario", tanto mediante la limitación a las torres y centros de control aéreo, como mediante la "expresa salvaguarda" de los derechos de los trabajadores afectados por la movilización.

Zapatero ha relatado la sucesión de acontecimientos que derivaron en el caos aéreo y ha defendido la finalidad preventiva del decreto con el que el viernes el Consejo de Ministros delimitó la jornada de los controladores y fijó nuevas exigencias, incluida la revisión médica previa a la baja y la posibilidad de ser militarizados. Se aprobó, ha dicho, ante el riesgo de que el absentismo registrado en Santiago de Compostela y en Canarias se generalizara en el puente que empezaba ese día o en Navidades.

Ha relatado cómo el Gobierno trató de convencer a los representantes de los controladores para que depusieran su actitud pero miembros del sindicato USCA "exigieron la firma de un convenio colectivo" inasumible.

Tras explicar que en esta crisis se han movilizado 190 militares y 2.000 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ha anunciado que el ministro de Fomento, José Blanco, comparecerá en el Congreso el próximo 14 de diciembre.

El Gobierno continuará trabajando para actualizar las normas que regulan a los controladores y buscar un punto de equilibrio "razonable" entre sus "muy favorables" condiciones de trabajo y las obligaciones que se les exigen, ha concluido

RAJOY RESPALDA Y APOYA AL GOBIERNO

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy apoyó al Gobierno frente a la "intolerable" actitud de los controladores. En este sentido, Mariano Rajoy aseguró que "defiendan lo que defiendan, las formas que han utilizado son ilegítimas, ilegales e intolerables" respecto al plante llevado a cabo por los controladores.

Mariano Rajoy, ha asegurado que el conflicto con los controladores aéreos ha puesto de manifiesto la "desidia y la pasividad" con la que el Gobierno socialista gestiona los asuntos públicos. Además, ha cargado duramente contra el ministro de Fomento, José Blanco, quien, a su juicio, es un ministro "a tiempo parcial" que se dedica "a lo que no se tiene que dedicar".

"El señor ministro de Fomento es un inútil total, con dosis importantes de caradura, porque siempre encuentra una excusa para no asumir responsabilidades", ha proclamado Rajoy citando una frase que en su día empleó Alfredo Pérez Rubalcaba contra el ministro de Fomento del PP, Rafael Arias Salgado, por unos retrasos en los aeropuertos en 1999.

Esta afirmación ha provocado un gran revuelo en la Cámara Baja y el presidente del PP ha aclarado que esos "cariñosos epítetos" fueron los que dedicó el actual vicepresidente primero en 1999. "No seré yo quien diga esto, porque yo no soy así pero sí seré el que exija al presidente que ponga orden en ese Ministerio", ha exclamado.

DURAN: "HAGA LO QUE TENGA QUE HACER, PERO HÁGALO BIEN"

El portavoz de CiU en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran i Lleida, pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que "haga lo que tenga que hacer", en relación al mantenimiento o ampliación del estado de alarma, pero le instó a hacerlo "bien". Duran manifestó que no hay "nada que justifique la actitud" de dicho colectivo. "Si alguna razón tenían, la perdieron desde el mismo momento en el que abandonaban sus puestos de trabajo causando perjuicios morales y económicos a muchísimos ciudadanos" y creando una "mala imagen para España", dijo.

Duran reiteró la "indignación" de CiU ante la "extorsión intolerable" de los controladores aéreos. "No hay derecho", dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en la Cámara Baja, quien expresó su apoyo al Gobierno "para que garantice el funcionamiento del espacio aéreo". No obstante, criticó al secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, por insinuar que detrás de los hechos acaecidos el pasado fin de semana estaba el PP. "Raya lo intolerable", espetó.

Dicho esto, reiteró que CiU apoya la declaración del estado de alarma y que lo hace "sin reserva jurídica". Asimismo, respecto a su ampliación o mantenimiento, invitó al presidente del Gobierno a hacer "lo que tenga que hacer", pero "bien", con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos al servicio aéreo. Para Duran i Lleida, de la misma manera que "nada exime" a los controldores aéreos, el Gobierno no ha sabido "administrar eficazmente el conflicto con este colectivo", que aún no ha finalizado y que puede "recrudecerse", dado las demandas que se han interpuesto y teniendo en cuenta que "a corto plazo" los controladores "no son reemplazables".

EL PNV APOYA AL GOBIERNO, PERO RECLAMA MEDIDAS "PARA QUE NO NOS VUELVA A COGER EL TORO"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, expresó el respaldo "incondicional" de su grupo al Gobierno en la gestión del caos aeroportuario del pasado fin de semana, incluida la declaración del estado de alarma, pero reclamó medidas a largo plazo "para que no nos vuelva a coger el toro".

En su opinión, era necesario "frenar en seco" una situación que amenazaba con deteriorarse aún más, y la declaración del estado de alarma pareció ser "el mal menor" para restablecer un servicio público esencial gravemente alterado.

Erkoreka, se preguntó si nadie en el Gobierno "sospechaba" de que la huelga "encubierta" que los controladores habían iniciado meses antes podía tornarse en "salvaje" durante el mayor puente del año o en las fiestas navideñas, y si fue evitable esperar al 3 de diciembre para clarificar la jornada laboral del colectivo.

Ha llegado la hora de afrontar los "problemas estructurales" de ese colectivo, advirtió, comenzando por la falta de efectivos y terminando por "la organización racional de su trabajo y la normalización de sus retribiciones". "Estas cosas no se improvisan, hay que planificarlas con antelación suficiente, hay que empezar ya a hacerlo para que no nos vuelva a coger el toro", sentenció.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) afirmó que la militarización de los controladores aéreos "no parece justificada", por mucho que el fin de semana paralizaran con su protesta el tráfico en toda España, y advirtió de que "ni mucho menos" debería pedirse una prórroga de la declaración de estado de alarma.

Pese a trasladar su "apoyo sincero" a Zapatero en las decisiones adoptadas en la última semana, Ridao confió en que el Ejecutivo ponga fin de inmediato a la declaración del estado de alarma, que en un primer momento podía ser útil para resolver el plante de los controladores pero que con el paso de los días ha dejado ver el verdadero estado del sector.

LOS GRUPOS MINORITARIOS CALIFICAN DE ABUSO DE PODER LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Los diputados de IU-ICV, BNG, UPyD, NaBai y UPN han rechazado el plante de los controladores aéreos y la respuesta "desmesurada" y "sobreactuada" del Gobierno con la declaración del estado de alarma, cuya retirada inmediata exigieron algunos de ellos.

El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha condenado "sin ambigüedad" el "abuso de poder" de los controladores, porque con su plante han debilitado la defensa de los derechos laborales y sociales, el derecho de huelga y el rechazo de la política de privatizaciones, pero ha considerado también que "el fin no justifica los medios", que al Gobierno "se le ha ido la mano y ha sobreactuado" al legislar "en caliente" y que los argumentos jurídicos esgrimidos por Zapatero "dejan mucho que desear".

A su juicio, el Gobierno no cuenta con cobertura legal ni para declarar el estado de alarma, sólo por peligro de un servicio público, ni para movilizar al sector civil, opción derogada por la Ley de Defensa Nacional de 2004, dijo.

Subrayó además que "el uso de militarización" en España "tiene un significado muy distinto que en otros países de nuestro entorno" y ha rechazado un "ordeno y mando" con el que "el conflicto está servido". Por último, ha reclamado al presidente del Gobierno que aclare si va a extender el estado de alarma a otros servicios públicos esenciales y si va a mantener la excepción de la norma.

Por su parte, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha condenado "sin paliativos" el comportamiento de los controladores y exigió depurar responsabilidades, pero, acto seguido, ha censurado duramente la militarización del colectivo, que consideró "un instrumento injustificable".

También la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha equiparado la "salvajada" de los controladores aéreos y la "irresponsabilidad y la frivolidad" del Gobierno al aprobar el pasado viernes el decreto que clarificaba la jornada laboral de ese colectivo. Díez ha afeado a Zapatero la "desmesura" de la militarización y de la declaración del estado de alarma y subrayó que "no se puede confundir una gestión catastrófica de las relaciones laborales con una catástrofe". "Si un gobierno para resolver un conflicto sindical tiene que decretar el estado de alarma, a lo mejor lo que tiene que hacer es marcharse a su casa", ha concluido.

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado que los controladores son los principales responsables de lo ocurrido, pero no los únicos, y ha advertido de que el decreto del estado de alarma no puede ser hoy la respuesta a un problema que se va a prolongar. Asumir que se puede vivir en un permanente estado de alarma, ha dicho, "no es razonable, no es proporcionado y no es la medida contundente y necesaria".

También el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha considerado excesiva tanto la actitud de los controladores como la respuesta del Gobierno, al que acusó de hacer pagar a los ciudadanos su "incapacidad".