Los sindicatos UGT y CCOO se han defendido hoy de las acusaciones que les implican en el caso del fraude en los ERE y han negado que hayan participado en una "trama corrupta" para lucrarse con los expedientes de regulación de empleo ni en Andalucía ni en España.
Los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero, y de UGT, Manuel Pastrana, ha comparecido hoy, por separado y respaldados por un miembro de la ejecutiva confederal de ambos sindicatos, para negar que hayan cobrado comisiones ilegales de 4,2 millones por su participación en la tramitación de los ERE fraudulentos, tal como apunta en el último auto la juez encargada de investigar el caso.
Además, han censurado que la juez Mercedes Alaya dé credibilidad a las acusaciones del directivo de Vitalia Antonio Albarracín -en prisión provisional- en el sentido de que los sindicatos cobraban sobrecomisiones por su asesoramiento en la tramitación de los ERE "sembrando una sombra de sospecha" sobre la labor que realizan en defensa de los trabajadores.
Han defendido la legalidad del dinero facturado por los sindicatos en concepto de asesoramiento legal en la tramitación de los ERE y han asegurado que no les constan las cantidades que supuestamente ingresaron y que apunta la juez en el auto.
303.588 EUROS "DE PROCEDENCIA DESCONOCIDA"
La juez que investiga los ERE falsos acusa a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, de haber recibido 303.588 euros "de procedencia desconocida" y haber aceptado regalos de viajes a Shanghai y Egipto a cambio de no convocar concursos públicos para los procesos.
En el auto de prisión de Guerrero dictado el pasado miércoles, al que ha tenido acceso Efe, la juez Mercedes Alaya asegura que mientras fue director general, entre 1999 y 2008, recibió en sus cuentas 303.588 euros "de procedencia desconocida", y de ellos 254.584 en cantidades iguales o inferiores a 3.000 euros, a partir de las cuales el banco está obligado a identificar al impositor.
Alaya cree que ese dinero procedía de "retribuciones de los distintos partícipes en los hechos investigados que se han visto beneficiados por la concesión de ayudas públicas de manera irregular".
Además, le acusa de haber percibido varias veces "sobres con dinero" del mediador en los ERE Juan Lanzas y del directivo de Vitalia Antonio Albarracín -también encarcelados- y de haber recibido como "dádiva" un viaje a Shanghai en diciembre de 2006 con su esposa, otro a Egipto en marzo de 2007 y un fin de año en el Hotel Palacio de los Salcedo de Baeza (Jaén).
En su declaración, Guerrero manifestó que ganaba unos 4.200 euros al mes, que esos viajes fueron pagados por su esposa y que "no tiene conciencia" de los pagos por menos de 3.000 euros.
Alaya le acusó también de haber recibido de Vitalia parte de las sobrecomisiones que cobraba, entre otras mediante 94 transferencias por importe de 161.600 euros y otras 76 por un importe total de 87.400 euros, ante lo que Guerrero declaró que "no era consciente" de que las mediadoras cobrasen esas comisiones en exceso, si bien explicó que como la Junta de Andalucía "no tenía posibilidad de pagar el coste íntegro de las primas", al final se retiraban todas las aseguradoras.
El ex director general fue acusado también de haber otorgado a su suegra una ayuda de 198.876 euros, que el imputado justificó porque era "una extrabajadora más de los 6.500 a los que ha atendido".
El auto cita un ingreso concreto, en noviembre de 2006, cuando la empresa "Promociones Vinícolas", propiedad de Gregorio M.P., presunto suministrador de droga a Guerrero, recibió de Villasís, un bufete de abogados mediador en los ERE, la cantidad de 48.080 euros "por el supuesto concepto de devolución de provisión de fondos".
Todo ello se realizó en una época en la que Guerrero y su chófer Juan Francisco Trujillo, también imputado como perceptor de ayudas irregulares, "precisaban grandes sumas de dinero para atender a sus necesidades" de consumo de cocaína, según la juez.
A ello Guerrero respondió que "no ha comprado droga en su vida" y que "su único vicio es un paquete de Marlboro y un gintonic de vez en cuando".
La juez Alaya ha imputado a los últimos 22 acusados por las sobrecomisiones en los ERE el delito de asociación ilícita porque "el panorama ha cambiado radicalmente" y ahora estamos "en un sistema perfectamente establecido en el que la concesión de ayudas se convierte en el verdadero negocio".
Hasta ahora, "habíamos asistido al otorgamiento arbitrario de ayudas públicas por parte de la Consejería de Empleo", ayudas que "escandalosamente se otorgaban a personas que no tenían derecho a ellas, creándose una especie de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta de Andalucía".
La juez desvela que en esta nueva fase de la investigación hay una parte que permanece secreta y que su investigación "pretende ir creciendo, lo cual podría generar la implicación de más responsables".
