El Tribunal Constitucional suspende la declaración soberanista de Cataluña

  • Es la primera vez que el Constitucional suspende un acuerdo de un parlamento autonómico
  • Mas: "Seguiremos el camino trazado, dar marcha atrás sería una deslealtad hacia los catalanes"

El Tribunal Constitucional ha suspendido durante cinco meses la resolución del Parlamento catalán del pasado 23 de enero, en la que declaraba que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano", en una decisión que se deriva de la admisión a trámite de la impugnación del Gobierno contra dicho acuerdo.

En su providencia de hoy admitiendo a trámite el recurso del Gobierno, el Constitucional notifica al Parlamento catalán que dispone de veinte días para hacer las alegaciones que considere oportunas y presentar documentación.

Además, establece que la resolución del Parlament queda suspendida desde el 8 de marzo, fecha en que se presentó el recurso del ejecutivo.

La impugnación del Gobierno central admitida a trámite exigía la suspensión temporal del acuerdo en tanto no decida el alto tribunal sobre el fondo del asunto, porque se remitía al artículo 161 de la Constitución, que el alto tribunal cita en su resolución. Es la invocación de este artículo lo que obliga al Constitucional a que, al admitir a trámite el recurso, adopte también la suspensión temporal.

De este modo, es la fórmula usada por el Gobierno la que conlleva la suspensión temporal del acuerdo, sobre cuyo alcance jurídico práctico, más allá del aspecto político, no coinciden las fuentes jurídicas consultadas.

Según el artículo 161 de la Constitución, "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo.

PREGUNTÓ AL PARLAMENT POR LA VALIDEZ DE SUS ACUERDOS

El Tribunal Constitucional consultó hace días al Parlament para que aclarase cuál de los dos acuerdos por el derecho a decidir que ha adoptado en los últimos meses, el primero en enero y el segundo en marzo, es válido. El segundo acuerdo abogaba por abrir un diálogo con el Gobierno. El Parlament respondió que ambos son válidos, es decir, que el segundo no anula el primero, el impugnado por el Gobierno central.

El pasado 13 de marzo el Parlamento catalán aprobó por una amplia mayoría, más de dos tercios de la Cámara (104 votos), una resolución en la que se instó al Govern de la Generalitat a "iniciar un diálogo" con el Gobierno del Estado para celebrar una consulta de autodeterminación en Cataluña. Esta iniciativa fue votada a favor por CiU, ERC, ICV-EUiA y PSC.

Previamente, el 23 de enero pasado, el Parlament dictó una primera declaración soberanista que no contó con el apoyo del PSC y sí recabó el aval de CiU, ERC e ICV.

En esta primera declaración, el Parlament defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano", y contó entonces con el apoyo del 63 % de diputados de la Cámara catalana, frente al 77 % de la segunda resolución soberanista.

ARTUR MAS CALIFICA LA DECISIÓN DE "INSÓLITA, ALTAMENTE PREOCUPANTE Y DECEPCIONANTE"

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha tildado hoy de "insólita, altamente preocupante y profundamente decepcionante" la decisión del Tribunal Constitucional de suspender provisionalmente la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento catalán.

"Es tremendamente preocupante que un parlamento elegido y constituido democráticamente no se pueda ni pronunciar, ni aprobar una declaración", ha afirmado Mas, en una comparecencia de prensa en el Parlament.

"Seguiremos el camino trazado. Y de esto no debe haber ninguna duda", ha sostenido en rueda de prensa desde el Parlamento, y ha añadido que dar marcha atrás sería en su opinión una deslealtad hacia los catalanes y lo que expresaron en las elecciones autonómicas de noviembre.

Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado que "diga lo que diga" el Tribunal Constitucional la mayoría de los diputados del Parlamento de Cataluña "seguirán pensando lo mismo" por lo que ha restado "valor jurídico" a la resolución del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista.

"Estamos haciendo un juego de malabares. Se suspende la declaración y eso ¿qué quiere decir? ¿Que lo que aprobó el Parlamento ahora no sirve?", se ha preguntado Duran, que ha insistido que los parlamentarios seguirán pensando lo mismo "diga lo que diga" el Tribunal Constitucional.

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado que la declaración de soberanía aprobada por el Parlament "es la expresión democrática de la voluntad del pueblo de Cataluña, y por tanto, diga lo que diga cualquier tribunal, este Parlament será fiel a la voluntad de los ciudadanos catalanes". "Tomaremos las decisiones que hagan falta -ha añadido- y la hoja de ruta se mantiene intacta, puesto que no tengo ninguna duda de que el Parlament será consecuente con la voluntad mayoritaria de los catalanes".

Desde el grupo de ICV-EUiA, su presidente, Joan Herrera, ha considerado "insólita y muy grave" la suspensión, y ha añadido que "es ridículo que suspendan una declaración democrática porque, al hacerlo, hay un pronunciamiento en contra de la misma democracia".

El primer secretario del PSC, Pere Navarro, aseguraba hoy que CiU y ERC ya sabían que el Tribunal Constitucional suspendería la declaración de soberanía aprobada en el Parlamento catalán. "Lo que mal empieza, mal acaba. Sólo pretendían incrementar el grado de confrontación entre Cataluña y el resto de España con la ayuda inestimable del Gobierno del Partido Popular", ha dicho Navarro, que sostiene que el PSC considera inasumible un texto que erige a Cataluña en "un sujeto político y jurídico soberano", aunque ese rechazo no es óbice para que el PSC defienda la celebración de una consulta pactada con el Gobierno.

EL PARLAMENT APRUEBA LA COMISIÓN DEL DERECHO A DECIDIR CON AUSENCIA DEL PP

El pleno del Parlament ha aprobado, con los votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP, la creación de una comisión parlamentaria por el derecho a decidir, en una votación sin el PP, que, junto a Ciutadans, ha intentado impedir el debate al considerar que era un "desacato" a la Constitución.

La comisión parlamentaria ha sido aprobada con 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA y la CUP) y 9 votos en contra, de Ciutadans, mientras que los diputados del PPC se han ausentado del debate y de la votación al considerar que su creación no es conforme a la ley.

El debate ha estado muy marcado por la resolución del Tribunal Constitucional conocidas hoy que suspende provisionalmente la declaración de soberanía aprobada el pasado mes de enero en la cámara catalana.

Los líderes de CiU, ERC e ICV-EUiA en el Parlament han coincidido en señalar que, independientemente de la resolución del alto tribunal, el proceso para ejercer el derecho a decidir continúa y "no tiene marcha atrás".

EL GOBIERNO PIDE "MÁXIMA LEALTAD INSTITUCIONAL" A LA GENERALITAT

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, pidió este miércoles "máxima lealtad institucional" a la Generalitat de Cataluña una vez que el Tribunal Constitucional ha suspendido la resolución de independencia que aprobó el Parlamento autonómico.

Gallardón subrayó en los pasillos del Congreso de los Diputados que "todos tenemos obligación de acatar la Constitución y máxime aquellos cuyo legitimidad de gobierno emana de la Constitución, como le ocurre a la Generalitat y al Parlamento de Cataluña". Por eso, instó a las instituciones políticas de Cataluña a que trabajen "desde una máxima lealtad institucional y siempre dentro de las normas del Estado de Derecho".

Gallardón apuntó que debe ser el Tribunal Constitucional quien confirme más adelante si la resolución de independencia que aprobó el Parlamento de Cataluña vulnera realmente los preceptos de la Carta Magna. Hasta entonces, confió en que los dirigentes catalanes sean conscientes de que la Constitución es "lo que da sentido al Parlamento, al Gobierno de España, al Parlamento de Cataluña y a la Generalitat".

"Si hay un proyecto político que entra en conflicto con la Constitución, hay que hacerlo lealmente como una reforma de la Constitución", precisó. "No se puede hacer con reformas que no sean conformemos con la misma".