Los secretarios generales de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, han llamado hoy a participar en la huelga general el 29 de marzo para defender el modelo de convivencia y el Estado de derecho.
En un acto de apoyo a los sindicatos y de adhesión a la huelga general de gente del mundo de la cultura y la universidad, Fernández Toxo ha indicado que la "huelga se ha convocado en defensa del modelo social" de convivencia, en el que el derecho laboral es uno de los pilares básicos.
En su opinión, con el decreto-ley de reforma laboral se eliminan los convenios colectivos y se reducen las relaciones entre empresarios y trabajadores a "la individualización", además de devaluar los salarios.
Por estos motivos, solicitó la renovación del "pacto social en Europa" para que no sean los mercados los que impongan sus condiciones a Estados y gobiernos con el fin de eliminar los servicios públicos limitando la capacidad de organización de la sociedad por parte del Estado.
Para Fernández Toxo, la jornada de huelga general del próximo jueves "es el inicio de un largo camino para defender el modelo de convivencia imperfecto" que quieren destruir y que ha costado mucho conseguir a millones de ciudadanos.
Cándido Méndez se refirió en su discurso al uso perverso del lenguaje que emplean los políticos, porque la reforma laboral contra la que se ha convocado la huelga general no es tal reforma, sino "la demolición del Estado de derecho".
Además, ha precisado que el Gobierno se ha desentendido del problema del paro con la nueva legislación laboral, ya que ha reconocido que va a generar más desempleo, 630.000 nuevos parados este año.
En consecuencia, "por el aprovechamiento inmoral de la crisis para imponer la reforma" laboral, Méndez ha llamado a pelear con "contundencia y firmeza" a través de la huelga general para conservar el modelo de convivencia.
El dirigente de UGT ha comentado que "la gente se ha dado cuenta de que la reforma laboral no sirve para resolver la crisis y el paro", al tiempo que ha advertido de que la nueva legislación implica una pérdida de derechos y la ruptura del modelo de convivencia que no serán restituidos cuando mejore la situación.
