La presidenta de la Junta andaluza, Susana Díaz, ha mantenido este jueves que no entra a valorar el trabajo de los jueces, en este caso el de Mercedes Alaya y su tarea de investigar las facturas supuestamente irregulares de UGT de Andalucía y ha defendido su tarea como presidenta del Ejecutivo andaluz en lo que se refiere a recuperar el dinero y depurar responsabilidades.
"No voy a valorar nunca a un juez ni su tarea", ha dicho Díaz en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid, donde ha añadido que su labor como presidenta ha sido dar las "instrucciones" al Gobierno para que "se revisen todos y cada uno de los expedientes que estos días han aparecido en los medios de comunicación".
Así las cosas, ha defendido que su labor incluye realizar esa revisión de expedientes para que "se recupere el dinero y se depuren responsabilidades".
"Lógicamente, que la justicia haga lo que tiene que hacer, yo sé lo que tiene que hacer un Gobierno y eso es lo que vamos a hacer", ha concluido.
LA JUEZA ALAYA DICE QUE "RESPONSABLES DE MAYOR ESCALA" CREARON EL SISTEMA DE LOS ERE
La juez instructora de los ERE falsos, Mercedes Alaya, ha rechazado abrir piezas separadas para cada empresa investigada y ha reiterado su creencia de que el sistema fue diseñado por "responsables de mayor escala" de la Junta y por una decisión política.
La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, rechaza la petición de la empresaria Encarnación Poto Monge de abrir una pieza separada para el ERE de su empresa, Aceitunas y Conservas (ACYCO), con objeto de evitar las dilaciones previsibles en una causa que ya acumula 123 imputados.
Según la juez, el nexo entre todos los expedientes investigados no es solo el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, pues este ex alto cargo "ejecutaba un sistema diseñado por sus superiores y responsables a mayor escala, un sistema que respondía a una decisión política y que se crea, indiciariamente, en vía presupuestaria".
Por tanto, no sería Guerrero "el único responsable de las transferencias de financiación, y por consiguiente de la concesión de subvenciones sin observar el procedimiento legalmente establecido y los controles de la Intervención".
El abogado de Poto Monge, Javier Gimeno Puche, había pedido que se cerrase el sumario referido a ACYCO porque su defendida "tiene todo su exiguo patrimonio embargado, hasta la pensión de jubilación, quiere que todo esto termine, quiere ser juzgada" y "no quiere verse sometida a dilaciones indebidas".
ASUME LA INVESTIGACIÓN
La juez que investiga los ERE falsos, Mercedes Alaya, asumirá la nueva investigación sobre el desvío de fondos públicos concedidos al sindicato UGT y que presuntamente se utilizaron para pagar pancartas, fiestas y otros gastos internos del sindicato.
Fuentes judiciales han informado de que el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, tras recibir una consulta del juez de instrucción 9, a quien correspondió la primera denuncia contra UGT, ha decidido que por conexidad de los hechos investigados el caso debe ser instruido por la juez Alaya.
La relación entre ambas denuncias deriva de que la juez de instrucción 6 de Sevilla investiga desde marzo pasado, en la llamada Operación Heracles, el posible desvío de las sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los ERE y la supuesta financiación ilegal de los sindicatos.
En el auto que envió a prisión a varios imputados en esta rama de los ERE, la juez aseguró que UGT y CCOO habían disfrutado "durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular" pues habrían impuesto "de manera arbitraria e ilegítima" el pago por su mediación y "como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial".
Al asumir esta investigación, la juez Alaya amplía aún más una de las numerosas macrocausas que instruye, entre las que se encuentran la de los ERE -con 123 imputados-, las tres de Mercasevilla y la referente a la gestión de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis.
