La primera inspección de las salas del Tribunal Supremo llevada a cabo en la democracia arroja como dato que el alto tribunal tarda aproximadamente un año en resolver sus recursos de casación, si bien esta cifra es meramente orientativa, pues los procedimientos varían mucho entre jurisdicciones.
De este modo, el informe citado arroja como conclusión que la Sala de lo Penal tarda 6,4 meses en resolver los recursos de casación, una cifra similar a los seis meses de media que tardan los distintos procedimientos en la Sala de lo Militar.
Mientras, la Sala de lo Civil tarda 22,2 meses de media para los recursos de casación y la Sala de lo Contencioso, si hablamos de los recursos en única instancia, entre 10,8 y 23,3 meses (en esta sala hay también procedimientos de casación contra sentencias de otros tribunales; la única instancia referida afecta a los recursos directos contra, por ejemplo, decretos del Gobierno).
La Sala de lo Social, por su lado, tarda entre 7 y 12 meses en sus recursos de casación (ordinaria o para unificación de doctrina). La media citada es meramente orientativa, ya que un cálculo más preciso no sería adecuado, por tratarse de procedimientos heterogéneos entre sí y porque faltan datos tanto de otro tipo de recursos, como los de revisión, y también de parte de la jurisdicción Contencioso Administrativa.
La inspección concluye que, en general, el desarrollo y trámite procesal es "ágil y eficaz" en todas las salas a pesar de lo cual el presidente Carlos Lesmes considera necesario aumentar en dos magistrados la planta de la Sala de lo Civil del Supremo y reforzar las áreas de Civil y Social del gabinete técnico de este órgano judicial.
La inspección ha detectado una elevada dependencia del papel en las tramitaciones procesales: en muchas salas todavía llevan libros manuales y no integran en la herramienta de gestión procesal digital muchas de sus resoluciones. Se trata de una herramienta que permite la confección informática de los libros y el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos.
La reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a avanzar hacia el objetivo del "papel cero" en el Supremo, la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales y los juzgados españoles a partir del 1 de enero.
