La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha acordado, con el apoyo de la mayoría de sus 16 magistrados, declarar la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior lo que, en principio, imposibilitará su concurrencia a las elecciones del próximo mes de mayo, han informado fuentes del alto tribunal. Se han anunciado tres votos particulares de magistrados que discrepan de la decisión del resto. De este modo, el Supremo estima las demandas interpuestas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía contra Sortu y considera que la nueva formación es una mera sucesora de Batasuna, ilegalizada en marzo de 2003 por su vinculación con la organización terrorista ETA. Esta decisión, no obstante, es recurrible ante el Tribunal Constitucional.
La decisión, tras una deliberación de más de nueve horas se ha alcanzado tan sólo un día después de que la Sala del 61 concluyera la vista pública para estudiar este asunto, que finalizó con los alegatos en favor de la ilegalización del representante de los Servicios Jurídicos de Estado Manuel Rivero y del fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrtivo Antonio Narváez.
La defensa de la nueva marca de la izquierda abertzale, ejercida por los letrados Iñigo Iruin y Adolfo Araiz, había pedido que se declarara justamente lo contrario, es decir, que Sortu no es continuación de Batasuna y que cumple con los requisitos de la Ley de Partidos Políticos.
no cumple con los requisitos de la Ley de Partidos Políticos
A falta de dar a conocer el contenido íntegro del auto, lo que tendrá lugar en los próximos días, el alto tribunal ha anunciado que la gran mayoría de magistrados que integran la denominada Sala del 61 ha apoyado la tesis del ponente de este procedimiento, Carlos Lesmes, en contra de la inscripción de Sortu, por entender que no cumple con los requisitos de la Ley de Partidos Políticos.
La decisión sobre Sortu ha dependido de una Sala especial del Tribunal Supremo, la del 61, cuya composición se ha modificado en casi un tercio desde que, en mayo de 2009, deliberó sobre la última candidatura de la izquierda abertzale, Iniciativa Internacionalista-La Solidaridad entre los Pueblos (IISP), que fue anulada.
Primeros votos paticulares
El caso de IISP y el de este miércoles son los únicos en los que la Sala del 61 ha visto rota su unanimidad frente a decisiones relacionadas con marcas electorales de la izquierda abertzale. En mayo de 2009 cinco magistrados discreparon de la decisión contraria a que IIPP pudiera presentarse a las elecciones europeas, si bien ninguno de ellos formalizó su postura mediante un voto particular, lo que sí ocurre en este caso.
Esta Sala especial está presidida por Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y completan su composición los presidentes de cada una de las cinco salas que integran el alto tribunal y los magistrados más antiguos y más modernos de cada sala.
A día de hoy, la Sala está integrada por Dívar, los presidentes de la Sala de lo Civil (Juan Antonio Xiol Ríos), de lo Penal (Juan Saavedra Ruiz), Contencioso-Administrativo (José Manuel Sieira Míguez), Social (Gonzalo Moliner Tamborero) y Militar (Angel Calderón Cerezo).
Como magistrados más antiguos están Xavier O'Callaghan Muñoz (Sala de lo Civil), Carlos Granados Pérez(Penal), Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso), Aurelio Desdentado Bonete (Social) y José Luís Calvo Cabello (Militar).
Los más modernos, todos nuevos a la hora de deliberar sobre aplicación de la Ley de Partidos Políticos, son**Rafael Gimeno-Bayón Cobos (Civil), Alberto Jorge Barreiro (Penal), Carlos Lesmes Serrano (Contencioso) Manuel Ramón Alarcón Caracuel (Social) y Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).
Satisfacción en el PSOE y el PP
Las primeras reacciones a la decisión del Supremo de prohibir la inscripción de Sortu en el registro de partidos coinciden en respetar la decisión, pero van desde la satisfacción de PP y PSOE, la prudencia de los socialistas vascos, hasta la convicción de PNV y EB-B de que el fallo está contaminado políticamente.
En el PP están abiertamente satisfechos con la decisión judicial, según fuentes de este partido, y piensan ya en los siguientes pasos que puede dar la izquierda abertzale para intentar llegar a las instituciones, por lo que piden al Gobierno que mantenga la máxima exigencia para evitar "que burlen la ley por otros cauces". "El Estado de Derecho no va a permitir ninguna trampa", han señalado fuentes del PSOE, que han subrayado que los jueces son los encargados de hacer cumplir la ley de partidos.
Más prudentes se muestran los socialistas vascos, cuyo portavoz, José Antonio Pastor, ha dicho que "hay que respetar la división de poderes y las decisiones de los jueces sin entrar en valoraciones de ningún tipo".
Fuentes del PNV creen que con esta decisión judicial "se ha desaprovechado una oportunidad para intentar dar un paso más en la solución del problema político de la sociedad vasca" y consideran que la "contaminación ambiental" de los últimos meses ha pesado demasiado en fiscales, policías y jueces.
El coordinador general de Ezker Batua-Berdeak (EB-B), Mikel Arana, ha afirmado que su formación política "acata pero no comparte" la decisión del Supremo y la ha calificado de "política".
Las reacciones políticas a la decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo continuarán hoy, con el Parlamento de Vitoria, donde se celebra sesión plenaria, como principal foco de atención.
