Santamaría urge a reducir empresas públicas y regula los sueldos municipales

Reformas y ajustes. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba hoy en Navacerrada que se regulará por ley el sueldo de los concejales y alcaldes. El Gobierno limitará el numero de sociedades que gestionan los servicios públicos en su misión de aligerar gasto público y alienta a Comunidades y Corporaciones locales a hacer lo propio. Además se creara una central de compras única para la administración.

T Y es que el Gobierno estudia distintas opciones de ajuste para alcanzar el objetivo de déficit público del 3% en 2013, aunque no tomará ninguna decisión hasta la próxima semana, una vez que se haya reunido el martes 10 el Consejo de ministros de finanzas europeos (Ecofin) que dará recomendaciones a los distintos países miembros. Hasta entonces, según aseguraron fuentes del Ministerio de Hacienda, se están calculando distintas opciones y posibilidades, sin que se pueda hablar de una cifra concreta o de qué medidas podrían adoptarse. Algunas fuentes, citadas por la agencia Reuters evaluaban en 30.000 millones de euros el volumen de las nuevos ajustes que se estarían estudiando.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Economía y Competitividad en el Congreso y diputada del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado no tener "constancia directa" de que el Gobierno vaya a aprobar un nuevo paquete de medidas de ajuste equivalente a 30.000 millones de euros, pero ha confirmado que el presidente del Gobierno lo desvelará "la semana que viene". "En breve" se verá "qué se puede hacer", aseguró. Para Elvira Rodríguez, "es muy probable que lo anuncie (los ajustes y su cuantía) el presidente del Gobierno el día 11 de julio", durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, para su posterior aprobación en el Consejo de Ministros del 13 de julio.

Otras fuentes gubernamentales han recordado que en el próximo Ecofin se verán las recomendaciones por déficit excesivo y la situación presupuestaria española para seguir la adecuada senda fiscal, y en dicha reunión podría posponerse a 2014 la consecución del objetivo de déficit público del 3% del PIB.

A día de hoy, lo que está claro es el compromiso del Gobierno de llegar en 2012 al equivalente al 5,3% del PIB como tope máximo de déficit público, para lo que se parte del 8,9 % de 2011. Entre ambos porcentajes hay una diferencia de 3,6 puntos porcentuales y, teniendo en cuenta que un punto de PIB equivale a unos 10.734 millones de euros, el cálculo es un ajuste de unos 38.642 millones de euros.

No obstante, a estas cantidades deben añadirse los pagos de intereses de la deuda pública que van venciendo durante el año, y que se calculan en 29.246 millones de euros.

El ajuste estatal ya previsto para este año es de 27.300 millones y el de las comunidades autónomas ronda los 16.000 millones de euros.

IVA Y OTRAS MEDIDAS

Entre las medidas concretas, segun las fuentes consultadas "no hay todavía ninguna decisión" y se estarían estudiando diversas alternativas posibles en materia de ingresos y gastos". Entre ellas el Ejecutivo estudiaría las que figuran entre las recomendaciones de la Comisión Europea para 2012 y 2013. Los líderes de la UE solicitaron a España que amplíe la base imponible del IVA porque existe una baja proporción de recaudación procedente de esta tasa, así como que establezca un "sistema tributario compatible con los esfuerzos de saneamiento presupuestario y más favorable al crecimiento, especialmente reorientando la presión fiscal desde el trabajo hacia el consumo". Reclamaron también eliminar la deducción por vivienda.

En materia de ingresos no se descartaría el incremento de impuestos especiales como el del tabaco o la inclusión de un recargo sobre carburantes.

En materia de gastos, podría contemplarse un ajuste de la masa salarial de los empleados públicos o la congelación de prestaciones.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría avanzaba hoy la proxima puesta en marcha de una central de compras única para los suministros de toda la administración general del Estado.

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, avanzó ayer que en las próximas semanas se conocerán "esfuerzos adicionales" en "distintos componentes de la administración", aunque prefirió no adelantar las medidas concretas que prepara el Ejecutivo. Inlcuso, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo anunció también que el Ejecutivo prepara "un paquete de restricciones presupuestarias muy severo".

COMUNIDADES Y EMPRESAS PÚBLICAS

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría apremiaba hoy a las Comunidades a dar un nuevo impulso al "proceso de ajuste".

En su intervención en el campus de verano de la Fundación FAES en Navacerrada, Sáenz de Santamaría ha dicho que la reforma institucional debe ser "a todos los niveles" y ha apelado a las autonomías a "reforzar los esfuerzos" para cumplir con la senda de estabilidad y a "analizar sus propias estructuras" para evitar las duplicidades en los servicios que se prestan a los ciudadanos. La vicepresidenta ha destacado el consenso alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit, "un proceso de ajuste generalizado al que debe darse un nuevo impulso", señalando directamente a las empresas y fundaciones públicas dependientes de las Comunidades porque "la inmensa mayoría" de las 4.000 empresas existentes depende de estas administraciones.

REFORMA DE LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL

Además, la vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo impulsará "cambios profundos" en la Ley de Bases de Régimen Local que incluirá una "redefinición" de la estructura de la administración local y del ejercicio de sus competencias, garantizando que los pequeños municipios puedan recibir servicios públicos adecuados "a precios adecuados" y "mejor gestionados". Se trata de poner orden en la "multiplicidad de entidades locales" que hay en España que ejercen "con una gran parafernalia administrativa una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y por tanto, los recursos públicos".

Asimismo, ha señalado que el Gobierno impulsará medidas para dar "más transparencia" en aspectos como el número de concejales y la retribución de los mismos, con baremos para fijar los sueldos de los alcaldes en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de acuerdo con las características de los municipios y que se incluirán en la futura Ley de Transparencia.

PLAN DE PRIVATIZACIONES

Además el Gobierno de Rajoy sumará un plan de privatizaciones a las medidas que anunciará en las próximas semanas para reducir el déficit, según han indicado fuentes gubernamentales. Este plan se aprobará antes de agosto, afectará a varios ministerios y permitirá la entrada de la iniciativa privada en numerosas sociedades y en la prestación de servicios públicos. En concreto, el plan afectará previsiblemente a empresas como Renfe, Aena, Puertos del Estado y Paradores, e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, contempla diversas desinveriones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE).

En estos momentos, el Gobierno está estudiando qué activos tienen un valor atractivo para los inversores para evitar ventas a precio de saldo y qué empresas tienen ingresos suficientes para aliviar la tensión de la deuda española.