El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho hoy que no permanecerá "pasivo" si las protestas contra políticos desbordan los derechos de reunión y manifestación y acaban invadiendo otros derechos como los de la intimidad, la privacidad y la propia imagen.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díazm ha remitido a la Fiscalía las denuncias presentadas contra los participantes en el 'escrache' contra el domicilio de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que tras el Consejo de Ministros, expresaba su malestar por esa actuación al señalar que "aquí o en el Congreso es donde se me pueden o deben hacer preguntas e incluso manifestar malestares. Pero mi casa es otro terreno, mi vida personal y sobre todo mi familia".
Sáenz de Santamaría ha expresado de esta forma su malestar por el 'escrache' que sufrió la pasada semana frente a su casa por un numeroso grupo de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que durante este mes están reproduciendo este tipo de protestas frente al domicilio particular de varios diputados del PP.
FERNÁNDEZ DÍAZ: "RADICALMENTE ANTIDEMOCRATICO"
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha lamentado este suceso y según ha dicho, "de manera muy especial que eso lo viviera su hijo Iván".
Además ha anunciado que ya han remitido a la Fiscalía las denuncias presentadas contra los que participaron en el acto y ha advertido de que en caso de que se considere que alguno incurrió en una infracción legal se suspendería temporalmente su procedimiento administrativo.
Ha tachado esta acción como un acto "radicalmente antidemocrático de acoso que pretendía coaccionar", pero se ha mostrado seguro de que "no va a dar ningún resultado".
"Tengo que decir que en ese momento estuve en contacto permanente con ella", ha dicho en referencia a la vicepresidenta al tiempo que ha defendido que lo que hizo la Policía fue aplicar la ley que organiza el derecho de reunión y la ley de seguridad ciudadana.
"En la primera se tipifica como obligatorio que toda concentración de personas deberá ser comunicada previamente y es falta muy grave incumplir esto", ha explicado.
VESTRYNGE Y EL BATASUNO TASIO EREKIZIA, COMPAÑEROS DE ESCRACHE
Entre quienes participaron en ese acto se encuentra ex secretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge, que, tras ser identificado por la Policía, podría ser multado con hasta 1.500 euros de multa.
Verstrynge estuvo en ese escrache ante el domicilio de la vicepresidenta pero sostiene que él no organizó.
Eso sí: Verstrynge defiende que haya más presión ciudadana hasta que los políticos actúen. Según comprobó, en los escraches el comportamiento de los ciudadanos es "cívico y normal", y "no hay amenazas de muerte", mientras que la Policía se comporta también, casi siempre, de forma "ejemplar", hasta que recibe "órdenes" y es cuando llegan los "nervios" y se produce el problema.
Verstrynge ha defendido la "virtud" de estas medidas de presión que tratan de dar a conocer un problema como el de los desahucios, señalar a los "políticos" con capacidad para resolverlo y tratar de convencerles para que cambien su voto.
Además ha abogado por que continúen las protestas, y que ya no sean sectoriales por separado, sino unitarias e incluso concentradas en Madrid, que es donde está el Congreso de los Diputados.
"POLVORÍN SOCIAL"
En este sentido, Jorge Verstrynge ha advertido de que hay un "polvorín social" y una "situación prerrevolucionaria", y si las cosas siguen como están y no cambian antes del verano se avecina un "otoño muy caliente".
"Cuando al pueblo se le trata como a un perro termina mordiendo; por ahora no ha mordido, se ha limitado a ladrar aunque cada vez más fuerte", ha insistido el expolítico.
Entre los defensores de este tipo de acciones esta en primera fila el movimiento antidesahucio de Ada Colau quien no oculta su predilección al retratarse junto a personajes del entorno proetarra. Hemos podido ver a gente de su plataforma junto al histórico colaborador de ETA Tasio Erkizia, que se convierte así en compañero de escrache, en el País vasco del expolítico popular, Jorge Vestrynge.
La propia portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha acusado a la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, de "abuso de poder" y de "amedrentar" a la ciudadanía al abrir expedientes sancionadores a participantes en ese escrache.
La Delegación del Gobierno en Madrid ha incoado dieciocho propuestas de sanción, que pueden ser recurridas, tres son por falta grave y quince por falta leve.
Las faltas graves serán sancionadas con 1.500 euros de multa si finalmente se resuelve el expediente en contra del afectado correspondiente, mientras que las leves conllevarán una sanción de entre 200 y 250 euros dependiendo de la infracción cometida.
"Si se piensan que esto afectará a las plataformas de afectados por la hipoteca y a los afectados se equivocan profundamente, y es que realmente no ha entendido la voluntad social", ha reiterado Colau que agregaba "no dejaremos de ejercer nuestro derecho de manifestación y nos defenderemos en el ámbito judicial".
Colau también ha cargado contra el exdiputado autonómico del PP en Canarias Sigfrid Soria, que incendió Twitter con sus comentarios y amenazas contra los escraches.
"Es gravísimo. Denuncian que se sienten intimidados y un responsable de su partido intimida y amenaza con matar a personas. Eso debería tener unas consecuencias políticas de cesar inmediatamente a esa persona para que no pueda tener ningún cargo de responsabilidad, y también judiciales".
RODRIGUEZ SALMONES: ES COACCIÓN Y HAY RAYAS ROJAS QUE EN DEMOCRACIA NO SE PUEDEN PASAR
Otra forma de ver las cosas. La de la diputada del Partido Popular Beatriz Rodríguez Salmones, que ayer sufría el correspondiente 'escrache' por parte de un centenar de activistas antidesahucio frente a su vivienda particular.
Rodríguez Salmones ha explicado que este tipo de actuaciones son "totalmente rechazables" y ha hecho hincapié en que cuando un diputado es objeto de un 'escrache' "se lo hacen a todos, a todos los diputados y a todos los ciudadanos".
Rodríguez Salmones ha insistido en que la "coacción" a la que, dice, se quiere someter a los diputados con estas movilizaciones "es un límite que claramente no se puede traspasar". "Hay rayas rojas en la democracia que no se pueden pasar", ha insistido.
Además, ha señalado que comparte las declaraciones del expresidente Felipe González, quien se preguntó si un niño tiene que aguantar "presión en la puerta de su casa". "Hay que conocer dónde están los límites", ha remachado.
Esta misma tarde agentes del Cuerpo Nacional de Policía han impedido que un centenar de activistas antidesahucios pudieran protestar ante la casa del presidente del Congreso, Jesús Posada, en Madrid para denunciar por la postura del PP sobre la dación en pago.
TORRES DULCE: LA FISCALÍA ESTÁ "MUY VIGILANTE" ANTE LAS SITUACIONES DE ACOSO
El fiscal general del Estado, Torres-Dulce ha explicado que el ministerio público está "muy vigilante" de las situaciones de acoso para establecer un criterio de "proporcionalidad" entre los derechos de reunión y manifestación, "que forman parte importante de la vida democrática de un país", y los derechos individuales.
A su juicio, no debe "criminalizarse" cualquier acto de reunión o manifestación, pero los fiscales no van a ser "insensibles" ni permanecerán "pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos".
En este sentido, Torres-Dulce ha recordado que el artículo 498 del Código Penal tipifica los tipos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter "grave" a miembros del Parlamento para que cambien el sentido de su voto.
En cualquier caso, el fiscal general del Estado ha abogado por un examen "absolutamente individualizado" de cada caso y ha insistido en que "el criterio es el de la proporcionalidad".
"Somos sensibles al respeto a derechos tan importantes para la convivencia democrática como las expresiones de crítica política y el derecho de reunión y manifestación", así como a "los derechos individuales que forman parte de la convivencia ciudadana", ha insistido el fiscal, quien ha reiterado que esos derechos tienen sus límites en el Código Penal y "deben ser respetados por todos".
Torres-Dulce ha preferido no pronunciarse sobre las propuestas para fijar un perímetro en el que queden prohibidos los escraches porque se trata de una cuestión "de carácter público administrativa".
