La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado hoy que el Govern tiene una posibilidad antes de que se aprueben definitivamente las medidas aprobadas el sábado: "Ir al Senado y hacer las alegaciones que estime oportunas".
Sáenz de Santamaría, en una entrevista en Onda Cero, ha asegurado que no ha habido ningún contacto desde el sábado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Carles Puigdemont, y ha reiterado que este proceso ya está en manos del Senado, que el próximo viernes aprobará previsiblemente las decisiones planteadas por el Ejecutivo.
Ante la posibilidad de que antes de que la Cámara Alta vote esas medidas el presidente de la Generalitat aclarara que no ha declarado la independencia, ha resaltado que "el Senado tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan".
En esa línea es cuando ha subrayado que el Gobierno de la Generalitat tiene aún la posibilidad de ir al Senado y hacer las alegaciones que crea conveniente. "Así oiremos todos lo que tienen que decir. Lo mejor -ha añadido- es que las cosas se digan pública y abiertamente".
"ES UNA POSIBILIDAD" QUE RAJOY NOMBRE UN MANDO ÚNICO
La vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que "es una posibilidad" que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, nombre un "mando único" para coordinar los ministerios, que asumirán las competencias de la Generalitat de Cataluña una vez que el Senado autorice al Gobierno la aplicación de las medidas en virtud del artículo 155 de la Constitución.
Santamaría ha incidido en que después de que el Senado dé luz verde a las medidas pactadas con PSOE y Ciudadanos para Cataluña, el Gobierno catalán quedará cesado. Así, ha recordado al presidente catalán, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del Ejecutivo autonómico que "no están investidos por ninguna autoridad divina" y deberán asumir su cese. "Dejan de serlo a todos los efectos legales por mucho que quieran vivir en la ficción".
EL GOBIERNO EMPLAZA A ACUDIR AL TC "A QUIEN TENGA DUDAS DE LA CONSTITUCIONALIDAD" DEL 155
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, emplazó este lunes a acudir al Tribunal Constitucional (TC) "a quien tenga dudas de la constitucionalidad" de las medidas que el Consejo de Ministros ha aprobado en virtud del artículo 155 para atajar el desafío secesionista catalán.
"No deja de llamar poderosísimamente la atención que quienes se han colocado contra las sentencias y autos del TC y fueron apercibidos para que cumplieran con la Constitución y con la ley se dirijan a ese tribunal", valoró la 'número dos' de Mariano Rajoy en el Gobierno.
No obstante, señaló que "esa es la fórmula" que puede utilizar "quien tenga dudas de la constitucionalidad de cualquier asunto", como son las medidas que el Gobierno implementará en Cataluña, entre ellas el cese completo del Govern, si cuenta con el visto bueno del Senado este viernes. En cualquier caso, remarcó que el Gobierno "sí respeta y acata" lo que diga el TC.
“CESES DE AQUELLOS CARGOS QUE ABIERTAMENTE SIGAN SIN CUMPLIR LA LEY"
Sáenz de Santamaría ha advertido de que puede haber ceses de aquellos cargos de la Generalitat que "abiertamente" continúen sin cumplir la Constitución y la ley. Santamaría ha explicado que la "obligación" del Ejecutivo del PP es "devolver" a la administración catalana a "la senda de la Constitución y del Estatuto de Autonomía".
Y en ese contexto, la vicepresidenta ha dicho que "se prevé que pueda haber decisiones de ceses o remociones respecto de aquellos cargos que abiertamente sigan sin cumplir con la Constitución y la ley". Eso sí, ha dicho querer "confiar en que todos" tratarán de cumplir con las leyes.
Al ser preguntada expresamente por la posibilidad de que los funcionarios se resistan a cumplir las medidas del artículo 155, ha explicado que el acuerdo permite su aplicación "gradual y progresiva", lo que implica que si la administración catalana cumple con la Carta Magna y las leyes la aplicación de esas medidas será "la estrictamente necesaria para ponerlo en marcha".
EL PSOE INSISTE EN QUE LA APLICACIÓN DEL 155 EN CATALUÑA ES "MUY LIMITADA"
La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha insistido este lunes en que, a pesar del cese del Govern catalán y de su presidente, Carles Puigdemont, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña es "muy limitada" porque el Parlament "se queda intacto". "Se queda intacto el Parlament, sus libertades y su administración pública", ha añadido.
Así, Calvo ha precisado que con la actuación del Gobierno "se garantiza el funcionamiento correcto del Estatuto de Autonomía y la legalidad vigente" y el Parlament se queda "exactamente como lo votaron los catalanes y catalanas". Según ha precisado, se actúa solamente sobre el Govern, "quien ha llevado al desastre a Cataluña y a España", y el Estado "estará vigilando que todo funcione por "un tiempo breve de máximo seis meses" hasta ir a unas elecciones autonómicas.
La socialista ha manifestado, en una entrevista en Canal Sur Radio que lo que ocurre en Cataluña es "completamente anormal, ilegal, inconstitucional y antidemocrático" por lo que, a su juicio, en esta situación "hay que defender la democracia y la Constitución" porque "ha costado mucho a los españoles llagar hasta aquí. "En Cataluña ha habido un intento ilegal, arrasando con la propia oposición política y creando discordia entre los catalanes para romper una parte de la unidad territorial", ha aseverado.
ROMEVA AFIRMA QUE NI EL GOVERN NI LOS FUNCIONARIOS SEGUIRÁN LAS INSTRUCCIONES DEL GOBIERNO TRAS EL 155
El conseller de Exteriores de la Generalitat, Ra-l Romeva, ha afirmado este lunes que los funcionarios de la Generalitat seguirán las órdenes del Govern y del Parlament, en lugar de seguir lo estipulado por el Gobierno central en aplicación del artículo 155 de la constitución. Asimismo, ha anunciado que los miembros del Gobierno no seguirán las decisiones del Gobierno central.
En una entrevista de la BBC, preguntado por qué harán los Mossos d'Esquadra cuando el Gobierno asuma la competencia de Interior, ha respondido: "No tengo duda de que todos los funcionarios continuarán siguiendo las instrucciones que vengan de las instituciones legítimamente elegidas" en Cataluña.
El conseller ha acusado al Gobierno central de ir "contra la Constitución y contra la legalidad básica" y ha defendido que su reivindicación no es como independentista sino como demócrata.
Por eso, ha advertido de que aceptar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "retire cargos o responsabilidades a miembros del Parlament o del Govern" iría en detrimento de la democracia, no sólo de los catalanes, sino del resto de españoles y europeos.
