Rubalcaba avisa a Bildu de que la ley obliga a garantizar la seguridad de los concejales

Los Gobiernos central y vasco han avisado a los ayuntamientos gobernados por Bildu de que tienen la obligación legal de velar por la seguridad de los concejales.

Los dos Ejecutivos han hecho esta advertencia después de que la nueva alcaldesa de Andoain (Guipúzcoa), Ane Carrere, haya firmado una orden en la que establece la prohibición a los escoltas de seguridad privada de acceder a ningún edificio municipal, y de que haya desinstalado el arco de seguridad y un escáner que había a la entrada del consistorio.

El Ayuntamiento guipuzcoano de Lasarte, gobernado igualmente por Bildu, también ha retirado el arco de seguridad y el escáner, mientras que el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, de esta misma coalición, ha anunciado que su consistorio estudiará adoptar medidas similares.

El Gobierno, a través de su vicepresidente primero y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha "recordado" a los alcaldes de Bildu: "los gobiernos estamos sometidos a las leyes, las leyes hay que cumplirlas y si no se cumplen las leyes los jueces se encargan de que se cumplan".

No obstante, el titular de Interior ha subrayado que el Ejecutivo tiene los mecanismos suficientes para que las leyes se cumplan en todos los ayuntamientos y para garantizar también la seguridad de todos los concejales.

En la misma línea se ha manifestado el consejero de Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares, que ha remitido una carta a la alcaldesa de Andoain en la que, tras expresar su "total disconformidad" con las medidas adoptadas, le ha recordado asimismo la obligación legal del consistorio de velar por la seguridad de todas las personas.

Ares ha puesto de relieve en la carta a Carrere la "larga secuela de atentados y de víctimas mortales que el terrorismo" ha ocasionado en esta localidad y ha citado las amenazas e insultos que durante los últimos días han recibido concejales del PP y el PSE.

También le ha indicado que ella, como alcaldesa, es "la responsable máxima de la Policía Local" y tiene "la responsabilidad de garantizar la seguridad y la libertad en las instalaciones municipales y de colaborar con la Ertzaintza para garantizar la seguridad de las personas en su municipio".

También se ha referido hoy a este asunto el delegado del Gobierno en el País Vasco, Mikel Cabieces, que ha asegurado que "la protección de los concejales vascos será intensa y no habrá huecos" que puedan ponerles en peligro.

La Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra ha alertado, sin embargo, del "aumento de la inseguridad para los cargos políticos a su cargo" ante una eventual "generalización" de la retirada de las medidas de seguridad en los ayuntamientos gobernados por Bildu.

Entre los concejales vascos con protección, el portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Andoain, Estanis Amutxastegi, ha afirmado en declaraciones a Efe que seguirá acudiendo con sus escoltas porque no pretende arriesgarse a ser asesinado, mientras que el portavoz del PP en San Sebastián, Ramón Gómez, ha reclamado que en el consistorio de la capital guipuzcoana no se impongan estas restricciones porque "con la seguridad no se puede jugar".

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado que el Ministerio Público mantendrá una "actitud vigilante" hacia Bildu por si comete "algún hecho delictivo", en cuyo caso emprenderá las acciones que correspondan, mientras que el juez Baltasar Garzón ha calificado de "temeridad" las decisiones adoptadas por los citados consistorios vascos.