Rechazo unánime de eléctricas y consumidores a la reforma eléctrica

La patronal de las grandes eléctricas, las principales asociaciones renovables, así como los consumidores, han mostrado su rechazo unánime a la reforma energética aprobada ayer por el Gobierno, que conlleva una inminente subida de la luz del 3,2 %.

En este contexto, la asociación de consumidores OCU ha advertido de que en los últimos 6 años la luz ha subido un 56 %, en tanto que ha criticado lo que considera un "monopolio" de las grandes eléctricas y que se haya "ninguneado" a los consumidores, que deben reaccionar para reducir el recibo de la luz.

"Las facturas de todos los españoles subirán para costear los aproximadamente 4.000 millones a los que se estima que asciende el déficit. El oligopolio que domina el sector sobrevivirá a esta reforma", asevera la plataforma.

La patronal de las grandes eléctricas, que considera que el Gobierno vuelve a perjudicar de manera "injusta y desproporcionada" a sus empresas asociadas, señala que el mayor esfuerzo vuelve a recaer en el sector eléctrico tradicional, que asume un recorte total de 4.500 millones de euros en 2013.

Las principales asociaciones renovables han alertado además de la "cascada" de problemas financieros que va a suponer la reforma energética del Gobierno para sector y la banca y, en el caso de la fotovoltaica, se han mostrado convencidos de que puede llevar a la quiebra a buena parte del sector.

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree que la reforma vulnera los principios de seguridad jurídica al ser "claramente" retroactiva, también el principio de rentabilidad razonable, al tiempo que altera "radicalmente" los flujos de ingresos de todos los parques eólicos de España.

Desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) consideran que esta reforma puede llevar directamente a la quiebra a buena parte del sector, que acumula recortes anteriores que llegan hasta el 40 % de los ingresos que se esperaban recibir al acometer las inversiones.

Las Asociación Española de Cogeneración (Acogen), confía en que la reforma dé certidumbre a las actividades reguladas y aporte competitividad a la economía, aunque considera que debería intensificarse el análisis y vigilancia sobre la formación de los precios en los mercados y actuar en consecuencia.