El Grupo Popular ha anunciado hoy que va a pedir la comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, "con luz y taquígrafos", de 24 cargos y ex altos cargos sobre la reestructuración del sistema financiero, entre ellos Rodrigo Rato, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Elena Salgado y Luis de Guindos.
Lo ha anunciado en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso el portavoz del PP, Alfonso Alonso, quien ha destacado que las comparecencias arrancarán en julio e incluirán al actual presidente de Bankia José Ignacio Goirigolzarri, al gobernador del Banco de España, Luis María Linde, y a directivos y exdirectivos de cajas intervenidas, como Narcís Serra o Mauro Varela.
Quiere el PP que la subcomisión del FROB, que trabaja a puerta cerrada para supervisar la reestructuración del sistema bancario, acuerde las comparecencias ante la Comisión de Economía, abiertas a los medios de comunicación.
Y además apuesta porque algunas de las más importantes, como la de Rodrigo Rato, se celebren cuanto antes, a finales de julio.
"Lo importante es conocer cómo estaban las cosas, cuál era el problema, buscar soluciones y saber lo que ha pasado", ha precisado Alonso al definir el objeto que para el grupo popular tiene la celebración de todas estas comparecencias en el Congreso.
El portavoz popular ha afirmado asimismo que la intención de esta iniciativa es "saber lo que ha hecho este Gobierno, lo que hicieron gobiernos anteriores, lo que otros gobiernos no hicieron y tenían que haber hecho" respecto a la crisis en el sistema financiero español.
En la amplia relación de comparecientes requeridos por el PP figuran los ex vicepresidentes económicos del anterior gobierno socialista, Pedro Solbes y Elena Salgado, así como el anterior secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa y su sucesor en el cargo, Fernando Jiménez Latorre.
Otro cargo que acudirá al Congreso es el actual ministro de Economía, Luis de Guindos, el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y su sustituto Luis María Linde.
El exsubgobernador del órgano regulador Javier Aríztegui, será otro de los convocados por la subcomisión del FROB, así como el actual subgobernador, Fernando Restoy, y el presidente de la CNMV, Julio Segura.
Como anterior gestor de Bankia figura su expresidente, Rodrigo Rato, al igual que el actual responsable de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri.
Por Caixa Catalunya serán citados sus expresidentes Manel Rosell y Narcís Serra; por Catalunya Banc, su presidente Adolf Todó; por Novacaixa Galicia, los anteriores copresidentes Mauro Varela Pérez y Julio Fernández Gayoso; por Novagalicia Banco, su presidente José María Castellano.
Juan Pedro Hernández Moltó, que fue presidente de Caja Castilla-La Mancha, será igualmente convocado al Congreso, como por parte de Caja Sur su expresidente del Consejo de Administración, Santiago Gómez.
El expresidente de la CAM, Modesto Crespo Martínez; el de UNNIM, Jaume Ribera, y los expresidentes del Banco de Valencia, José Luis Olivas y Aurelio Izquierdo completan la relación
LA AUDIENCIA NACIONAL ADMITE LA QUERELLA DEL 15M CONTRA EL ANTERIOR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE BANKIA
La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por el movimiento ciudadano 15M y ha imputado al expresidente de Bankia Rodrigo Rato; al de Bancaja José Luis Olivas y al antiguo consejo de administración por, entre otros delitos, estafa, falsedad contable y administración desleal. Así lo ha acordado el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en un auto notificado hoy en el que admite la querella y la acumula a la presentada por UPyD por una "identidad sustancial" entre los distintos hechos imputados, aunque aumenta los delitos.
Andreu ha adoptado esta decisión en contra del criterio fiscal que considera que no se debe admitir la querella porque "en este momento no cabe hablar de perjudicados por unas conductas delictivas inconcretas", por lo que, a su juicio, el 15M no podría personarse como acusación particular, lo que sí ha aceptado la Audiencia Nacional.
En este sentido, el Ministerio Fiscal considera que aunque los hechos descritos en la querella merecen una investigación penal se debe tener presente que en el momento inicial de la causa "no es posible tampoco imputar conductas delictivas a determinadas personas sobre la base de su pertenencia al consejo de administración. Asimismo, entiende que "la falta de esa necesaria concreción, siquiera sea provisional de los hechos, no cabe hablar de perjudicados por unas conductas delictivas inconcretas y respecto de las que, lógicamente, no puede establecerse el alcance de la imputación".
Sin embargo, el juez subraya que los hechos denunciados no se advierten ni "absurdos" ni "irracionales" desde el momento en el que en las cuentas presentadas por la entidad hay una "exagerada" diferencia en "muy breve" periodo de tiempo y a tenor de los "numerosos" perjuicios causados, "no solo a los accionistas sino a la sociedad y a la economía en su conjunto".
En el auto, contra el que cabe recurso, el juez pide también que se libre oficio contra el Depositario Central de Valores de España, Iberclear, a fin de que informe sobre las series de participaciones preferentes documentadas en la querella, qué porcentaje fueron contratadas por profesionales, particulares y entidades públicas.
La querella presentada por UPyD y el 15M no es el único procedimiento al que se enfrenta la entidad financiera, que ya ha recibido denuncias de Manos Limpias y la Asociación de Usuarios de Bancas, Cajas y Seguros (Adicae).
