El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha reclamado hoy "un amplio acuerdo" contra la corrupción con nuevas leyes para controlar las cuentas de los partidos, obligar a sus gestores a comparecer en el Parlamento, auditar el patrimonio de los cargos públicos e incrementar las penas por los delitos.
Rajoy ha reservado a esta cuestión buena parte de su discurso en el debate del estado de la nación que se celebra en el Congreso, donde ha asegurado que "toda corrupción es insoportable" y le "repugna", aunque le enorgullece que las instituciones funcionen en su persecución.
"Es necesario acabar con este clima irrespirable", ha manifestado para proponer a todos los partidos un pacto contra la corrupción desde la lealtad institucional, sin "ocultar, ni trivializar ni olvidar", pero también dejando claro que "España es un país limpio" y que los corruptos son las excepciones, como las "malas hierbas".
Entre las propuestas concretas, se ha comprometido a presentar en el Parlamento un "proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos", que obligar a las formaciones a depositar sus cuentas en un registro público y fijar "reglas claras sobre el papel que pueden ejercer sus responsables de la gestión económica".
Según la propuesta de Rajoy, se establecerá un "doble control externo" sobre esos gestores o tesoreros, que deberán responder ante el Tribunal de Cuentas y también comparecer anualmente en el Parlamento para explicar cómo han manejado los recursos.
Esta norma "exigente" reforzará el papel del Tribunal de Cuentas y obligará a los partidos a respetar determinadas reglas al realizar contrataciones.
ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS
Ha propuesto además reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para endurecer las penas previstas para los delitos de corrupción, ampliar los plazos de prescripción y agilizar los procedimientos, de modo que la tardanza en responder "no sea una forma de impunidad para el delincuente o una condena pública sin sentencia para quien no lo es ni lo ha sido nunca".
Junto a estas medidas ha anunciado que presentar una "ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones públicas", un estatuto del cargo público que tasar las escalas de retribución, los sistemas de protección social o las compensaciones tras el cese y que reforzar la Oficina de conflicto de intereses. Esta ley, ha dicho, dejar claro las declaraciones tributarias de bienes y actividades que deberán publicar los cargos públicos y cómo hacerlo, con unos estándares prefijados.
Además, ha propuesto realizar auditoras de la situación patrimonial de los altos cargos al final de su mandato para detectar cualquier incremento injustificado o rentas incompatibles con sus ingresos. Y ha sugerido reformar las reglas de funcionamiento del Congreso y del Senado para extender estos controles a los parlamentarios y regular el trabajo de los "lobbies".
Ya había anunciado en el pleno del Congreso su disposición a ampliar los criterios de la ley de transparencia a los partidos políticos y hoy ha apostado por que afecten también a organizaciones empresariales y sindicales y, en general, "a todas aquellas entidades que se financien, fundamentalmente, a través de fondos pblicos".
ABIERTO AL DIÁLOGO
Rajoy ha garantizado que no eran propuestas excluyentes y se ha comprometido a estudiar todas las que presenten el resto de partidos. Pero ha rechazado que se pueda difundir la idea de que Espaa es un paÍs corrupto -"una insidia"- y que se escriba una nueva "leyenda negra" que pueda dañar su prestigio.
"Generalizar la conducta indeseable de algunos a todos los políticos y, de paso, a las instituciones y al país entero es profundamente injusto", ha recalcado Rajoy, quien ha señalado que tampoco quiere que Espaa se convierta en "un país inhabitable porque se aplaudan las acusaciones sin pruebas" que causan daños irreparables.
OFRECE A CATALUÑA NEGOCIACIÓN FISCAL Y COMPETENCIAL PERO NO REFORMAR LA CONSTITUCIÓN
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido a la Generalitat de Cataluña diálogo y negociación para atender "necesidades insatifechas, o carencias fiscales, económicas o competenciales", pero siempre dentro de la Constitución, cuya reforma en este momento no ve oportuna.
Rajoy ha dejado para el final una reflexión sobre la "organización territorial" y la "estabilidad política" del Estado. Y sin citar a Cataluña, ha hecho oferta de diálogo para quien se sienta insatisfecho con su situación, pero advirtiendo de que el Gobierno será siempre "garante" de la Constitución.
La reforma de la carta magna, ha añadido, es posible y está de hecho prevista, pero "hay que tener muy claro qué se pretende reformar, si el momento es el más oportuno para hacerlo y si existe o no suficiente grado de consenso social y político para ello".
