La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido un "acuerdo de mínimos" para poder aprobar medidas económicas que ayudan a la estabilidad del país, como los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y no causar perjuicio a pensionistas y funcionarios. Sáenz de Santamaría ha afirmado tras la reunión del Consejo de Ministros que, para trabajar en un marco estable, lo normal es que en las últimas semanas de agosto y primeras de septiembre puedan presentarse los presupuestos de 2017 en el Consejo de Ministros y elevarlos a las Cortes para su tramitación.
Ha explicado que para que haya un "calendario de normalidad" y que el nuevo Gobierno pueda trabajar "a pleno rendimiento", primero hay que aprobar el programa de estabilidad presupuestaria y el techo de gasto que incluirá las cuentas del próximo año y que debe incluir la nueva senda de consolidación fiscal de 2016 y 2017 que exige Bruselas.
"Una vez que se tenga la senda de Bruselas, el Consejo de Ministro aprobaría esta propuesta de acuerdo y la elevaría a las Cortes para ser ratificada", ha dicho, y ha aclarado que antes, durante julio y agosto, debe pasar por la Comisión Nacional de la Administración Local (CENAL) y por el Consejo Económico de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
En este sentido, ha recalcado que para hacerlo en fecha los presupuestos deben entregarse a las Cortes antes del 30 de septiembre, con el fin de no tener que prorrogar las cuentas de 2016 y no perjudicar a colectivos como pensionistas o funcionarios. No obstante, Saénz de Santamaría ha agregado que una prórroga automática de los presupuestos de 2016 conllevaría la aprobación de un decreto Ley que abordaría la revalorización de las pensiones y las pagas de los funcionarios, asuntos que no se pueden prorrogar.
"No todo el presupuesto se prorroga automáticamente y ya en 2011 se aprobó in extremis un decreto ley para dar redacción precisamente a lo que no se prorroga, como son las pensiones", ha insistido. Por todo ello, la vicepresidenta ha pedido "al menos" un acuerdo de mínimos "para poder cumplir con los compromisos europeos y no causar un perjuicio a muchos ciudadanos de este país por imposibilidad de tomar decisiones que les afectan muy directamente".
