Rajoy afronta una semana clave en el que se verá con Merkel

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rajoy470congr |Telemadrid

El contador empieza a correr tras el paréntesis del verano para el Gobierno, que debe comenzar a cerrar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y decidir si solicita ayuda al Banco Central Europeo (BCE) o al fondo de rescate comunitario para rebajar la presión sobre la deuda.

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, y sus ministros tienen pocas semanas antes de aprobar el proyecto de presupuestos -que se espera para el 28 de septiembre- y conocerá ya para entonces las condiciones bajo las que el BCE podría comprar deuda para aliviar las tensiones en los mercados.

Pocos datos en firme se han filtrado por el momento de las próximas cuentas del Estado, salvo que se incrementarán las partidas para atender los intereses de la deuda y las aportaciones a la Seguridad Social, y que se reducirá de nuevo de forma sustancial el presupuesto de los ministerios, ya que el déficit debe bajar a finales de 2013 hasta el 4,5 por ciento del PIB.

Rajoy prometió esta semana que no se incluirán nuevas subidas del IVA o del IRPF y confió en no tener que tomar "decisiones tan difíciles" como las adoptadas en estos primeros meses de legislatura.

En este contexto, la actividad internacional del jefe del Ejecutivo seguirá centrada en la crisis económica y, tras entrevistarse en los últimos días de agosto con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el presidente francés, François Hollande, la próxima semana recibirá en Madrid a la canciller alemana, Angela Merkel.

El Gobierno tiene puestas sus esperanzas en esa cita que considera clave para sentar los cimientos de la unión bancaria y fiscal europea que frene las turbulencias financieras y los ataques especulativos a economías como la española.

Este domingo ha recibido un respaldo importante. El secretraio general de la OCDE ha dicho que España e Italia estan haciendo sus deberes y deben recibir el apoyo del BCE. Por su parte, el primer ministro francés Jean-Marc Ayrault ha dicho que "no es justo que España o Italia, que hacen esfuerzos considerables, estén pagando intereses tan altos por su deuda" y Europa tiene que solucionar este problema. "No es justo que España o Italia, que hacen esfuerzos considerables, estén pagando intereses tan altos por su deuda", por lo que consideró que es necesario afrontar profundas reformas en la construcción europea.

El jefe del Gobierno defendió la necesidad de ratificar el nuevo tratado europeo para poder afrontar las siguientes reformas en la Unión Europea.

"La ratificación del tratado no es un fin, es una nueva etapa", aseguró Ayrault, ante las voces que desde la izquierda francesa reclaman una renegociación del tratado, tal y como se había comprometido el presidente, François Hollande, durante la pasada campaña electoral.

El primer ministro indicó que, una vez que todos los Estados hayan ratificado el tratado, habrá que hablar de otros asuntos "como las nuevas políticas de crecimiento, la transición energética, la política industrial en ciertos sectores de futuro".

Pero a pesar de que la economía continuará siendo el eje de la actuación del Gabinete, que en las próximas semanas deberá también dar respuesta a las peticiones de liquidez de las comunidades autónomas, la agenda puramente política cobrará relevancia con la convocatoria de elecciones anticipadas en el País Vasco y Galicia para el 21 de octubre.

Rajoy dio ayer el pistoletazo de salida de la precampaña gallega en la tradicional reunión de los populares en Soutomaior (Pontevedra), a menos de 80 kilómetros de Santiago de Compostela, donde el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, arropaba a su candidato a la Xunta, Pachi Vázquez.

En Madrid, y al margen de los presupuestos, el Consejo de Ministros tiene sobre la mesa proyectos de calado, como la reforma del sector energético, que ha sacado a la luz las discrepancias entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, y el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro.

También está pendiente la reforma de las administraciones públicas después de que, a finales de julio, diversos ayuntamientos mostraran su malestar con los cambios previstos para las corporaciones locales y Hacienda apostara por ralentizar su debate.