La defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de sus cuatro exconsejeros que se encuentran en Bruselas alegarán ante la Justicia belga que la orden de entrega emitida por España no aclara sus supuestos delitos, sino que es un "ajuste de cuentas político", dice hoy "De Standaard".
En su opinión, el juez deberá rechazar las "euroórdenes", porque en ellas la Audiencia Nacional no imputó ningún acto "punible", destaca este diario flamenco, que asegura haber tenido acceso a los argumentos legales de los abogados de los cinco acusados que serán invocados el viernes.
Ese día Puigdemont y sus exconsejeros deberán declarar ante la Cámara del Consejo de Bruselas, un tribunal de primera instancia.
"De Standaard" habló con el letrado Christophe Marchand, que junto a los abogados Michèle Hirsch -ambos representan a dos de los exconsejeros- y Paul Bekaert -que defiende a Puigdemont y a los otros dos- desarrolla la defensa legal conjunta de los cinco.
Según dijo, las órdenes de arresto y detención emitidas por las autoridades españolas, que son idénticas para los cinco, hacen referencia a cinco violaciones del código penal español: delito cometido por un cargo público, desobediencia, rebelión, amotinamiento y malversación de dinero público.
"Pero España de ninguna manera deja claro qué acciones han emprendido nuestros clientes que cayesen bajo estos delitos", según señala este jurista al diario. De ese modo, consideró que España "no contempla ningún hecho punible individual, sino sólo sus decisiones políticas, que conocía todo el mundo y por las que fueron elegidos democráticamente". "Por lo tanto, sólo son procesados por su opinión política. El juez belga debe rechazar su entrega", concluyeron los abogados.
Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig apelarán a la legislación comunitaria que regula la orden de detención europea, que establece que la entrega puede ser rechazada si se ha emitido para enjuiciar o castigar a alguien sobre la base de su opinión política.
La ley belga también establece que es posible rechazar la "euroorden" si su ejecución socava los derechos fundamentales de las personas implicadas, indica "De Standaard".
EXPERTOS EUROPEOS DICEN QUE DEBE DEMOSTRAR QUE NO TENDRÁ UN JUICIO JUSTO PARA IR A ESTRASBURGO
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont debe demostrar que no va a tener un juicio justo en España para lograr la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo en la crisis catalana, según expertos en Derecho Europeo. "Dudo mucho que pueda convencer a la Corte de que no va a tener un juicio justo en España, alegando que miembros de su Gobierno están en prisión, o que Madrid le quiere juzgar por delitos políticos", explica el jurista holandés Rick Lawson, especializado en la Convención Europea de Derechos Humanos.
En caso de que el próximo viernes la Justicia belga decida extraditar a Puigdemont y a los otros cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bruselas, éstos "tendrán que acatar la decisión del tribunal" y defenderse en España en el proceso judicial abierto en su contra. Para Lawson, es "comprensible" que a Puigdemont "no le guste la idea de volver a España y realmente esté convencido de que no va a tener un juicio justo allí", pero "objetivamente no tiene pruebas" de que eso vaya a ser así.
El Convenio Europeo por el que se rige ese tribunal no regula el asilo ni la extradición, ni tampoco los delitos políticos, sino que recoge los derechos humanos básicos que los países miembros deben respetar, como tratar dignamente a las personas en su territorio. Por ejemplo, la Convención afirma en su artículo 3 que ninguna persona podrá ser sometida a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, y, según diferentes expertos consultados por Efe, "no existen pruebas de que eso haya ocurrido o que vaya a ocurrirle" a los políticos catalanes huidos. "Si tan malas fueran las condiciones carcelarias en España o hubiese antecedentes de trato inhumano en ese sentido, entonces habría otras denuncias anteriores contra España. La existencia de precedentes también influye en la Corte", explica Lawson.
Los cargos que enfrenta Puigdemont están relacionados con el "delito político", lo que no es jurisdicción de este Convenio, firmado por los países europeos, incluida España. "Si realmente no obtiene un juicio justo, y la Justicia española le niega el derecho a una defensa, a un abogado, o le aplica leyes no vigentes, entonces sí podría ir a Estrasburgo. Antes no tiene mucho sentido", afirma.
